Por Armando Tezucún

El 27 de diciembre recién pasado las autoridades en materia económica de Guatemala presentaron un resumen de los principales indicadores del desempeño de la economía en el año 2022. El producto interno bruto (PIB) tuvo un crecimiento del 4%, una notable diferencia con el de 2021, que tuvo un incremento del 8%, como resultado de la recuperación de la economía respecto al retroceso del -1.8% de 2020, resultado a su vez de la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19; como era de esperarse, y contra los pronósticos de ingenuos que se entusiasmaron con el 8% de crecimiento de 2021, el pasado año el desempeño de la economía regresó a los índices normales que ha sostenido durante al menos 15 años, un crecimiento de entre el 3 y 4%, que evidentemente ha sido insuficiente para resolver los múltiples problemas de desempleo y pobreza que afectan al pueblo trabajador.

Una vez más, el monto del apoyo económico que las y los trabajadores migrantes envían a sus familias tuvo un crecimiento notable, representando un 17.9% con respecto a 2021, y llegando a un total de US$ 18 mil 40.3 millones. Las remesas que envían los migrantes se ha convertido en un apoyo importante al consumo de las familias pobres, y en menor medida a la inversión en construcción y pequeños negocios. Paradójicamente, el capitalismo guatemalteco, incapaz de crear suficiente empleo decente y formal, es salvado de una debacle aún mayor por los propios trabajadores que expulsa al extranjero. 

Un aspecto particular y alarmante del desempeño económico de 2022 fue el aumento de la inflación, que llegó al 9.24%; según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), este ha sido el más alto incremento inflacionario desde 2008, cuando llegó al 9.4% (Prensa Libre 9/01/2023). El gobierno y las autoridades económicas han explicado, a manera de excusa, que la inflación se debió a factores externos, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó el alza en los combustibles.

Para el pueblo trabajador, las principales alzas fueron en alimentos y transporte, que han deteriorado su nivel de vida. El costo de la canasta básica alimentaria llegó en diciembre a Q 3,634.18 (unos US$ 463), mientras que la canasta básica ampliada, que incluye gastos en servicios, recreación, salud, educación, vivienda, vestuario, transporte, etc., llegó a Q 8,391.09 (unos US$ 1,069).

En este contexto de aumento inusual de la inflación, el 23 de diciembre el gobierno publicó los nuevos salarios mínimos para 2023, mediante el acuerdo gubernativo 353-2022. Por primera vez se definió salarios diferenciados por circunscripciones económicas, un planteamiento que durante varios años las organizaciones de la burguesía habían insistido que se implementara. Si bien para 2023 se delimitaron solo dos regiones, la esperanza de los empresarios es que en un futuro haya más, para implementar salarios cada vez más bajos. El supuesto del que parten el gobierno y los capitalistas para implementar salarios diferenciados por regiones, es que en el interior del país el costo de la vida es menor que en la capital; esto es refutado por el mismo INE, que reportó una inflación mayor al promedio nacional en algunos departamentos llegando al 10 u 11%. 

Las circunscripciones definidas son, la región 1 que corresponde al departamento de Guatemala, donde se ubica la capital, y la región 2 que corresponde al resto de departamentos. Para la región 1 el gobierno definió un incremento del 7% al sueldo mínimo, para la región 2 un aumento del 4%, ninguno de los cuales, a pesar de que es el incremento salarial más alto en varios años, cubre la inflación del 9.24%. En cada región hay salarios distintos para actividades agrícolas, no agrícolas y actividades de exportación y maquilas. El salario mínimo más elevado será de Q 3,416.38 mensuales para actividades no agrícolas en la región 1 (unos US$ 435); el más bajo será Q 3,062.63 para actividades de exportación y maquila en la región 2 (unos US$ 390). Como vemos, ni el más elevado de los salarios mínimos cubre el costo de las canastas básicas. Los que salen más beneficiados son los grandes magnates de las empresas agroexportadoras del azúcar, aceite de palma, etc., cuyos trabajadores tendrán un aumento salarial magro.

Los representantes sindicales en la Comisión del Salario Mínimo rechazaron la división por circunscripciones y propusieron un salario mínimo único de Q 180 diarios, Q 5,400 mensuales (unos US$ 688). Esta era la propuesta más sensata. Proponemos a los compañeros sindicalistas que se empiece a plantear la escala móvil de salarios, es decir, que los salarios aumenten al mismo ritmo de la inflación, de forma automática; de esta manera los trabajadores no tendremos que esperar un año para ver una mejora en sus precarios sueldos.