La negociación de los Acuerdos de Paz entre 1991 y 1996 y la firma de la paz en 1996, entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Estado de Guatemala, presidido por el gobierno de Álvaro Arzú, generó mucha expectativa porque en el contenido discutido en las negociaciones, se planteaba la construcción de una sociedad democrática, con justicia social y la desmilitarización del Estado; por lo menos a grandes rasgos.

Las fuerzas de izquierda iban a poder participar libremente en la disputa por el poder político; ahora sin la tutela militar en el control Estatal, sobre todo tras el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil. Se pensó que acuerdos como el Socioeconómico y sobre Situación Agraria y el de Identidad y de los Pueblos Indígenas, podrían generar las bases de una nueva sociedad.

Sin embargo, hay que retomar el tema un poco de más atrás: todo el proceso de apertura democrática y recambio constitucional con la promulgación de la Constitución Política de 1985, la creación de un órgano electoral “independiente” con el Tribunal Supremo Electoral para evitar los gigantescos fraudes promovidos por el llamado generalato, medidas que se tomaron igualmente en Honduras y El Salvador, tenían un fin. Ese fin, en palabras del marxista argentino Nahuel Moreno, se llamó reacción democrática, que consistió en un fino proyecto político impulsado por el imperialismo, con el fin de apaciguar toda la energía y movilización revolucionaria -y allí no nos referimos a la lucha armada guerrillera, sino a la estrategia de derrocar a la oligarquía y a su ejército- por medio de modificaciones al régimen político y de reformas de remozamiento al Estado, hacia un sistema democrático, aunque formal.

Este proyecto, que fue impulsado por una facción del ejército que se hizo dominante y en un primer momento por la Democracia Cristiana, a los cuales se agregaron a regañadientes fracciones de la oligarquía, buscó en un primer momento la desmovilización sin condiciones de la insurgencia. Esta obviamente se negó y posteriormente, con los gobiernos de Serrano Elías, De León Carpio y Arzú Irigoyen, se logró su incorporación a este nuevo marco constitucional.

Si bien se argumenta que el contenido de los Acuerdos de Paz, fue lo que mas se logró negociar, sobre todo en temas como la posesión y la propiedad de la tierra y que mucho de lo negociado en los acuerdos fue consensuado, otra parte fue impuesta por la correlación de fuerzas en las negociaciones. Desde nuestra óptica la parte insurgente tenía una debilidad producto de dos factores relacionados.

Uno fue, que ésta ya no ejercía una clara dirección en parte del movimiento social y para inicios de los noventa se había devaluado el programa democrático revolucionario emitido en 1982 por la URNG en su creación, así como el hecho que la fuente, que era las demandas populares, regresaba a unos horizontes economicistas y gremiales. A la par que los grupos de poder y la burguesía, lograban aplicar un proyecto neoliberal de privatizaciones, precarización laboral y de afianzamiento del modelo extractivista, de despojo de los recursos naturales.

La otra causa desde nuestro parecer, fue que la estrategia político-militar guerrillerista de la guerra popular revolucionaria, no tuvo el implante necesario en la población, y en muchos momentos esta estrategia ahogó la organización genuina desde las bases; por ende, después de una larga y heroica lucha armada, lo único que quedaba era la firma de la paz y la incorporación al marco creado por la política de reacción democrática, cuyo objetivo fue precisamente desmovilizar las fuerzas revolucionarias en toda Centroamérica

Con la firma de la paz se crea una serie de instancias gubernamentales, así como programas y políticas para implementarlas, pero la derrota en 1999 de la consulta popular que buscaba crear reformas constitucionales contenidas en los Acuerdos de Paz, fue un balde de agua fría. Además, a esa visión miope electoralista de la izquierda y su fragmentación, por un lado y por el otro, al gremialismo de las organizaciones sociales, se le agregó una onegización que partió las posibilidades de una unidad programática común; con onegización nos referimos, al hecho de trabajar solamente condicionados por los factores administrativos de los proyectos y sus financiamientos.

Con la conformación de esta institucionalidad, a pesar de no haber introducido en la Constitución Política buena parte de los contenidos de los Acuerdos de Paz, se pensó que se iba a impulsar y cumplir los distintos programas. Pero nuevamente, no todo lo acordado se cumplió y es mas, la Agenda Política de la Paz, un documento publicado en 2016 por la Secretaría de la Paz, da cuenta de esto, de cómo ha faltado una cantidad de legislación para su cumplimiento. Así también, el mismo status jurídico de las instancias de la paz, como secretarías presidenciales, genera equívocos y sus resoluciones se vuelven carentes de fuerza legal.

Pero como es sabido de todos, muchas de estas instituciones gubernamentales fueron socavadas por dentro, por las fuerzas retrógradas de los grupos de burguesía, que no quieren ni un mínimo avance como eran los Acuerdos de Paz. Se pensó nuevamente que se lograría su cumplimiento, a partir de la promulgación de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz en 2006, donde estos se volvían compromisos de Estado y la creación del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz (CNAP), como un ente multisectorial que impulsara los compromisos relacionados a los acuerdos.

Pero el carácter poco representativo del CNAP; la presencia de fuerzas conservadoras, sobre todo de los partidos políticos derechistas; la opacidad directiva de SEPAZ en su funcionamiento sobre todo en el tema financiero, lo ha vuelto poco operativo y hasta superficial. Así, el manejo clientelar por parte de todos los gobiernos, de programas como el resarcimiento, la clara acción de debilitamiento de estas instancias, por lo menos desde el gobierno del Partido Patriota; a esto se suma ahora el cierre bajo la pantalla de creación de una nueva instancia, como es la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos.

Por ende, ante este cierre, que implica la consolidación de un Estado cada vez mas autoritario, consideramos que no podemos caer en una defensa de un Estado que pese a esas reformas y algunos espacios “democráticos”, no representa a las clases populares. Se necesita determinar qué elementos de los Acuerdos de Paz sirven para un proyecto revolucionario y cuales son una rémora del modelo neoliberal, así como qué instancias permiten esto aun dentro de este tipo de Estado.

Pero lo mas importante, es crear condiciones para un órgano de poder popular, por medio de una Asamblea Constituyente con carácter originaria, que represente el sentir y conformada a partir de la organización de las y los trabajadores y de los pueblos garífuna, mestizo, maya y xinca.