Por Leonardo Ixim

Con un rotundo triunfo del rechazo o No a la minería, se celebró en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, la consulta sobre el aval a la operación minera a cielo abierto de la mina Cerro Blanco, que pretende extraer una serie de minerales.

Tal minera pertenece a la empresa de capital mayoritariamente canadiense Elevan Resourcess (ER); esta operó previamente la licencia minera registrada a nombre de Entre Mares, S.A. en el mismo sitio.  Los propietarios de estos derechos mineros, Goldcorp, son los mismos que operaron la Mina Marlín en el departamento de San Marcos bajo la figura de Montana Exploradora y generó fuerte rechazo en las comunidades mayas de ese departamento.

El derecho minero Entre Mares, S.A. ya había sido cancelado por deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental, pues no se tomó en cuenta los impactos que no solo afectarán a Asunción Mita en Guatemala, sino a mas de un millón de salvadoreños.

Por la ubicación de la minera, la cual esta muy cerca del Lago de Guija, fronterizo entre ambos países, la mina contaminaría varios afluentes que desembocan en este lago, pero a su vez este lago es un alimentador del principal río salvadoreño, el Lempa, el cual ya de por sí se encuentra fuertemente contaminado, y con los desechos de los procesos de lixiviación para la separación de materiales de la roca, vierte grandes cantidades de químicos y aguas tóxicas en diversos cuerpos de agua.

El tema de la afectación del rio Lempa, el Lago de Guija y otros ríos en ambos países, repercute seriamente en El Salvador, porque el acceso agua en ese país depende en buena cantidad de la de las cuencas altas que ubicadas en Guatemala y Honduras; sobre esta situación, que la empresa minera ha tratado de negar, existen varios estudios de universidades estadounidenses y canadienses.

De ahí entonces la preocupación de parte de la población salvadoreña, al grado que en la consulta tan solo de ese país llegaran 150 observadores, más otros de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, México y Canadá. Además, el proceso de consulta electoral fue fuertemente cubierto por medios de prensa salvadoreños, no así guatemaltecos, de los cuales tan solo hubo presencia de medios no corporativos.

El proceso electoral se realizó como parte de una consulta de vecinos en base al Código Municipal y fue organizado por el Consejo Municipal de Asunción Mita, el cual conformó una Comisión Especial Electoral, con la participación de la Iglesia Católica local como promotora del rechazo a la mina, la asociación Mita Avanza (MA), ligada a la empresa y la ER, las cuales a su vez se retiraron de esa comisión especial.

Pese a que la empresa cuestionó la legalidad de la consulta vecinal, participó en este inusual proceso electoral con fiscales; en algunos casos MA actúo observador de la consulta y en algunas mesas de votación con fiscales de mesa. Por su parte, la iglesia contó con el apoyo de miembros de las comunidades y algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo quienes nutrieron de fiscales en los centros de votación.

Por ende, ya que la consulta se realizó tomando en cuenta el padrón electoral existente y la misma logística que se realiza para las elecciones generales en ese municipio, el padrón total fue de un poco mas de 25 mil votantes. Según lo estipulado en el Código Municipal y en reglamento que se emitió por el Consejo Municipal se necesitaba mas o menos 6500 votantes para que la consulta fuera vinculante, umbral que se sobrepasó.

De los votos validos, 7 mil 481 votaron por el No mientras que tan solo 904 votaron por el Si a las actividades mineras, y aunque el abstencionismo fue alto, de un poco mas de la mitad del padrón, se demuestra que hay un rechazo a este tipo de actividades extractivas; así, al conocer los resultados un buen numero de pobladores manifestaron su alegría y se realizó una caravana por el caso urbano del poblado.

Abogados de la minera presentaron dos amparos contra la resolución municipal de organizar la consulta, en un juzgado con sede en la cabecera departamental conocido por su línea pro minera. Tras los resultados se espera una serie de acciones legales para detener los resultados de la consulta de vecinos.

Consideramos que los pobladores de los territorios son quienes tienen la última palabra en cuanto a la implementación de proyectos mineros que dañen los bienes naturales y el tejido social. La naturaleza de estos a su vez, está centrada en la lógica empresarial, por tanto, la necesidad que se tenga de extraer recursos minerales para los beneficios de la vida moderna, debe además de ser consultada, tomando en cuenta los impactos ambientales y las medidas de mitigación.

De igual forma denunciamos a los gobiernos de Giammattei en Guatemala y de Bukele en El Salvador por su complicidad en actividades que tienen el rechazo de la población, que en este caso adquiere el carácter centroamericanista.