Por Úrsula Coj

La toma del campus central de la Universidad de San Carlos (USAC) por parte de varios colectivos estudiantiles hace un año, llevó a la creación de varias mesas de diálogo para implementar procesos de transformación que compaginan con la postergada reforma universitaria, pero estas se han estancado.

Esta situación en parte se debe a la negativa de la burocracia que dirige la USAC, la cual se opone a cambios progresivos, pero también a que las agrupaciones que participaron en la toma y en las discusiones mencionadas, no lograron atraer al estudiantado a estos procesos. A eso se agrega, la dejadez del secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios, de su consultivo y de las asociaciones estudiantiles en general, por dar espalda a las necesidades estudiantiles.

El contexto de la pandemia junto con las medidas de cuarentena, le puso un ingrediente más a esta situación. Se puso en evidencia una serie de problemáticas relacionados a los procesos de enseñanza y aprendizaje y ni que decir de otros relacionados con la extensión y la investigación, que pueden ser un motivo de incidencia de los sectores organizados estudiantiles. Las condiciones para implementar una educación a distancia a través de la tecnología informática de parte de la USAC no son óptimas, a esto se agrega las carencias materiales, como el poco acceso a la tecnología y la mala conexión a internet, que afectan el rendimiento académico de los estudiantes.

Por otro lado, vemos que la administración del actual rector Murphy Paiz, aplica una política de ajuste contra los programas académicos y de investigación científica, además de la continuidad en la nefasta política de endeudamiento. El Consejo Superior Universitario por su parte, no exige al Estado el presupuesto que le corresponde a la universidad según la Constitución Política de Guatemala.

Se continúa la política de privatización, imponiendo costos en algunas carreras, concesionando ciertos servicios, mostrando como artículo de lujo el estudio de pos grados y discriminando a varios sectores de trabajadores (administrativos y de servicios), los cuales, al no ser presupuestados carecen de prestaciones y estabilidad laboral. En contraposición a esto, tenemos los beneficios que los funcionarios universitarios obtienen, muchos de estos procedentes del sector docente, los cuales se han acostumbrado a las mieles del manejo y la ejecución financiera.

A esto se agrega la desigualdad del gobierno universitario, en una estructura de poder donde se excluye a las escuelas no facultativas y a los centros universitarios departamentales, así como a los estudiantes de estas unidades académicas y al sector trabajador en general. Así también, se mantiene la forma antidemocrática y desigual de elección del rector universitario.

De esa forma se tiene la reforma universitaria postergada por más de 10 años, limitada a unos órganos poco representativos que se conformaron tras arduos años de negociación, donde se impuso la retorcida visión de la burocracia de que los órganos de dirección son un sector, cuando estos representan a los sectores que conforman la universidad pública -docentes, estudiantes y profesionales-; existiendo otros excluidos, como trabajadores, mujeres y universitarios de origen indígena y afrodescendientes.

Implementar un verdadero proceso de reforma, implicaría abrir esos espacios. Nosotros consideramos importante impulsar una estrategia en ese sentido, para construir un frente común que articule a las distintas fuerzas políticas y que avance hacia la unidad, recogiendo la agenda presentada por la toma de hace un año como programa de lucha.

Esto va de la mano de una reforma profunda de la forma de elección de los secretariados de las AEUs de los distintos campus, entre ellos el del campus central, para convertirlos en órganos verdaderamente representativos del estudiantado y la conformación de otro órgano superior, en forma de una confederación de asociaciones de todos los campus.

El prerrequisito indispensable de esta articulación es la incorporación del grueso del estudiantado a la lucha por estas demandas, despertando de la pasividad que le ha caracterizado en los últimos años, y de la atomización a que se ha visto obligado en la coyuntura provocada por la pandemia. De lo contrario, la acción de los grupos organizados se verá limitada a las gestiones de pequeñas agrupaciones sin ningún respaldo real de los verdaderos interesados. Esto implica un trabajo paciente y de mediano plazo entre las bases estudiantiles, que parta de sus necesidades cotidianas en sus unidades académicas, que les conduzca a avivar su consciencia gremial y más allá es ello, su consciencia como grupo social parte del pueblo guatemalteco.