Por Armando Tezucún

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco deberá convocar el 20 de enero de 2023 a elecciones generales. La primera vuelta de los comicios se llevará a cabo el 25 de junio, para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República, al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes municipales. De ser necesario, se efectuará una segunda vuelta presidencial el 20 de agosto.

El legislativo ha tenido, al menos desde 2020, el tiempo para hacer nuevas propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), para mejorar los aspectos positivos de la reforma anterior, como el control del TSE sobre las pautas publicitarias en los medios de comunicación, enmendar algunos errores y democratizar la participación ciudadana en los comicios.

Sin embargo, ha sido hasta el 31 de agosto que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso consiguió acuerdos para el dictamen de reforma a la Lepp, presentado el 28 de junio. Esta iniciativa de ley ha sido objeto de numerosas críticas, inclusive en el seno de la misma comisión, pues algunos diputados miembros denunciaron irregularidades en la forma cómo se consiguió el mínimo de 12 votos necesarios para el dictamen favorable, culpando al presidente de la comisión José Alberto Rivera, del partido CREO.

La nueva propuesta de reforma implica un retroceso en los controles que el TSE puede ejercer sobre los partidos políticos y sus campañas electorales. Entre los cambios figuran: reduce de 15 días a 36 horas el tiempo previo a la elección en que está prohibida la publicación de encuestas de preferencias electorales; que los gastos en pauta publicitaria no se incluyan en el techo de gastos de campaña; disminuye las responsabilidades de los secretarios generales de los partidos sobre las finanzas de los mismos, dificultando posibles denuncias del TSE ante el Ministerio Público; disminuye el monto de las sanciones a los partidos de entre US$ 500 y 250 mil, a entre 1 a 50 salarios mínimos en quetzales; permite a los partidos duplicar los gastos de campaña, disponiendo que sea de 1 dólar por cada persona empadronada; ignora el aspecto de paridad de género entre los candidatos; propone el listado abierto para la elección de diputados, pudiendo ser electos por nombre y apellido y ya no por planillas. 

A pesar de que la propuesta de elección de diputados por medio de listado abierto puede considerarse positiva, el sentido general de la iniciativa es debilitar el papel del TSE y fortalecer la independencia de los partidos políticos, facilitando el financiamiento ilícito y el lavado de dinero por parte del narcotráfico y el crimen organizado; esta lacra es la que ha caracterizado al régimen político burgués en Guatemala, donde el gran capital y las mafias han controlado tradicionalmente los partidos políticos, los cuales carecen de ideología, continuidad y tradiciones.

La Instancia de Jefes de Bloques en el Congreso no ha agendado aún la iniciativa de reforma a la LEEP para su discusión en el pleno de diputados. Los mismos secretarios generales de los partidos a los cuales pertenecen los firmantes de la propuesta, no han dado su respaldo a la misma. La opinión general parece ser que era necesaria una discusión más amplia, sobre todo porque estamos a cinco meses de la convocatoria a elecciones, y las reformas requieren el aval de la Corte de Constitucionalidad, por lo que el tiempo se hace muy corto. A pesar de que los nuevos cambios a la ley beneficiarían a los propios partidos, fortaleciéndolos ante el TSE, es probable que lo que está frenando el respaldo de los dirigentes es la propuesta de listados abiertos para la elección de diputados. Este sistema permitiría a los votantes elegir individualmente a sus candidatos, por su trayectoria, por sus ideas y acciones; mientras que el sistema de planilla, vigente hasta ahora, permite que se cuelen individuos perfectamente desconocidos, o que han sido acusados de corrupción y otros delitos, como el infame José Ubico, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, nieto del dictador Jorge Ubico, que ganó una diputación por el partido Todos en 2019.

Definitivamente es necesario profundizar las reformas a la LEEP, pero no se puede hacer de forma apresurada, para favorecer la corrupción de los partidos. Las reformas deben ampliar la participación democrática de la población, como establecer elecciones primarias en los partidos, permitir las candidaturas independientes para la presidencia, disminuir los requisitos para la inscripción de partidos. Desde ya instamos a los partidos de izquierda, URNG, Winaq, Semilla y MLP a discutir amplia y democráticamente un acuerdo de alianza electoral, con candidaturas de dirigentes populares, para enfrentar a la extrema derecha en su afán de fortalecer un régimen autoritario.