Por Armando Tezucún
La problemática por la que atraviesa el personal de salud, incluyendo enfermería, limpieza, técnicos de laboratorios, de rayos X, morgue, etc., abarca muchos aspectos. Está el imperdonable retraso en el pago de salarios; se ha dado el caso de personal que fue contratado por cuatro meses en los hospitales temporales destinados a la atención de pacientes contagiados de Covid-19, que cumplieron su período, no fueron recontratados y no recibieron ni un solo pago. Según compañeros del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios, 5 mil trabajadores no han recibido el pago de julio; y se da el caso de miles que trabajan bajo contrato en los renglones 182 y 189 a los que se adeuda salarios varios meses. Está también la insuficiente dotación de equipos de protección, que ha provocado el contagio del personal; hasta la fecha han fallecido 410 empleados de salud víctimas de la pandemia, de todas las áreas. El sindicato calificó estas muertes de asesinato involuntario por parte de las autoridades, pues a pesar de que el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria para salud, la ejecución deja mucho que desear. El pleno de diputados también aprobó un bono riesgo para el personal de salud, para protección de sus familias, pero éste no ha sido entregado.
El 20 de agosto, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo definitivo al Sindicato Nacional de Empleados del San Juan de Dios, que obliga al Ministerio de Salud a entregar equipo “necesario y pertinente” de protección a las y los trabajadores de salud. El amparo también ordena que el ministerio suspenda de sus labores al personal mayor de 60 años, empleadas en estado de gestación o en período de lactancia, y quienes padecen de enfermedades crónicas, para su propia protección. El dirigente del sindicato Carlos Noé Santos Urías, expresó que el ministerio cuenta con el equipo de protección, pero lo mantiene en bodegas sin distribuirlo al personal que lo necesita.
Otro grave problema es el del personal que se encuentra bajo contrato, sin ser parte del personal presupuestado, y que por tanto no goza de las prestaciones de ley. Esta es una costumbre cada vez más extendida, no solo en las empresas privadas, sino en el Estado e incluso en las ongs que presuntamente defienden los derechos humanos, con el propósito de ahorrar dinero en beneficios como bono 14, aguinaldo, vacaciones, jubilaciones, seguro social, etc. En estos casos las y los trabajadores son tratados como que fueran empresas que prestan servicios y deben presentar facturas por los mismos. En el caso del Ministerio de Salud, según datos de los compañeros sindicalistas, son alrededor de 42 mil los empleados que se encuentran en esta situación, de un total de 56,560.
En el contexto de la pandemia, la situación de grave riesgo en que se encuentran las trabajadoras y trabajadores de salud pone a la orden del día la lucha por el traslado al reglón 011 de estos compañeros cuya salud y la vida misma se encuentra en peligro. No es posible que ante un eventual fallecimiento sus familias queden en el desamparo, sin ningún tipo de protección. Es urgente iniciar una fuerte campaña por esta reivindicación, en estos momentos en que está a punto de iniciar la discusión del presupuesto general de la nación para el año 2021. El traslado de las y los compañeros debe quedar contemplado en los gastos asignados al Ministerio de Salud.
A diferencia de otros años, el gobierno no ha dado a conocer aún las asignaciones estimadas para cada ministerio, ni otros aspectos del proyecto; lo único que se sabe es que tendrá un techo global de Q 96 mil millones, y que el ejecutivo debe entregarlo al Congreso de la República el 2 de septiembre. Según Edwin Asturias, el comisionado presidencial para el combate a la pandemia, el próximo año el Ministerio necesitará un presupuesto de Q 15 mil millones; este es un incremento significativo respecto a los Q 8,197.1 millones del presupuesto 2020, a los que el Congreso aprobó un incremento de Q 1,648.76 millones; pero no hay nada oficial. Otra lucha importante es la incorporación de los diferentes bonos al salario nominal, para que estos montos sean incluidos en el cálculo de prestaciones.
Los enemigos de los trabajadores siempre argumentan demagógicamente que el presupuesto de salud debe destinarse a los centros de salud, hospitales, equipos, medicinas, etc., y no al cumplimiento de los pactos colectivos, salarios y beneficios laborales, como si el sistema de salud no dependiera de la sacrificada labor de quienes tienen a su cargo las diferentes dependencias. La lucha por el traslado de los compañeros debe iniciar ya, pues sabemos que la resistencia que encontraremos será fuerte.