Por Leonardo Ixim

El pasado 23 de agosto el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  oficializó el triunfo del binomio del partido Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS), conformado por Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo para presidente y vice-presidente respectivamente, sobre el binomio del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) conformado por Sandra Torres y Raúl Morales.

La victoria de Giammatei-Castillo fue de 57.95% de votos válidos sobre el binomio Torres-Morales, que consiguió un 42.2%; en una elección marcada por el abstencionismo, pues la participación decreció de un 62.13 % en la primera vuelta a un 42.71 %; es más, hubo menor participación que en la segunda vuelta de 2015 que fue de 56.32 %.

En la segunda vuelta presidencial tanto el voto nulo como el blanco sumaron 188,191 votos. Creció sobre todo el voto nulo, porque en la primera vuelta para elección presidencial el voto blanco fue de 452,708 y el nulo de 209,444; ahora el nulo fue de 154,291 y el blanco de apenas 33,900. Mientras que en la elección para el Congreso fue mayor el blanco con un poco más de 500 mil, mientras que el nulo fue de un poco más 450 mil votos. Además, según datos del TSE en la segunda vuelta el departamento donde más votos nulos y blancos hubo, fue el de Guatemala, donde se asienta la Ciudad Capital.

Con respecto al voto nulo existió una polémica, pues los magistrados del TSE, sin argumentar jurídicamente por qué y pasándose por alto las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas en 2016 que le dan validez legal al voto nulo -es decir los artículos 203 BIS, 196, 210, 237, ademas de otros del Reglamento Electoral y del Decreto de Convocatoria de Elecciones-, consideraron que el voto nulo no contaba para repetir las elecciones si se requirió tal como quedó en esas reformas que implica conseguir más del 50 % de votos nulos, algo cuesta arriba pero establecido legalmente.

Los magistrados nunca dieron una explicación legal, pero contaron con el corifeo de analistas de izquierda y de derecha comprometido con mantener el estado de cosas, que adujeron argumentos tales que como estas elecciones eran definitorias y por tanto el voto nulo no cuenta y otros argumentos parecidos, burlándose de tal expresión política.

El nuevo gobierno fue presentando su gabinete, repleto de figuras cercanas a la cúpula oligárquica; iniciando con el mismo Giammattei, emparentado con la familia Confiño de origen cafetalero y el vice-presidente Castillo un gerente de la Cámara de Comercio de Guatemala.

De los ministros más destacados anunciados estará en Economía un ex presidente de la cámara patronal el CACIF, empresario de textiles, Antonio Malouf. En Finanzas Públicas un ex diputado del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) cercano al empresariado llamado Álvaro González Ricci, ligado a empresas de créditos, ex gerente del CityBank y a la narcotraficante Marllory Chacón, actual informante de la DEA. En Trabajo y Previsión Social Rafael Lobos, un ex funcionario del gobierno de Oscar Berger en esa misma cartera, gobierno totalmente pro-oligárquico en el que Giammattei, recordemos, fue director del Sistema de Penitenciario.

En Energía y Minas Alberto Pimentel, directivo de la empresa Fersa S.A. señalada de financiamiento ilícito al partido oficial saliente y de financiar a VAMOS, así como de obtener contratos anómalos con el Estado sobre conexión eléctrica y de colaborar con la empresa Eyssa, S.A qué se dedica a cooptar y dividir las comunidades que se oponen a la existencia de proyectos hidroeléctricos en sus territorios.

En Agricultura, Ganadería y Alimentación Oscar Bonilla, un empresario dedicado a la exportación y cultivo de frutas. En Salud Pública y Asistencia Social Julio Monroy, cirujano de profesión. En Relaciones Exteriores Pedro Brolo, ex funcionario de la OEA y participante en la Comisión de la Verdad, de ese organismo tras el golpe de Estado en Honduras en 2009. En Ambiente y Recursos Naturales Mario Rojas, ligado a empresas de construcción. En Educación una ex funcionaria de esa cartera en tiempos de Pérez Molina, Claudia Ruiz Casasola, cuyo esposo, un coronel de alta, es hermano de un ex militar señalado de desfalco en el gobierno de Portillo, de nombre Luis Catarino.

Por los acuerdos con otros partidos como VALOR, Partido Humanista, CREO, VIVA, todos de derecha se esperaría que de allí salieran los demás funcionarios públicos. Como se observa, este gobierno por su origen de clase aplicaría un programa neoliberal y de ajuste contra el pueblo de Guatemala; por tanto, consideramos importante responder como aviso organizando un paro de parte de las organizaciones populares en los primeros meses del nuevo gobierno.