Por Leonardo Ixim

El 24 de agosto el ministro de comunicaciones en el gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio, prófugo por casi cuatro años, regresó “voluntariamente” según las autoridades, para presentarse ante la justicia por distintos casos de corrupción, durante ese gobierno.

Al arribar a territorio guatemalteco, fue conducido hacia el Juzgado de Mayor Riesgo B, presidido por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien ha llevado los casos relacionados a la corrupción en el extinto Partido Patriota (PP), del cual el imputado fue financista. La audiencia de primera declaración estaba programada para el viernes 4 de septiembre, pero a pedido de la defensa, se pospuso para lunes siete.

Sinibaldi, emparentado con algunos grupos corporativos monopólicos, tiene negocios en temas de publicidad y construcción, mostrando la conjunción de intereses entre grupos oligárquicos y sectores emergentes ligados a la burocracia militar, que conformó ese gobierno y el siguiente de Jimmy Morales. En 2007 Ricardo Sinibaldi Castillo, emparentado lejanamente con Sinibaldi Aparicio y uno de los miembros prominentes de la Corporación Castillo Hermanos, fue candidato a vice-presidencial del PP.

Como es sabido, el destape de casos de corrupción durante la administración Pérez Molina-Roxana Baldetti, por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, ocasionó una serie de protestas en 2015, generando que los factores tradicionales de poder, le quitaran el apoyo a Pérez Molina, quien renunció a escasos días de las elecciones de ese año.

En su momento la CICIG consideró que el gobierno del PP (2012-2015) tuvo como fin principal el desfalco del Estado. Además, Sinibaldi y otros cabecillas de ese partido fueron considerados parte de una Red Político-Empresarial Ilegal; una forma elegante de nombrar la actividad que grupos de empresarios tradicionales y emergentes, a partir de contratos amañados con el Estado, surten funciones y servicios que en otros tiempos este mismo realizaba y que a partir de los procesos de ajuste estructural, fueron privatizados.

Sinibaldi pretendió participar en las elecciones de 2015, por un partido denominado Movimiento Reformista, conformado por ex miembros del PP. Sin embargo, fue alcanzado por las investigaciones penales de la FECI, enfrentando los delitos de lavado, asociación ilícita, cohecho pasivo, financiamiento electoral ilícito y no registrado. La FECI además lo ha investigado por el caso de Comisiones Paralelas en 2014, el cual fue una maniobra de parte de PP y el también extinto partido LIDER, para elegir la actual Corte Suprema de Justicia, vinculada a todos estos poderes.

También está involucrado en el caso Construcción y Corrupción, cuando Sinibaldi fungió como Ministro de Comunicación, involucrado en el cobro de comisiones a empresas como Aceros de Guatemala, Compañía Constructora Obras Civiles y otras nueve más. Otro relacionado con el pago de sobornos por parte de la trasnacional brasileña Odebretch. De igual manera, uno sobre lavado de dinero en relación a la contratación de servicios de seguridad para el sistema de transporte urbano, Transurbano, donde se benefició a las empresas Seguridad ASA, S.A. (de su propiedad) y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., quienes recibieron Q978 mil 794.64.; por este caso también están involucrados varios funcionarios del gobierno del partido UNE (2008-2012).

Los casos Cooptación del Estado y La Coperacha, que fueron también cobros de comisiones y recaudación de fondos tanto para financiamiento del PP como para regalos a Pérez Molina y Baldetti. Este caso fue tomado por la CICIG como el paradigma del modus operandi de estos personajes, llegando a tipificar el Estado como cooptado, obviando claramente la naturaleza de clase y su vinculación orgánica con las fracciones de la burguesía.

El más reciente, presentado en 2019 por la FECI, fue el desfalco de Q26 millones al Banco de los Trabajadores (BANTRAB) para financiar la campaña del PP en 2011, señalando que el dinero fue usado para las empresas Estrategias e Inversiones Arca S.A. y la empresa Avanzando y Progreso S.A., quienes elaboraron publicidad electoral.

Como en otros personajes detenidos, Sinibaldi, anuncia que “dirá la verdad” sobre los involucrados en estos casos, como las empresas constructoras o las maniobras ilegales en temas de financiamiento electoral, con la posibilidad de convertirse en colaborador eficaz de la fiscalía Lo cual evidencia una posible negociación, de cara a algún intento de lavar al sistema político que con el actual gobierno se ha continuado desprestigiando y que Sinibaldi mencione a otros operadores políticos y empresariales que se han beneficiado de estas tramas.