Por Leonardo Ixim

El Comité Cívico es una figura especial en la legislación electoral guatemalteca existente por lo menos desde la década de los sesenta y fue una figura usada por partidos de índole democrática y revolucionaria ante la negativa del régimen militar gobernante previo a 1985 para inscribirlos. Aunque también hubo caso de expresiones de derecha que iniciaron así y se convirtieron en partidos políticos.

Con la Constitución Política de 1985 y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) estos comités  se consolidaron como una forma de expresión con el derecho a participar en las elecciones para corporaciones municipales, pero una vez terminado el proceso electoral desaparecen, aun si logran puestos en los consejos municipales.

Ese limitante, más el hecho de que los comités cívicos no tienen ningún tipo de financiamiento público por la obvias razone de no ser permanentes, ha entorpecido una forma de participación democrática cuya organización puede representar a sectores legítimos a nivel local e intervenir en las administraciones municipales en función de atender las problemáticas cotidianas de la población y de la clase trabajadora en especial.

Los requisitos para inscribir este tipo de organización varían en cuanto al número de adherentes que se necesita según la cantidad de empadronados en cada municipio, por ende a mayor concentración poblacional, las exigencias de conseguir afiliados es mayor. Otra limitante se da en lo que respecta a conformar comités cívicos en las principales ciudades, que por lógica tendría que aumentar con respecto a un municipio pequeño, pero se usa como una medida para excluir su organización en centros poblados mayores.

Tras las movilizaciones de 2015, una de las propuestas mediadas por organizaciones no gubernamentales y la Universidad de San Carlos, apoyada por el Tribunal Supremo Electoral fue que existiera la figura de Comités Cívicos también de carácter distrital, que pudieran postular para diputados y que fueran permanentes. Pero la Corte de Constitucionalidad consideró que esto, al crear otro instrumento para participar en cargos de elección y afectar a los partidos políticos, debilitaba el sistema político; sin duda una interpretación cerrada y anti-democrática, que excluye a distintos sectores sociales. Y en el Congreso ponía a los partidos políticos claramente en una  situación que les afectaba, y realizaron algunas reformas sobre estas figuras de forma.

Para estas elecciones, cuatro Comités Cívicos mostraron públicamente sus molestias ante el Registro de Ciudadanos (RC) - ente adscrito  al Tribunal Supremo Electoral encargado de la inscripción de candidaturas-, cuestionado por inscribir discrecionalmente algunas candidaturas y otras no. En este caso por supuestas interpretaciones jurídicas, una en lo que respecta al artículo 108 de la LEPP sobre los tiempos de inscripción, donde es claro que los Comités Cívicos dice, tienen hasta 60 días antes de las elección para formarse, ya que éstos no pueden formarse antes de la convocatoria electoral,  sin duda otra limitante más.

Pero el encargado del RC Leopoldo Guerra basó su razonamiento de no inscribir a estas organizaciones, en otro artículo de la LEPP (196), que impone como fecha límite el 17 de marzo, el cual es muy genérico en lo que respecta al tipo de candidaturas a inscribir. Como sea, más allá de las interpretaciones jurídicas lo que se ve es una política para no inscribir candidaturas de origen democrático y popular.

Los cuatro comités son: Qosmaj de San Juan Sacatepéquez, Guatemala,  que en un artículo anterior considerábamos una candidatura popular y organizada desde las bases; Comité Cívico Restaurador de Puerto Barrios, Izabal; Café de Esquipulas, Chiquimula; y Mi Barrio del municipio de Guatemala, dirigido por el ex superintendente de administración tributaria, Julio Solórzano Foppa, que estuvo a cargo de esta institución en el gobierno de Morales y se enfrentó a algunos sectores que ahora respaldan al partido oficial, como  los ganaderos, al insistir en cobrar mas impuestos a sus ganancias, y finalmente fue obligado a renunciar.

En varios municipios existen organizaciones similares y algunas han querido darle una faceta mas permanente, organizándose legalmente para cada elección y si bien muchas son conservadoras, hay expresiones que vienen de un tronco común de la izquierda ex insurgente y otras organizadas más recientemente

Desde el PSOCA nos solidarizamos con la lucha de los cuatro Comités Cívicos en mención y consideramos que hay que redoblar esfuerzos para exigir nuevas formas de participación en el sistema político, pero no de cara asumir cargos per se, sino a usarlos para movilizar al proletariado para derrocar a la oligarquía.