Por Ricardo Patzán

El bloque oligárquico burgués que actúa en alianza con exmilitares y políticos corruptos se ha ensañado en las últimas semanas contra su nuevo enemigo a nivel legal, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI. Esta fiscalía fue establecida junto al acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2006, e inicialmente tenía como finalidad investigar los casos de alto impacto designados por la CICIG Y el Ministerio Público (MP). Al finalizar el mandato de la CICIG En septiembre de 2019, el MP conservó la FECI, creando un plan para su funcionamiento, conservando 82 integrantes que acompañaron las investigaciones de la CICIG y prometiendo la incorporación de otros 60 analistas e investigadores; al frente de la misma continuó el fiscal Juan Francisco Sandoval.

En el transcurso de los meses, la FECI ocupó el lugar de la CICIG en la investigación de casos de corrupción, dando seguimiento a los casos iniciados por ésta y abriendo nuevos casos que involucraban a políticos y empresarios corruptos. No es de extrañar que pronto iniciaran ataques contra la fiscalía y el fiscal Sandoval.

Hacia octubre del presente año se multiplicaron las denuncias contra la FECI, impulsadas por personajes corruptos involucrados en las investigaciones. Entre ellos están el exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, investigado por lavado de dinero y financiamiento ilícito para la campaña del expresidente Otto Pérez Molina; el exsecretario privado de la presidencia entre 2008 y 2012 Gustavo Alejos, individuo acusado de múltiples casos de corrupción, además de la manipulación de la elección de magistrados a las cortes de justicia; además, la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo y su presidente Ricardo Méndez Ruiz, presentaron múltiples quejas por estar sujetos a investigación por filtración de información relacionada al caso por el que está procesado el exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

En total se han acumulado nueve denuncias administrativas contra el fiscal Sandoval, y los fiscales Carlos Vides, Carlos de León y Virginia La Parra. Desde el 4 de septiembre la fiscal general María Consuelo Porras decidió dar curso a las investigaciones en contra de los fiscales de la FECI, que podrían resultar en su destitución.

En este caso, como dice el dicho, lo patos les tiran a las escopetas; el MP tuvo que aclarar que no hay intención de debilitar a la FECI, “las denuncias por faltas administrativas se reciben y son enviadas a Supervisión General, no son iniciadas de forma arbitraria por la Fiscal General” (El Periódico 08/10/2020). A pesar de esta declaración, la jefa del MP instruyó a las unidades administrativas agotar el procedimiento y contratar o designar un fiscal especial para dar seguimiento a los casos.

Este fiscal especial resultó ser Karin Orellana Pinto, quien fue asesora del Ministerio de Comunicaciones en tiempos del exministro Luis Benito, acusado por la FECI por lavado de activos y actualmente prófugo. Además, tiene un contrato vigente con el FAPU (Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana), una unidad de la municipalidad capitalina que está bajo investigación de la FECI por malversación de fondos para la campaña electoral de Partido Unionista. Al ser puestos en evidencia los antecedentes de Orellana, la fiscal general Porras tuvo que retroceder en el nombramiento, solo para que días después se supiera que era pareja del narco extraditable Luis Erasmo Martínez Díaz, capturado el 11 de diciembre cuando paseaba en compañía de Orellana.

Las amenazas contra la FECI y el fiscal Sandoval persisten. Mientras, éste anotó un punto a su favor en la opinión pública cuando, en el estilo de la CICIG, el 11 de diciembre en conferencia de prensa anunció un nuevo caso de corrupción en el Ministerio de Energía y Minas contra el exministro durante el gobierno de Otto Pérez, Erick Archila, quien recibió sobornos millonarios de cuatro empresas.

Los ataques contra la FECI han puesto a la población en contra de la fiscal general Porras, y en las protestas y manifestaciones se empieza a pedir su renuncia, a la vez que se expresa la simpatía por el fiscal Sandoval. La lucha contra los corruptos es legítima y justa, pero no debemos hacernos ilusiones de que el actual sistema democrático, tal como está diseñado, va a resolver los urgentes problemas del pueblo y los trabajadores. La verdadera solución no está en manos de funcionarios que hacen parte del andamiaje del Estado burgués, por más honestos que sean. Son las organizaciones populares, indígenas y sindicales las que deberán poner fin a la corrupción, transformando la precaria y excluyente democracia burguesa guatemalteca por medio de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.