Por Leonardo Ixim

La clase patronal en Guatemala busca descargar la crisis social capitalista, arreciada por la pandemia de COVID 19, sobre la clase trabajadora, con una serie de mecanismos tales como el reglamento en torno al Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los salarios mínimos diferenciados.

El primer caso, el Convenio 175 de la OIT es un instrumento internacional que regula el trabajo parcial, impulsado en el marco de tal organización donde se dirime por medio de la relación de fuerza entre organizaciones patronales y de trabajadores; tal convenio fue ratificado por el Estado de Guatemala. El tema ha sido que el gobierno impulsó un reglamento para su ejecución elaborado en 2019, el cual vulnera los derechos de los trabajadores, situación que llevo a varios líderes sindicales a impulsar dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el reglamento.

La anterior CC, en la cual predominaba una visión menos conservadora de la aplicación del derecho, aceptó los amparos, suspendiendo provisionalmente el decreto que aprobaba el reglamento; pero con la conformación de la nueva CC, los elementos conservadores pesan y acaban de dejar sin efecto tales recursos, permitiendo la entrada en vigencia del decreto.

La oposición de los sindicatos no versa contra el convenio en sí, sino en el reglamento aprobado por el gobierno con una clara línea anti-obrera. El primer amparo se centró en la frase que permite el traslado de un trabajador de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, siempre y cuando sea voluntario. Mientras que el segundo en que el reglamento viola la regulación de la jornada ordinaria de trabajo, separando la autonomía de la voluntad.

El reglamento está redactado de una forma que promueve la flexibilización laboral. En ese sentido, el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, lo calificó como una herramienta que, al permitir modificar la jornada de trabajo, bajo el gancho de la reducción de horarios, permitiendo más puestos de trabajo, se vulnera al trabajador en sus derechos en el ámbito del mercado laboral o lo que es lo mismo, la venta de fuerza de trabajo.

Las cámaras empresariales y los abogados a su servicio muestran su felicidad porque ahora podrán pagar menos que el salario mínimo establecido que para el 2021, la hora diurna ordinaria está en Q11.61 para actividades no agrícolas; para las agrícolas está en Q11.27 y para la actividad exportadora y de maquila es de Q10.61; mientras que el diario para una jornada de 8 horas se sitúa en Q92.88, Q90.16 y Q84.88, respectivamente.

Esto porque ahora al trabajar menos de la jornada regulada, los patronos pagarán solamente por las horas trabajadas, aumentando con esto el sobre trabajo y con ello la plusvalía y reduciendo el trabajo necesario. Esto también repercutirá en el pago de prestaciones sociales dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al grado que éste tendrá que reducir los aportes pecuniarios al trabajador, debido a que la cuota laboral disminuirá; lo mismo sucederá con el bono 14 y aguinaldo

Otra medida en ese sentido, son los salarios mínimos diferenciados, un viejo sueño de la burguesía que distintos gobiernos han querido aplicar. En torno a este tema, el Ministerio de Trabajo adujo que para el año 2023 buscará aplicar esto por medio de comisiones paritarias regionales; en la actualidad solo la Comisión Nacional de Salario –una instancia centralizada- determina los salarios mínimos. Los mínimos regionales consistirían que, en circunscripciones determinadas, estos serán aún menores que el salario mínimo nacional.

Sin embargo, recientemente el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística (STRAINE), denunció que las modificaciones que el INE realizó a la metodología para calcular la Canasta Básica Alimentaria y la Ampliada, así como el cálculo al Índice de Precios al Consumidor, en enero del presente año, es una forma de congraciarse con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), mostrando a la baja ambas canastas; se realizó de forma poco técnica, anticientífica y sobre conjeturas. Este sindicato además denunció que, para realizar ese fraude, se procedió a despedir y mover a trabajadores y técnicos especializados de tal institución, continuando con amenazas a quienes se opongan.

Tal situación afectará los resultados de una serie de instrumentos, encuestas e índices que sirven para calcular el costo de la vida, los ingresos de los asalariados y los niveles de pobreza de la población. Por ende, consideramos que no es que el Estado esté capturado, sino pertenece a distintas fracciones del capital y la lucha es contra el actual gobierno de turno y este Estado oligarca.