Por Leonardo Ixim

El 14 de enero se cumplió un año de gobierno de Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo, postulados por el partido VAMOS.

Este gobierno, al recién asumir, mostró su talante represivo aplicando estados de prevención en diversos municipios del área metropolitana, alegando la lucha contra la delincuencia. Además de un estado de sitio para dirimir un conflicto territorial entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacan. Así como otro estado de sitio en varios municipios de los departamentos de Alta Verapaz y Izabal, argumentando combatir a grupos del narcotráfico; el verdadero objetivo de estas medidas es neutralizar la resistencia de las comunidades indígenas y mestizas contra los grandes mega proyectos mineros y de cultivos que las desplazan.

También aplicó dos estados de prevención para detener una primera caravana de migrantes procedentes de Honduras en octubre del 2020 y mas recientemente, la que fue detenida con lujo de fuerzas por elementos del ejército, en Vado Hondo, departamento de Zacapa. De esa forma este gobierno, como sus vecinos, asume la línea represiva contra la migración impuesta desde Washington.

Otra situación fue con el manejo de la pandemia, tanto en la contabilización real de los casos y el de las pruebas realizadas, las cuales fueron aumentando lentamente hasta las cinco mil por 100 mil habitantes como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), para una población como la de Guatemala.

El gobierno fue incapaz de atender la demanda de pacientes infectados por coronavirus, pese a que al inicio de la pandemia se creó hospitales específicos para eso, pero rápidamente no se dieron abasto. A esto se unió la falta de equipo para atender casos graves como ventiladores, así como equipo personal para médicos y salubristas, ademas de los retrasos en los pagos al personal de salud especializado, situación que se sigue repitiendo. Así vemos las luchas del Sindicato de Empleados del Hospital de San Juan de Dios y de colectivos de médicos. Además, estructuralmente está la carencia de equipo y la poca inversión en infraestructura y la falta de recurso humano suficiente para atender un virus como este. En su momento desde el PSOCA planteamos la necesidad de centralizar el sistema de salud tanto nacional como privado para atender esta situación.

De igual forma fue deficiente la atención del gobierno al desastre provocado por las tormentas tropicales Eta e Iota, que asolaron el norte del país, la cual en su momento llamamos a las organizaciones populares a asumirla, al igual que la reconstrucción. De hecho, hasta la fecha, no existe un plan integral de reconstrucción de parte del gobierno.

Giammattei volvió a mostrar su rostro represivo en noviembre pasado, cuando la población salió a luchar contra la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2021, el cual estaba financiado con más deuda y no tenía claridad en la forma de ejecución, el cual al final el gobierno lo retiró. Sin embargo, previamente montó una fuerte represión en el centro de la capital y otras ciudades, con más de 50 detenidos y varios heridos. La respuesta del pueblo fue la exigencia de la salida de Giammattei y su ministro de gobernación, Gendri Reyes, un funcionario vinculado a los órganos de inteligencia del Estado y al ejército, como varios funcionarios cercanos a Giammattei.

Esta situación provocó que el vice-presidente Castillo se desligara de Giammattei, además de denunciar que no ha sido tomado en cuenta, aunque si acompañó a este y su gabinete en el cierre de la institucionalidad creada para hacer cumplir los Acuerdos de Paz. La postura asumida por Castillo y detrás de el, un sector de la oligarquía, confundió, como es usual, a algunos actores de izquierda reformista. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, limaron asperezas, aunque Castillo dio su informe anual por aparte.

Ya en las jornadas de noviembre pasado se oyó de parte de los manifestantes la consigna de una Asamblea Constituyente Plurinacional, situación que ha sido levantada por organizaciones campesinas e indígenas La constituyente, como lo mencionara Trotsky, en un país neocolonial, se vuelve en un instrumento de organización en contra del imperialismo y la burguesía mientras no exista una organización de soviets o consejos de trabajadores y campesinos. En Guatemala, bajo la designación de plurinacional, retomada por los pueblos indígenas, es un cuestionamiento directo contra el Estado colonial.

Sin embargo, consideramos necesario que, al contenido de plurinacional, se le agregue una composición de clase. Es decir, que abandere el programa revolucionario de la clase trabajadora y que se enfrente a los intereses de las distintas fracciones de la oligarquía y la burguesía, en un claro cuestionamiento hacia el capitalismo.