Por Armando Tezucún

El 11 de agosto, la presidente del Congreso de la República, Shirley Rivera, prometió a los representantes de la organización indígena de los 48 Cantones de Totonicapán que la nefasta y represiva iniciativa de ley 6076 no sería agendada de nuevo para su discusión en el pleno del legislativo, sino que sería enviada a revisión a la Comisión de Gobernación del Congreso. La sesión del 17 de agosto fue suspendida por falta de cuórum, y el tema no fue tratado; el día 18, una delegación de diputados de la Junta Directiva notificó a los compañeros indígenas que el día 23 se les daría una respuesta sobre la demanda de archivar la propuesta de ley.

Ese día, el presidente de la Junta Directiva de los pueblos originarios de Totonicapán, Geovani Rosales Tzoc, junto a otros representantes, se presentó al organismo legislativo para recibir la contestación de los directivos sobre su exigencia. Después de siete horas de espera, durante las cuales los compañeros rechazaron dos propuestas de compromiso, finalmente fue aceptada una tercera versión, firmada por cinco miembros de la Junta Directiva del Congreso (entre los que no estaba la presidente Rivera), en la que se comprometen a engavetar la iniciativa 6076.

El documento dice, en su parte medular: “Esta Junta Directiva (…) atendiendo las prioridades del país, no agendará más la iniciativa 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, en ninguna propuesta del orden del día que esta Junta Directiva proponga a la instancia de Jefes de Bloque” (Prensa Libre 23/08/2022). Rosales declaró que el documento se haría público: “Esta es la única forma en que lo vamos a hacer valer (…) Si todos nos enteramos de lo que hoy está sucediendo en el Congreso de la República, porque la parte final es clara (…) es entendido que no lo van a promover más y existe un compromiso de los señores que forman parte de la Junta Directiva” (Idem).

Sin embargo, aún no podemos cantar victoria sobre el futuro de esta aberrante ley. Uno de los proponentes de la iniciativa, el diputado Julio Lainfiesta, del narcopartido Unión del Cambio Nacional, afirmó que, junto a sus compinches de bancada, continúan trabajando en enmiendas a la propuesta, a pesar del compromiso de miembros de la Junta Directiva de que sería engavetada. Lainfiesta recordó que “…todo diputado puede, a través de una moción privilegiada, solicitar al pleno la modificación del orden del día, para incluir se conozca la #6076. Ni la JD ni los Jefes de Bloque pueden impedir eso” (La Hora 24/08/2022). Otros diputados, tanto oficialistas como de oposición coinciden en que esta es una posibilidad real, y que el compromiso de la Junta Directiva fue solo una forma de sacudirse la presión de los 48 cantones. De hecho, la instancia de los Jefes de Bloques podría agendarla de nuevo, porque fue la Junta Directiva la que prometió engavetarla, no las bancadas como tales.  

Por otro lado, el día 24, la presidente del Congreso, Shirley Rivera, afirmó que en la sesión 10 de agosto la iniciativa 6076 pasó en segundo debate, lo que significaría que, de ser agendada de nuevo, sólo necesitaría ser tramitada en tercera lectura y redacción final para ser aprobada y trasladada al presidente para su aval y entrada en vigencia. Al respecto, el diputado Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, demandó que se corrigiera el acta respectiva, ya que la considera ilegal, pues la discusión aún no había finalizado cuando la sesión fue levantada por falta de cuórum. A pesar de la argumentación de Félix, el acta fue avalada por el pleno de diputados, por lo que, en los hechos, la iniciativa ya avanzó en segunda lectura.  

Consciente del peligro de que la iniciativa 6076 regrese al pleno de diputados para su aprobación en tercera lectura, la Junta Directiva de los 48 Cantones anunció que se encuentra en reuniones permanentes y discusión sobre qué medidas tomar. El vicepresidente de la Junta declaró: “Ellos van a buscar la manera que pueda ingresar al debate, qué enmiendas puedan hacer las desconocemos, pero creo hay mucho interés personal y político” (…) “Hasta el momento no vamos a dar tantas declaraciones, pero acciones sí habrán, (…) esto sigue en debate, no podemos adelantar nada sin ver qué acciones y conclusiones le pueden dar a este tema” (La Hora 26/8/2022).

Los compañeros indígenas han hecho una labor encomiable al presionar al Congreso a dar marcha atrás, temporalmente, en la aprobación de esta ley represiva. Pero esto concierne a todas las organizaciones populares, por lo que proponemos que se conforme un amplio Frente Contra la Represión, que incluya a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres y de jóvenes, para defender nuestro derecho a protestar y manifestarnos contra este gobierno dictatorial.