Por Marcos Galicia
Guatemala ha sufrido un retroceso democrático en las décadas recientes. La mafia del poder se ha encargado de convertir al Estado en un aparato represor al servicio de las élites económicas nacionales y transnacionales, secuestrando y cooptando las instituciones de gobierno. Paradójicamente, las instituciones encargadas de investigar la corrupción se han encarnado en una ofensiva para perseguir y criminalizar a quienes denuncian la corrupción. El Estado se ha convertido en un peligro para la ciudadanía, especialmente para aquellos quienes defienden los derechos humanos. El Congreso de la República se ha convertido en una sala de negocios en donde los fondos estatales son manejados con poca transparencia.
Esta ofensiva, por parte de la mafia del poder, se ha encargado de callar a las voces críticas de periodistas, activistas, estudiantes, académicos y organizaciones no gubernamentales que cada vez más se están enfrentando a procesos de persecución y criminalización en donde las leyes y herramientas judiciales sirven para hacer pasar a defensores y defensoras de derechos humanos por delincuentes y criminales.
Ante esta situación, la única universidad estatal del país, la Universidad de San Carlos de Guatemala, representa uno de los últimos bastiones para hacer frente a esta mafia a través de la academia y la intelectualidad. La USAC representa un revés para los planes de la mafia del poder. Sin embargo, las estructuras clandestinas acudieron a burocracias corruptas, enquistadas en las oficinas de la USAC, para cooptar una de las últimas piezas que le estorbaban para la instauración del régimen dictatorial. Estas burocracias no son nuevas, llevan años creciendo dentro de las aulas universitarias, desde los años 90, cuando se firman los Acuerdos de Paz en Guatemala.
Ante este panorama universitario, las luchas y resistencias de las organizaciones estudiantiles no han sido lo suficientemente fuertes como para generar un frente común. La falta de espacios de diálogos y consensos dieron cabida a divisiones, mismas que facilitaron el avance de la cooptación en las diferentes facultades académicas, escuelas, centros regionales y la rectoría.
En mayo del presente año (2,022), con el cuestionable uso de las fuerzas represivas del Estado y en medio de un proceso de elección caracterizado por irregularidades e ilegalidades, Walter Mazariegos se impuso fraudulentamente como rector de dicha casa de estudios. Este personaje fue ungido por la mafia del poder para poder operar su agenda, misma que atenta contra los principios de justicia, dignidad y transparencia.
Esto generó el rechazo de distintos sectores de la sociedad, porque la USAC tiene incidencia directa en la política nacional y en la educación superior del país, por lo que representa un eje estratégico para el desarrollo del país. Las organizaciones estudiantiles, de docentes, egresados y de profesionales comenzaron una resistencia común exigiendo nuevas elecciones con prácticas éticas y con procesos transparentes. Sin embargo, Mazariegos se rehúsa a reconocer el fraude y pretende continuar usurpando la rectoría.
Distintas acciones fueron tomadas por el estudiantado organizado: las instalaciones fueron tomadas para evitar el ingreso de Mazariegos, campañas informativas, activismo en redes digitales, festivales musicales, entre otras actividades. Sin embargo, otro escenario de resistencia se da durante las clases en un contexto de clases virtuales debido a la pandemia del Covid-19. En el caso particular de la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC), a través de la Asamblea Estudiantil se estableció entrar en paro, sin embargo, este paro no representó una cancelación total de las clases. Las clases continúan de forma asincrónica como medida de resistencia para manifestar el rechazo al fraude.
Esta medida contempla que los docentes compartan el material y contenido de los cursos mientras que los estudiantes de forma proactiva y autodidacta se forman a distancia. Esto generó malestar entre algunos estudiantes y docentes, por lo que no todos siguieron lo establecido en las Asambleas Estudiantiles. La dirección general de la ECC ha mostrado una postura ambigua al respecto, pero que ha evidenciado poco a poco una postura que no contempla desconocer a Mazariegos como rector y continuar con las actividades académicas regulares.
El panorama es incierto, porque a través del fraude, la mafia del poder ungió a Mazariegos como su operador en la USAC, por lo que este cuenta con el respaldo de los tres poderes del Estado y así garantiza su impunidad para desmantelar a la única universidad pública del país. Esto es una advertencia para las próximas elecciones generales del año 2,023, todas las piezas están alineadas para acudir a un fraude electoral y colocar a operadores que garanticen la impunidad para la mafia del poder y sus allegados perpetuando la crisis en Guatemala.