Por Armando Tezucún

Después de que el 5 de marzo pasado el presidente Alejandro Giammattei decretara Estado de Calamidad ante la emergencia planteada por la pandemia del Covid-19, mucha agua ha pasado bajo el puente.

Hasta el domingo 22 de marzo, se habían detectado 17 casos de coronavirus en el país, con un anciano fallecido al contagiarse en Europa. Desde la detección del primer caso el 13 de marzo, el gobierno ha ido tomando medidas cada vez más drásticas, de acuerdo con los protocolos recomendados a nivel internacional, y en el camino se han ido revelando los intereses a los que sirve el mandatario, la voracidad de los grupos oligárquicos y empresariales, y el desamparo en que se encuentra la población empobrecida frente a la calamidad; como se ha dicho con mucha frecuencia, y la experiencia lo demuestra, cuando hay desastres naturales y sanitarias, es más un desastre para la mayoría pobre que para la minoría privilegiada, que siempre sale bien librada.

Las disposiciones decididas por el gobierno

Para enfrentar la emergencia, el presidente solicitó al Congreso de la República la utilización del fondo de emergencia por un monto de Q 230 millones, solicitud que fue autorizada por los diputados, que ese mismo día ratificaron el estado de Calamidad Pública decretado por el ejecutivo. A la par, el ejecutivo prohibió la entrada al país de extranjeros procedentes de El Salvador, Italia, Alemania, España, Francia, China, Irán, Corea del Sur, Inglaterra, Japón, Estados Unidos y Canadá; los ciudadanos guatemaltecos que ingresaran procedentes de esos países entrarían inmediatamente en cuarentena.

El 14 de marzo el mandatario decretó la suspensión de clases en todos los centros educativos, y las actividades que aglomeren a más de 100 personas, como procesiones, ferias patronales, eventos deportivos, etc. El 16 de marzo, el presidente Giammattei endureció las medidas, suspendiendo las actividades laborales en el sector público y privado y el transporte público urbano y extraurbano; prohibió cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo, las visitas a los centros de detención y hogares de ancianos, así como las celebraciones religiosas y consultas externas en hospitales públicos; decretó el cierre de centros comerciales, restaurantes, bares y discotecas; se cierran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas; y se cierran los comercios de 9 de la noche a 4 am.  Las medidas hacen excepción de entidades del Estado, empresas de producción y distribución de medicamentos y alimentos, expendios de combustibles, hospitales, etc. Estas medidas estarían vigentes por quince días.

Sin embargo, el día siguiente cambió las prohibiciones aclarando que las empresas que aglomeran a 100 o más trabajadores podrían continuar labores media vez hagan una solicitud al Ministerio de Economía, se comprometan a tomar medidas sanitarias para sus empleados, proporcionándoles servicios médicos y facilitándoles medios transporte. Esto aplicaría en especial a call-centers y empresas maquileras. Un poco más de cuatro mil empresas solicitaron continuar trabajando bajo estas condiciones. Para el 19 de marzo, un 70% de las maquilas de confección de ropa estaban trabajando bajo estas condiciones, con un 95% de sus trabajadores, aunque algunas cerraron voluntariamente.

El 20 de marzo el presidente Giammattei anunció que llegó a un acuerdo con el sector industrial de suspender operaciones de producción de bienes no esenciales durante una semana, para evitar nuevos contagios. La excepción serían la producción de alimentos, medicinas, empaque, higiene y salud, agro, telecomunicaciones, transportes, veterinarias, combustibles, energía, bancos, instituciones financieras y cooperativas. A partir del domingo 22 de marzo el gobierno estableció el toque de queda entre las 16:00 y las 4:00 horas.

Los capitalistas muestran su voracidad ante la emergencia

Desde el 17 de marzo se multiplicaron las denuncias en contra de empresas por no tomar medidas de higiene para proteger a sus trabajadores de la enfermedad. “Nos están obligando a venir a trabajar. ¿Es legal? Aquí trabajan miles de personas y no se están tomando las medidas de higiene necesarias para prevenir el contagio. Traté de llamar a la PDH, al Ministerio de Salud, al número de denuncias laborales pero no contestan y no se cierran labores. El coronavirus se va a transmitir rapidísimo en estos lugares”, declaró un trabajador de un call center (Nomada 17/03/2020).  Las denuncias similares se multiplicaron por cientos, ante la ausencia de jabón o gel antibacterial, mascarillas, la aglomeración de trabajadores; otras empresas decidieron enviar a sus trabajadores a casa, o que trabajaran en sus domicilios, pero a cuenta de sus vacaciones; lo mismo han hecho con trabajadores que padecen de enfermedades que los hacen más vulnerables al contagio. Cientos de trabajadores tuvieron que caminar hasta sus centros de labores.

Mientras se daban todas estas anomalías, las distintas organizaciones de empresarios empezaron a presentar sus propuestas para reducir el impacto de la crisis en la economía. Primero fue la Asociación Guatemalteca de Exportadores, Agexport. Estos señores plantearon cinco recomendaciones, la primera en cuanto al empleo, proponiendo, ¡Adivinen qué! que se emita el reglamente para implementar el trabajo a tiempo parcial, mismo que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad, por violar los derechos laborales fundamentales. No contentos con esta medida, estos empresarios propusieron que el bono 14 se pueda cancelar a los trabajadores en tres pagos, en los meses de junio, julio y agosto, como medida de urgencia nacional. Estas medidas anti obreras fueron salpimentadas con solicitudes de exenciones de impuestos o retraso de un mes o más en el pago de los mismos, incluyendo el pago de cuotas al Instituto de Seguridad Social, impuestos turísticos, impuesto de solidaridad, IVA en la adquisición de algunos bienes, arbitrios municipales, etc.

Enseguida entraron en escena los empresarios de la Cámara de Industria de Guatemala, en la misma tónica que Agexport, proponiendo soluciones a la crisis que no son más que disposiciones ventajosas para ellos mismos. Emisión de bonos para que el gobierno tenga liquidez para enfrentar la crisis; todos sabemos que quienes compran los bonos son los grandes bancos privados del sistema financiero, y que los intereses que reciben constituyen uno de sus más lucrativos negocios. Devolución inmediata a las empresas del crédito fiscal. Baja de la tasa líder de interés. Flexibilización temporal de las condiciones de líneas de créditos a los bancos. Uniéndose en coro con Agexport, reglamentar el Convenio 175 de la OIT para implementar la contratación a tiempo parcial, añadiendo la creación de salarios mínimos regionales de acuerdo a la realidad económica de cada región, una propuesta que dormía el sueño de los injustos. Flexibilizar todo el tema de vacaciones, suspensión laboral y otros derechos de los trabajadores y trabajadoras. De nuevo en coro con Agexport, un periodo de gracia para las cuotas del Igss y el pago del bono 14 en tres tantos. Flexibilidad y exoneraciones en el pago de impuesto, tanto del gobierno central como de las municipalidades.

Como vemos, para estos indecentes empresarios cualquier medida para aliviar la crisis pasa por el alivio de la situación de sus bolsillos, aunque pasen atropellando los derechos laborales y las finanzas del Estado. 

El plan de emergencia y recuperación del gobierno

Por su parte, el presidente Giammattei presentó ante el pleno del Congreso, el 18 de marzo, su Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica. Para financiarlo, solicitó una ampliación presupuestaria por Q 7 mil 29 millones, financiada por Q 5 millardos en bonos del tesoro y Q 2 millardos provenientes de préstamos externos. De la colocación de bonos, un 52% sería destinado a gastos de funcionamiento. Solicitó la aprobación de dos créditos, uno del Banco Mundial por US$ 200 millones y otro del BCIE por US$ 193 millones.

Las medidas a tomar incluyen el aumento de la inversión pública, reduciendo los gastos de funcionamiento en el 20 ó 25 por ciento para invertir en infraestructura; trasladar recursos a las organizaciones de padres de familia para mejorar las escuelas (Q 175 millones); créditos a la micro, pequeña y mediana empresa hasta por Q 300 millones; agilizar la devolución del crédito fiscal a los exportadores; construcción de 7 hospitales y mejoras a centros de salud; diferir por un trimestre el pago del Impuesto de Solidaridad que hacen los empresarios; transferencias monetarias temporales a 160 mil familias en situación de vulnerabilidad ( Q 350 millones); financiamiento de viviendas sociales a bajo costo; que la Junta Monetaria baje 50 puntos a tasa de interés líder; permitir a los empresarios el pago de cuotas diferidas durante tres meses al Instituto de Seguridad Social y otras instituciones. Curiosamente, sin que tuviera nada que ver, ofreció a los diputados un terreno en la zona 1 de la capital para la construcción de un edificio de oficinas del Congreso.

Tanto las medidas propuestas por las asociaciones de empresarios como el plan presentado por el presidente coinciden en mucho, y tienen poco que ver con la grave situación actual; son propuestas que pudieron haber sido presentadas en cualquier momento, no ante la emergencia por la que pasa el país. Los capitalistas parece que aprovechan la calamidad para lograr sus sueños de tener empleos precarios, salarios mínimos diferenciados y miserables, y menos pago de impuestos. Pareciera que Giammattei aprovechó la emergencia para presentar su plan económico para aprobación del Congreso, favoreciendo los negocios del Estado con la empresa privada, los proyectos público-privados, olvidándose de cosas urgentes como la atención a los vendedores informales y la inversión apremiante en infraestructura y recursos materiales y humanos de salud.

Giammattei está pensando en la recuperación de la economía –que aún no sabemos qué tanto va a caer- privilegiando el apoyo a los empresarios. Cualquier plan económico debe partir del apoyo directo a los trabajadores y a la población pobre.

La trágica situación de los trabajadores informales

Quienes no fueron tomados en cuenta en absoluto por las decisiones del presidente fueron los millones de personas que trabajan en la economía informal. En Guatemala, al igual que en el resto de países centroamericanos, predomina la pequeña burguesía empobrecida, pues el atrofiado capitalismo de la región no produce empleo suficiente para la población. Las cifras oficiales indican que cada año en Guatemala 200,000 jóvenes se unen a la Población Económicamente Activa, pero solamente se crean 20,000 nuevos empleos; estas decenas de miles de personas no tienen más remedio que sobrevivir mediante el autoempleo: una pequeña venta de algo en las calles, en los buses, parques, semáforos, o un negocio mediano tan precario que no puede pagar impuestos y acaso contrate algún empleado, pero sin la capacidad de pagarle sueldo mínimo ni prestaciones de ley. En Guatemala los trabajadores informales representan el 70% de la PEA, unos 4.8 millones de personas. En 2019 las actividades de la economía informal aportaron un 22% del Producto Interno Bruto, Q 130 millardos (El Periódico 18/03/2020), sin embargo, los trabajadores y trabajadoras del sector no cuentan con medidas de protección social ni laboral.

Las medidas tomadas por el gobierno han dejado totalmente por fuera a esta enorme cantidad de personas, que si no salen a trabajar a diario no tiene para comer, ni para pagar sus servicios, ni vivienda, etc. Todas estas personas no tuvieron más remedio que salir a las calles y a los mercados a trabajar, exponiéndose al contagio. “Nosotros comemos de lo que hacemos a diario. No tenemos un sueldo no podemos decir ‘a fin de mes nos van a pagar’, y el presidente no ha dicho ‘les vamos a mandar comida a sus casas’, entonces tenemos que seguir luchando”; esto declararon vendedores informales (Prensa Libre 20/03/2020). Garantizar la satisfacción de las necesidades de este sector del pueblo mientras se resguarda en sus casas es esencial para evitar la propagación del Coviv-19.

La prioridad debe ser el bienestar del pueblo, no de los empresarios

Denunciamos la complicidad del gobierno con los empresarios, que quieren aprovechar la crisis para implementar sus planes de precarizar el empleo, pagar menos impuestos y hacer jugosos negocios.

Las organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, estudiantes, de mujeres y populares debemos unirnos para exigir al gobierno: a) participación de las organizaciones sindicales y populares en las tomas de decisiones referentes al control de la crisis; b) ningún despido, que se garantice el salario de los trabajadores de empresas que cierren temporalmente, si se hiciera turnos laborales para evitar aglomeración, que el salario permanezca igual, que el gobierno cree un seguro de desempleo en el caso de quiebra definitiva de empresas; c) protección sanitaria total para las y los trabajadores de la salud, que son los más sacrificados en este momento, garantizando el suministro de equipos y medicinas; d) nacionalización de hospitales y clínicas privadas, así como de las empresas farmacéuticas, para garantizar la atención gratuita e integral de los afectados por el Covid-19; e) plan de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante impuestos progresivos a los bancos e instituciones financieras; f) No a la restricción de los derechos laborales y libertades democráticas; g) entrega de un subsidio especial a las personas que viven de pequeños negocios individuales; h) congelación del precio de los servicios públicos y suspensión del pago de créditos y servicios para las personas individuales mientras dure la crisis.