Por Armando Tezucún

La captura en Miami del candidato presidencial del partido Unión del Cambio Nacional, Mario Estrada, ha expuesto de nuevo la podredumbre del sistema político burgués guatemalteco y la delgada línea que separa a la oligarquía tradicional de los grupos burgueses emergentes y la burguesía que abiertamente se nutre del narcotráfico y otros negocios ilícitos. La frontera entre estos bloques tiene múltiples canales abiertos y vasos comunicantes subterráneos.

El 17 de abril Estrada y su hombre de confianza, Juan Pablo González, fueron arrestados bajo cargos de haber solicitado dinero al Cartel de Sinaloa para financiar la campaña electoral de su partido, a cambio de que al llegar al gobierno nombrarían a agentes del Cartel para cargos claves como los Ministerios de Gobernación y Defensa, el control de puertos y aduanas, con el fin de facilitar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. También se reveló que Estrada planeaba el asesinato de candidatos presidenciales para facilitar su victoria en las urnas.

Agentes encubiertos de la DEA (Administración para el Control de Drogas) se hicieron pasar por miembros del Cartel de Sinaloa y se reunieron siete veces con Estrada y González, reuniones que fueron grabadas en audio y video. Las negociaciones implaban la entrega de entre US$ 10 y US$ 15 millones de parte del cartel, además de sicarios para ejecutar a los candidatos presidenciales, cuyos nombres se encuentran bajo reserva; Estrada proporcionaría a los asesinos armas, incluidas AK-47, pero posteriormente manifestó que alguien más llevaría a cabo los asesinatos. Los agentes de la DEA entregaron a los políticos de la UCN solamente US$ 10 mil, ante lo cual, exasperado, Estrada les dijo que estaba en negociaciones con miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, rival de Cartel de Sinaloa.

El caso fue trasladado a la Fiscalía Sur del distrito de Nueva York, donde se acusa a los detenidos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y conspiración para poseer, portar y usar ametralladoras y dispositivos destructivos con ese fin. De ser hallados culpables, podrían ser condenados a dos cadenas perpetuas, una por cada delito.

Estrada había recibido su credencial como candidato presidencial el 15 de febrero, y el Tribunal Supremo Electoral decidió el 24 de abril revocarla en vista de los acontecimientos.  

Mario Estrada es un ingeniero industrial originario del departamento de Jalapa, dueño de varias empresas medianas y fincas. Ha tenido influencia en cuatro gobiernos, el primero de ellos el del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del general genocida Ríos Mont. En este gobierno, presidido por Alfonso Portillo, fue director de la Secretaría de Desarrollo social, donde fue señalado de actos de corrupción. Durante la administración de Portillo los grupos corruptos y del narcotráfico gobernaron de forma paralela. En dos períodos fue diputado por el FRG y en 2006 fundó su partido UCN.

En todo este lapso Estrada ha sido considerado como una bisagra entre los grupos del narcotráfico y los partidos políticos y gobiernos, negociando su apoyo a los mismos a cambio del nombramiento del gobernador de Jalapa y de otros departamentos del Oriente del país. En las filas de la UCN han encontrado refugio como diputados o alcaldes miembros del crimen organizado, de modo que la embajada de Estados Unidos lo catalogó como un partido con ideología “narco”. Actualmente la UCN tiene un puesto en la Junta Directiva del Congreso por su apoyo al gobierno de Jimmy Morales. Como era de esperarse, la UCN actualmente está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales por irregularidades en la obtención de fondos para la campaña electoral de 2015.

Lo que más revuelo ha causado es el anunciado asesinato de dos candidatos(as) presidenciales. Al desconocerse los nombres de las víctimas varios candidatos se han anunciado como posibles objetos del crimen, incluyendo a la antigua aliada de Estrada, Zury Ríos. El caso más creíble es el de Thelma Aldana, quien reveló que agentes de la DEA la alertaron el 10 de marzo que Estrada estaba planeando un atentado en su contra; Aldana añadió esta nueva razón para explicar su permanencia en El Salvador. La fiscal general Consuelo Porras reconoció que desde febrero sabía del caso de Estrada, y que en marzo la DEA le avisó del intento de asesinato contra candidatos y fiscales del Ministerio Público, pero negó rotundamente que Aldana estuviera entre las posibles víctimas.

Mientras se desarrolla la telenovela de las elecciones, el Partido Socialista Centroamericano, llama a la población a respaldar y votar por las y los candidatos de izquierda involucrados en las luchas populares, en la defensa de los territorios, los derechos humanos y laborales; con estas compañeras y compañeros, desde sus cargos, daremos la batalla contra la burguesía corrupta.