Por Armando Tezucún
A partir del 27 de julio el gobierno de Alejandro Giammattei decretó la reapertura paulatina de varios sectores de la economía. Fueron suspendidas las medidas que restringían la circulación de personas y vehículos, los horarios restringidos para el funcionamiento de los negocios, el cierre total de actividades para ciertos días, etc.; estas fueron sustituidas por un sistema de alerta de semáforo, que indica, con colores que varían del rojo al verde, el nivel de restricciones que prevalecerán en cada municipio, dependiendo del porcentaje de contagios, entre otras cosas.
Es evidente que esta disposición fue tomada bajo la presión del empresariado, ante el negro panorama que se presentaba para sus negocios con el cierre prolongado de la mayoría de actividades económicas, prevaleciendo el interés de sus ganancias sobre la salud pública. En la práctica, la reapertura fue tomada por la población en general como un relajamiento de las restricciones, y asistimos a una reanudación masiva de todo tipo de actividades, independientemente del color con que esté clasificada la localidad; esto ha ido acompañado de un relajamiento en las medidas de protección para evitar contagios. Y esto es comprensible, pues la población trabajadora quedó totalmente desprotegida ante el cierre de empresas, recortes de salarios, despidos masivos, suspensiones de contratos y cierre oportunidades para las decenas de miles de trabajadores informales. A partir de marzo quedó en evidencia la incapacidad del Estado burgués, no solo para atender eficientemente la emergencia sanitaria, sino para garantizar a la población trabajadora la protección de su nivel de vida y de existencia digna durante la pandemia.
Los datos oficiales pretenden justificar la reapertura con el reporte de la disminución de casos y fallecimientos por Covid-19. Una simple comparación de estos datos nos indica que, de los 85,152 casos declarados oficialmente al 18 de septiembre, el 41.25% fueron detectados a partir del 30 de julio (hasta esta fecha habían sido declarados 49,789 casos), en un mes y medio, mientras que el 58.75% se detectaron de mediados de marzo a finales de julio, cuatro meses y medio; algo similar encontraremos si comparamos las cifras de fallecimientos. Las autoridades de salud esperan un repunte de los contagios entre septiembre y octubre, situación para la que el sistema hospitalario aún no está preparado; a pesar de la dura experiencia a partir de marzo, las múltiples carencias continúan.
Como era de esperarse, la reapertura ha cambiado las perspectivas de la economía para el año 2020. Una encuesta sobre expectativas de empleo realizada por ManpowerGroup señala una expectativa neta de empleo para el cuarto trimestre del año del -6%, con diversos niveles dependiendo del sector de la economía. Un 7% de los empleadores espera incrementar sus planillas laborales, el 12% espera disminuirlas, el 79% espera mantenerlas estables y un 2% aún no sabe (La Hora 08/09/2020).
Las autoridades en materia económica han registrado un impulso en la economía a partir de agosto. Las perspectivas han mejorado, y se han corregido las previsiones, esperándose una recesión del -1.5%, mientras que hasta junio se esperaba que fuera de -2.5%. El Índice Mensual de la Actividad Económica en julio tuvo una recuperación del -4.8%, mientras que en abril se ubicó en -10.4%. Las remesas enviadas por los trabajadores guatemaltecos en Estados Unidos han recuperado su nivel, creciendo más del 3%, y se espera una recuperación de las exportaciones, de la mano de la reanimación económica en Estados Unidos y Europa. En septiembre la mayoría de industrias estaba operando por encima del 80%.
Para las y los trabajadores la recuperación de los niveles de empleo y salarios aún será lenta. Los representantes de la patronal ya dijeron que se niegan a que al salario mínimo sea incrementado el próximo año; la discusión en la Comisión del Salario Mínimo indica que de nuevo será el presidente quien tendrá la última decisión, y seguramente Giammattei complacerá a los empresarios. Debemos sopesar el efecto que la reactivación de la economía tendrá en el ánimo de los trabajadores para plantearse luchas a mediano plazo; es posible que la esperanza de recuperar sus empleos y la sensación de alivio, aunque mínimo, en sus niveles de vida, relegue por un período el ánimo de organizarse y pelear por mejoras. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el dramático aumento de la deuda pública de este año, y el que está plantado en el presupuesto estatal del próximo año, obligará tarde o temprano al gobierno a hacer reajustes como incremento de impuestos, recortes de empleos y salarios en el sector público, etc., que plantearán futuras luchas a los trabajadores. Debemos prepararnos para tal situación.