Por Armando Tezucún

El régimen político en Guatemala está girando a pasos acelerados hacia el autoritarismo y hacia una restricción cada vez mayor de las libertades democráticas, aunque todavía guardando las apariencias del funcionamiento de una democracia formal. Parte esencial de este proceso es la promulgación de leyes que restrinjan los derechos particulares de actores que puedan ser bastiones de oposición a las fuerzas oligárquicas y conservadoras. En este artículo examinaremos dos piezas legislativas que el Congreso de la República ha impulsado recientemente.

El nuevo Ministerio de Planificación

En octubre de 2022 un grupo de catorce diputados de partidos aliados del oficialismo (Vamos, Pan, FCN-Nación, Bien, Creo, Viva, Prosperidad Ciudadana y Une) presentó al legislativo una iniciativa de ley, la 6145, Iniciativa de Ley Orgánica de Planificación, que propone convertir la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en un Ministerio de Planificación.

En la exposición de motivos los diputados proponentes hacen alusión a dificultades en la forma como se gestiona el desarrollo nacional, pues es común que los planes no se concreten, o hay diferencias entre lo que se planifica, lo que se programa y lo que se ejecuta, al “no existir una ley que oriente la ejecución presupuestaria en función de las prioridades del país” … “Esta ley promueve mediante la planificación coordinada y vinculada al presupuesto, un marco de transparencia, ética y participación ciudadana, al evitar que se ejecute o reprograme de forma dispersa, atendiendo a intereses particulares o desaprovechando recursos, sin tener en cuenta las metas planteadas que atienden las prioridades de país” (https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/iniciativas/32ea1-6145.pdf)

En teoría pareciera que es sensato que el Estado cuente con un ente que centralice los planes de desarrollo, y que estén en acuerdo con un plan central de mediano plazo, con metas claras y coherentes. Sin embargo, la ley pretende incluir bajo la jurisdicción de este Ministerio de Desarrollo a todas las entidades del Estado y entidades privadas: “Esta ley tiene por objeto la regulación de la planificación, coordinación y articulación de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad guatemalteca para el desarrollo nacional.

Comprende dentro de su materia la coordinación y coherencia con políticas públicas, planes, programación, inversión pública, cooperación, seguimiento y evaluación, así como la gestión desconcentrada y descentralizada de la administración pública, incluyendo el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” (Idem).

Una amenaza para los grupos que se oponen al régimen

Entre las instituciones que estarán sujetas a las disposiciones de la ley, se menciona a “Las Asociaciones sin fines de lucro, así como todas las Organizaciones no Gubernamentales que administren, reciban o ejecuten donaciones provenientes de organismos bilaterales y multilaterales o fondos públicos” (Idem). Para incorporar a estas entidades, la ley crea la Agencia Guatemalteca de Cooperación Internacional.

Es decir, todas las asociaciones que reciben fondos de la cooperación internacional, que normalmente atienden a sectores de la población que son vulnerables y no reciben la debida atención por parte de los gobiernos, tendrían que presentar a este superministerio sus planes de trabajo para que sean aprobados, si es que están de acuerdo con las metas y objetivos definidos por el gobierno. El Ministerio de Planificación, en coordinación con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores formulará la política de cooperación del país; la aceptación de cualquier tipo de cooperación deberá depender de que esté en coherencia con las “prioridades del país”.

Pero no solo asociaciones asistenciales reciben fondos del extranjero, sino también una serie de organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, de investigación social, de monitoreo de los organismos del Estado; y también organizaciones sindicales y campesinas reciben estos fondos para realizar sus actividades. En realidad, este es el verdadero propósito de esta ley, controlar a las organizaciones sociales que de alguna representan una molestia para el régimen, condicionando la recepción de fondos que reciben del extranjero a la aceptación de sus agendas de trabajo.

La autoritaria iniciativa 6145 avanza en el Congreso

La creación de este superministerio generará conflictos no solo con las agencias de cooperación internacional, sino también con las fundaciones de beneficencia de las empresas privadas y con otras entidades del Estado que por su naturaleza son autónomas; estamos hablando de la independencia que tienen el poder legislativo y el poder judicial con respecto al poder ejecutivo, así como otras entidades autónomas como la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etc. En este sentido, la ley cae en inconstitucionalidades, y más allá de eso, constituye un paso adelante en la instauración de un sistema autoritario, al crear un ente que tendrá injerencia en todos los ámbitos de la sociedad.

A pesar de ello, la iniciativa 6145 tuvo el dictamen favorable de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso el pasado 18 de enero. El 25 de enero fue conocida en primera lectura por el pleno de diputados, y el 1 de febrero pasó en segundo debate. Ahora sola falta que sea conocida en tercer debate y redacción final para que sea aprobada.

Una iniciativa de ley dirigida contra una organización popular

La segunda de las leyes que comentamos es la iniciativa 6181, que propone realizar reformas al Código Penal y al decreto 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada. En particular la iniciativa se ingresó al legislativo con la intención de aumentar las multas y penas de cárcel en los casos de robo de luz, agua o fuerza de una instalación.

La propuesta de ley fue hecha pensando en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), tal como lo dijo claramente el diputado Lázaro Zamora, del derechista Partido Unionista. Según Zamora, CODECA “no solo amedrenta, asesina, toma las carreteras cuando se les da la gana, sino también financia partidos políticos” … “Guatemala necesita liberarse de estos criminales que no solo golpean al pueblo de Guatemala sino también quieren incidir en las decisiones políticas que aquí se toman. Votemos por esta ley, pasémosla porque es necesario” (La Hora 01/03/2023).

Esta iniciativa fue presentada al legislativo por el presidente Alejandro Giammattei el 13 de enero, y recibió dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional el 28 de febrero. Avanzó en primera lectura el 1 de marzo, el 15 de marzo en segunda lectura y fue aprobada en tercera lectura el 21 de marzo.

Las reformas aprobadas aumentan las penas por el delito de sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua, gas o fuerza de una instalación o de cualquier otro fluido ajeno; por el delito de manipulación no autorizada desde la red del distribuidor final hacia algún punto de suministro o manipulación ilegal de la red; por el delito de cobro ilegal de energía eléctrica sin contar con la autorización del distribuidor final. En los tres casos las penas de cárcel oscilan entre los cuatro a ocho años, y multas de entre Q 5 mil y Q 100 mil.

CODECA, una tradición de lucha por la energía eléctrica

CODECA ha librado desde hace años una lucha de resistencia contra las empresas que controlan la distribución de la energía eléctrica en el interior del país. Durante la subasta de bienes del Estado que llevó a cabo el gobierno de Álvaro Arzú, fueron vendidas las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA), siendo el primer comprador la empresa española Iberdrola, en alianza con la portuguesa EDP Electricidade (Unión Fenosa), en 1999. Fueron creadas la Distribuidora de Electricidad de Oriente S.A. (DEORSA) y la Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A. (DEOCSA), y empezó el calvario de los usuarios de ambas regiones del país: cortes del suministro, cobros injustificados, fallas en el fluido, y un largo etcétera de irregularidades. Estas distribuidoras cubren 19 de los 22 departamentos del país y tienen 1.7 millones de clientes.

Ambas empresas pasaron continuamente de manos; en 2011 fueron adquiridas por el fondo de inversión inglés Actis, y en 2016 las obtuvo la estadounidense I. C. Power Ltd., propiedad de Kenon Holdings. En 2017 fueron vendidas a I Squared Capital, de Estados Unidos.

Desde 2008 CODECA lidera la resistencia contra estas empresas extranjeras, promoviendo en las comunidades la negativa al pago de recibos, efectuando conexiones fuera de los contadores y exigiendo la nacionalización del sistema de energía eléctrica. Han sido numerosos los dirigentes de CODECA que han sufrido persecución, atentados y asesinatos. En las elecciones de 2019 su brazo político, el Movimiento Para la Liberación de los Pueblos, obtuvo el cuarto lugar en la votación de primera vuelta. Por eso los diputados de extrema derecha no tienen empacho en declarar que las reformas va dirigidas contra CODECA; obviamente será muy difícil que sean penalizadas las empresas hidroeléctricas y de agroexportación que roban el agua a las comunidades cuando desvían el curso de los ríos.

Rechazamos enérgicamente ambas iniciativas de ley, pues pretenden reprimir las protestas y la resistencia de las organizaciones populares contra el bloque de empresarios, militares, funcionarios y políticos que se proponen instaurar un régimen autoritario, que les permita saquear los recursos públicos con impunidad. Llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas y populares a organizar un frente contra la represión, y exigir la derogación de estas nefastas leyes.