Por Ricardo Patzán

El gobierno de Alejandro Giammattei se ha caracterizado por desarrollar rasgos dictatoriales, manifestados en la represión contra periodistas, jueces y operadores de justicia independientes, muchos de los cuales están encarcelados o han tenido que salir del país. Pero las políticas represivas se tornan más violentas cuando se aplican en contra de las comunidades indígenas y campesinas, casi siempre para favorecer a empresas mineras o agroexportadoras.

El caso más reciente se dio en la comunidad Chapín Abajo, en el área sur de El Estor, departamento de Izabal. El martes 6 de diciembre en horas de la madrugada, un contingente de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de personeros del Ministerio Público (MP) irrumpieron por la fuerza en la comunidad con la intención de realizar 25 allanamientos en las casas de dirigentes de la localidad; ellos apoyaron activamente la resistencia antiminera de El Estor en 2021, y las autoridades generaron órdenes de captura en su contra. Según informaron miembros de la comunidad, varias personas fueron arrestadas, otras fueron heridas de bala y un menor de 17 años debió ser internado en el hospital.

Según reportó una delegación de las Autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchí y periodistas independientes, dos hombres sufrieron heridas menores de bala, varias mujeres fueron golpeadas en el cuerpo y en el rostro, otras mujeres y niños resultaron intoxicados por gases lacrimógenos, los policías entraron a las viviendas y se robaron alimentos y otros bienes, hay presencia de paramilitares en el área con armamento de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, fue detenida Alba María Choc, esposa del dirigente comunitario Pedro Cuc Pan, y sus dos hijos menores de edad; ella se comunicó con su esposo y le dijo que los policías demandan que él se entregue, a cambio de liberar a sus hijos. Esta es a todas luces una medida ilegal, propia de bandas de secuestradores. Según la PNC tres agentes resultaron heridos (con información de Prensa Comunitaria, 6/12/2022).

La represión contra los habitantes de Chapín Abajo fue instigada por la empresa NaturAceites, que se dedica al cultivo de palma aceitera en el departamento de Izabal. Esta es la cuarta ocasión en que la PNC irrumpe en la comunidad, y la intención de la empresa es arrebatar las tierras de la comunidad, que ya está rodeada por inmensos terrenos sembrados de palma, un destacamento militar, una planta industrial y bodegas de la empresa. El cultivo de la palma aceitera para exportación y consumo local es uno de los nuevos negocios de los grupos oligárquicos; requiere grandes extensiones de terreno, poca mano de obra y se caracteriza por agotar rápidamente los nutrientes del suelo. La forma de operar de las empresas aceiteras recuerda la usurpación de tierras de las comunidades indígenas para el cultivo del café en la segunda mitad del siglo XIX; las voraces empresas aceiteras tienen ya un historial de acaparamiento de tierras en detrimento de los pequeños y medianos campesinos. En noviembre de 2021 la comunidad Palestina Chinebal fue desalojada de sus tierras violentamente y sus casas fueron incendiadas, por trabajadores de NaturaAceites, sin que la policía interviniera.

Las personas que se encuentran detenidas son Darwin Cuc Toc (menor de edad), Jenifer Yajaira Pan Paau (menor de edad), Alba María Toc, María Caal Pop, Jaime Maquin y Warren Rafael Beb.

Otro desalojo contra campesinos indígenas se dio el 18 y 23 de noviembre en Purulhá Baja Verapaz, donde más de mil elementos de la PNC y soldados del ejército expulsaron a los habitantes de las comunidades Pancoc y Monjón, pertenecientes a las etnias Q´eqchí y Poqomchi´. Según los dirigentes de la comunidad, los policías entraron de madrugada disparando, y los pobladores salieron huyendo, siendo herida una persona.

En este caso son familias de cafetaleros, algunas de origen alemán, las que están expulsando de las fincas a familias indígenas, que han vivido por décadas en las tierras como mozos colonos, luego de que las tierras les fueran arrebatadas, probablemente durante los gobiernos liberales de fines del siglo XIX. Esta forma arcaica de emplear mano de obra ha derivado en que los campesinos reivindiquen la propiedad de sus territorios ancestrales. Desde noviembre los comunitarios están escondidos en la montaña, por el miedo a la presencia militar en el sector.

Llamamos a la solidaridad de las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares con las comunidades indígenas que están siendo víctimas de la voracidad de los finqueros y empresarios agrícolas. Una vez más constatamos la necesidad de la conformación de un frente contra la represión, que enfrente al gobierno dictatorial de Giammattei.