Por Armando Tezucún

Los planes del partido oficial VAMOS para ganar otro período en el gobierno, ganando las elecciones generales de 2023, van viento en popa. El paso más reciente fue la aprobación del presupuesto general de gastos del Estado del próximo año, que está marcado por un fuerte gasto asignado para las municipalidades, aspecto clave con el cual el oficialismo espera ganarse el favor de un buen número de alcaldes, lo que le granjearía al menos 1 millón de votos en la contienda electoral. Con esta cantidad de votos, el eventual candidato oficialista pasaría a segunda vuelta, y se garantizaría la mayor cantidad posible de diputados, con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, encabezando el listado nacional.

El presupuesto más alto de la historia

El miércoles 9 de noviembre el pleno de diputados del Congreso de la República aprobó en tercera lectura y revisión final el presupuesto de gastos para 2023. La aprobación en primera lectura tuvo lugar el 26 de octubre, y la segunda lectura el 8 de noviembre. El monto total votado por los legisladores asciende a Q 115 mil 443 millones 737 mil (unos US$ 14.7 millardos). El proyecto que envió al legislativo el Ministerio de Finanzas Públicas ascendía a Q 112 mil 294 millones 767 mil, pero durante la discusión en el seno de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso el techo del presupuesto fue incrementado en Q 1 mil 639 millones. En el curso de la discusión en el pleno del día 9, el presidente de dicha comisión, diputado Cándido Leal, presentó una enmienda para aumentar aún más el techo presupuestario, esta vez por Q 1,512 millones, de los cuales Q 600 millones se asignaron a los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Un festín para los alcaldes aliados del gobierno

Para la sesión, la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, había convocado unos días antes a los jefes ediles, con el propósito de que acuerparan la aprobación del proyecto presupuestario; y efectivamente, un buen grupo de alcaldes se situó en el palco actuando como barra, aplaudiendo o abucheando a los diputados que intervenían en la discusión.

Lo que hay que destacar aquí son los grandes negocios que realizan los alcaldes, gobernadores departamentales y empresarios, primero al favorecer a determinadas empresas que son propiedad de amigos de funcionarios o de los propios funcionarios; segundo, al utilizar materiales de mala calidad con tal de embolsarse el dinero presupuestado o proyectos que no cumplen con los requisitos técnicos; tercero el próximo año es de elecciones, y muchos de esos fondos serán utilizados para las campañas de los alcaldes y sus partidos.

La aplanadora oficialista aprobó casi Q 4 mil millones para uso discrecional de los gobiernos municipales. Por medio del listado geográfico de obras, los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) recibieron una asignación de Q3,392 millones para proyectos de mejoramiento de agua potable, ampliaciones de escuelas, tratamiento de aguas residuales, construcción de caminos rurales, etc., un total de 2,607 obras. A esta cantidad se sumaron los Q 600 millones ya mencionados, para ser utilizados en programas de la Gran Cruzada Nacional para la Desnutrición.

Además de esto, la Comisión de Finanzas agregó al presupuesto el artículo 130, que se refiere a las asignaciones de los CODEDES que están pendientes de ejecutar; este artículo permitirá que los saldos que estén pendientes de ejecutar al finalizar 2022, de los Q 2,758 millones asignados, pasen directamente a los fondos destinados al año 2023, obviando la regla de que los fondos no ejecutados pasen a la caja común del Estado.

El presupuesto se aprobó en medio de protestas de salubristas

Desde siete días antes, un grupo de trabajadoras y trabajadores de salud, del Sindicato de Empleados del Hospital San Juan de Dios, se habían apostado frente a las puertas de ingreso del Congreso, para exigir aumento salarial y traslado de empleados a puestos de trabajo permanentes; el costo de estas demandas debería quedar plasmado en el presupuesto del Ministerio de Salud. Al terminar la sesión el día 9, los compañeros fueron disueltos por la fuerza por elementos antimotines de la Policía Nacional Civil, mediante el uso de gases lacrimógenos. Los diputados y alcaldes fueron evacuados del recinto en buses de la policía.

El secretario general del sindicato, Carlos Noé Santos, expresó a los medios: “Aquí está representando el pueblo de Guatemala en los trabajadores salubristas que gozan de Q 1 mil 700 de salario mensual, sin derecho a aguinaldo, vacaciones, ni ningún tipo de prestaciones, por eso es que estamos aquí, por eso estamos luchando, porque debemos de tener un salario digno, para un trabajo digno y una salud digna para toda la población guatemalteca” (La Hora 09/11/2022). Por ejemplo, más de la mitad de las 28,870 enfermeras del sistema de salud laboran por medio de estos contratos precarios. Después de que fuera rechazada una enmienda para cumplir con las demandas de los salubristas, una segunda obtuvo el respaldo de 115 diputados, lográndose fondos para un reajuste salarial y el traslado al renglón presupuestado 011 por Q 47 millones, ampliándose el presupuesto del Ministerio de Salud.

Otro sector de trabajadores públicos logró ser beneficiado en el presupuesto del próximo año. Se trata de los maestros y empleados administrativos del Ministerio de Educación (Mineduc). Este ministerio tendrá un presupuesto de Q 22 mil 254 millones 422 mil; gracias al nuevo pacto colectivo, de ese monto Q 430 millones están destinados a cubrir un incremento salarial del 3% para unos 133,545 trabajadores. Además, están contemplados alrededor de Q 690 millones para el pago de dos bonos anuales por Q 2,500 cada uno, que serán entregados en junio y diciembre. El nuevo pacto colectivo fue negociado con el gobierno por el dirigente sindical Joviel Acevedo, e indudablemente es un beneficio para los trabajadores de la educación; pero sabemos que Acevedo negocia prometiendo el respaldo del sindicato al gobierno de turno, por lo que no representa ningún avance en la consciencia de clase de los afiliados al sindicato, pues la dirigencia no educa a sus bases en el cuestionamiento a un gobierno que funciona en base a la corrupción y para beneficiar al empresariado. 

¿Cuál es el siguiente paso?

La aplanadora oficialista no se detiene en sus planes de ganar a toda costa las próximas elecciones. Ahora tiene en la mira las reformas a las normas de compras y contratos establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, para permitir a alcaldes y funcionarios realizar compras sin licitación por montos mayores, favoreciendo así el manejo corrupto de los fondos asignados a sus dependencias.

Estos cambios se están tratando de realizar por dos vías. Una es la reforma a la ley que ya mencionamos, y que aplicaría solamente a las municipalidades, permitiendo a los alcaldes hacer compras sin licitación ni controles hasta por Q 2 millones. El 14 de noviembre la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió el dictamen favorable a esta iniciativa, la 6065, que fue presentada el 26 de abril por la presidenta del Congreso Shirley Rivera y otros diputados oficialistas. A la par, se intenta crear una nueva ley, la Ley de Adquisiciones del Estado, presentada por el ejecutivo; esta otra iniciativa ya fue aprobada en primer debate y está pendiente de ser agendada para continuar su discusión. En un artículo anterior ya comentamos algunos aspectos de esta nueva ley, que amplía los montos para compras directas, redefine las compras de baja cuantía y establece un sinnúmero de nuevos procedimientos de compras, todo para incrementar la cantidad de dinero que los funcionarios manejarán a discreción. 

La discusión de esta nueva ley quedó en suspenso en la semana del 21 al 25 de noviembre, pues no fue colocada en la agenda de puntos a conocer en el pleno, por decisión de la Junta Directiva del legislativo. La razón es que las organizaciones de empresarios se pronunciaron en contra de la aprobación de la iniciativa. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado a mediados de noviembre indicando que los cambios propuestos a la ley deben se sometidos a mayor discusión técnica: “en principio, preocupa la celeridad con que fue dictaminada y agendada para iniciar su proceso de aprobación … es trascendental que dichos cambios sean el resultado de un proceso técnico de discusión en el que se prioricen la eficiencia y la transparencia en el gasto público” (Prensa Libre 17/11/2022). La opinión de los empresarios organizados sin duda tuvo impacto en algunos diputados oficialistas, que han tomado una actitud más prudente respecto a las reformas propuestas. Esto también refleja los roces entre sectores de la burguesía, en torno a la forma de hacer negocios con el Estado y la competencia que existe por beneficiarse de los fondos del erario público.

Por un frente electoral de los partidos de izquierda

Como vemos, la aprobación del presupuesto 2023 ha sido un nuevo paso hacia la consolidación de las intenciones electorales del oficialismo. Las y los trabajadores asalariados, los campesinos y el pueblo trabajador, tenemos la tarea de frenar a los empresarios voraces y corruptos en su intento de continuar controlando el gobierno. Para ello, debemos presionar a los partidos que se reivindican como de izquierda e identificados con el pueblo (Urng, Winaq, MLP, Semilla) a que se organicen en un frente único electoral que de la batalla por las demandas más sentidas de la población, con candidatos y candidatas que sean luchadores populares, y con un programa democrático revolucionario.