Por Armando Tezucún

El lunes 18 de enero tuvo lugar la segunda vuelta de la elección de nuevo representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

En septiembre del año pasado falleció el magistrado titular electo por el CANG, Bonerge Mejía, y luego de retardar la elección de su sustituto, la directiva del colegio de juristas finalmente convocó a primera vuelta el 4 de enero. El nuevo magistrado completará el período de Mejía, que vence en abril próximo, cuando asumirá un nuevo cuerpo de magistrados.

Ese día, entre cinco candidatos, los colegiados escogieron para los dos primeros lugares al exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez y al juez Mynor Moto Morataya. Cabe mencionar que las elecciones al interior del CANG, sea para sus instancias de dirección o de representantes ante otros organismos del Estado, han degenerado en una verdadera farsa que involucra compra de votos, comilonas, financiamiento anónimo a los candidatos, gastos exagerados en las campañas (el juez Moto pagó boletos aéreos para hacer campaña en el interior) y toda serie de movidas anómalas. La razón se deriva del sistema de comisiones de postulación para elegir magistrados de las cortes de justicia del país, del que hace parte el CANG, que convirtió con el paso de los años a este cuerpo colegiado en presa de mafias corruptas que representan toda clase de intereses oscuros, que buscan cooptar esta instancia para colocar a sus propios representantes en los puestos de administración de justicia.

La segunda vuelta se programó para el 11 de enero. Pero desde finales de diciembre el Ministerio Público (MP) había objetado la participación de Gálvez y Mota en la elección, por tener serias denuncias en su contra y carecer de capacidad, idoneidad y honradez. En el caso del juez Moto, el MP presentó solicitudes para retirarle la inmunidad por estar involucrado en el caso llamado Comisiones Paralelas 2020, que investiga el tráfico de influencias en la elección de magistrados a las Cortes de Apelación y Corte Suprema de Justicia; además se presentó la misma solicitud por incumplimiento de deberes y retardo a la justicia por haber retrasado acciones penales mientras fungía como juez en el caso de la construcción del desastroso Libramiento de Chimaltenango, favoreciendo a los acusados. El exrector Gálvez, según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, está involucrado en la aprobación de proyectos de obra gris sobrevalorados mientras fungía como rector de la USAC, además de haber contactado a involucrados en el caso Comisiones Paralelas 2020.

Pronto fueron presentados amparos contra la votación programada para el 11, por la falta de requisitos de ambos candidatos. El Juzgado Sexto Civil recibió la solicitud y suspendió provisionalmente el proceso de elección. Otro amparo fue presentado ante la CC para revocar la decisión del juzgado, y el día 15, el pleno de magistrados de la CC, presidido por el recién nombrado titular Roberto Molina Barreto, dio con lugar la apelación, ordenando al Tribunal Electoral del CANG realizar la elección en un plazo de 24 horas. 

La votación se llevó a cabo el lunes 18, resultando ganador el juez tercero penal Moto, el cual de inmediato declaró sus intenciones de postularse a la magistratura para el período 2021-2026. Nuevamente fueron presentados recursos de apelación contra la elección de Moto, que para el 20 de enero sumaban tres, que deben ser resueltos por la Asamblea de Colegios Profesionales. Mientras no se resuelvan las impugnaciones, Moto no podrá asumir el cargo.

La elección de Moto significa el reforzamiento del bloque de magistrados de la CC que son aliados del gobierno y de los grupos corruptos que buscan impunidad. Este bloque ya había ganado un integrante con la reciente elección de Molina Barreto por parte de la Corte Suprema de Justicia, quedando ahora 6 magistrados que favorecen los intereses oscuros y cuatro que más o menos han tomado decisiones contrarias a esos intereses.

Numerosas organizaciones sindicales, campesinas y populares, han respaldado en los últimos años a los magistrados de la CC que revirtieron decisiones cuestionables del Congreso de la República o de la presidencia. El cambio en la correlación de fuerzas a lo interno de la CC, que probablemente continuará con la nueva magistratura a elegirse en abril, nos debe abrir los ojos y hacer rechazar el sistema podrido de elección de estos funcionarios. Es el pueblo trabajador el que soberanamente debe elegir por voto directo a los magistrados, que deben poder ser removidos en cualquier momento si son sorprendidos en irregularidades. Esto es parte del verdadero sistema democrático que descansa en la voluntad de las y los trabajadores, por el que debemos luchar y que debe ser validado por una Asamblea Nacional Constituyente popular y plurinacional.