Por Leonardo Ixim

La alianza legislativa que el Movimiento Semilla estableció en el Organismo Legislativo con partidos de derecha que lavándose la cara se desmarcaron con el bloque conservador golpista ante el claro hecho de no tener mayoría legislativa,  pero sobre todo por la campaña que los partidos golpistas como VAMOS, Valor, Unionista y otros (ahora en la oposición) contra el partido gobernante, tiene muchas debilidades.

Si en un primer momento (pese a ganarle la conformación de la Junta Directiva del Congreso de la República) lograron con el apoyo de las Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad que los 23 diputados de3 Semilla se convirtieran en independientes ante el ilegal hecho de la acción judicial de poner en suspenso  la ficha partidaria; la presidencia dirigida por ex jefe de la policía Nery Ramos del minoritario Partido Azul, pareciera dar cierta estabilidad a la acción de gobernabilidad de Semilla.

Es decir, esta tan mentada gobernabilidad – que igual se replicó a nivel de consejos municipales y en menor éxito en las gobernaciones departamentales aun sin concluir – no es más que una base social y política para ejercer algún tipo de autoridad de parte del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Autoridad que implica ejercer la dominación burguesa respondiendo algunas demandas sociales y cooptando liderazgo, situación que ya lo vimos en los gobiernos de Álvaro Colom y Alfonso Portillo, pero con el compromiso electoral de hacerle frente a la rampante corrupción, donde se observa algunos hechos puntuales en ese sentido.

 De tal forma que este gobierno y su alianza oficialista en el Congreso tiene que contrarrestar las campañas de la ultraderecha para defenestrarlo, especialmente desde la trinchera del Ministerio Publico y sobre todo navegar en aguas turbulentas del modelo económico y social neoliberal, donde también debe mostrar cierta diferencia ante la demanda electoral, pero sin poder ni querer romper con los grupos de poder económico.

Tal situación se vio recién con la destitución de la ministra de medio ambientes Maria Jose Iturbide una ex funcionaria del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, pero afín a los lobbys empresariales de la supuesta responsabilidad ambiental. Y aunque bajo la causa por el uso indebido de recursos (vehículos) para la hija de esta, Iturbide había tenido criticas después de avalar el estudio de impacto ambiental que formo parte de los procedimientos para autorizar la mina de Cerro Blanco, en Asunción Mita y que tiene el rechazo en las poblaciones locales y del El Salvador, al estar cerca de la línea fronteriza.

Volviendo al Congreso de la República,  algunos logros ha tenido la alianza oficialista, como la aprobación de la ley de tarjetas de crédito donde regula los acosadores procedimientos de cobro a los tarjetahabientes pero que no toca el punto medular, que son las altas tasas de interés que los operadores de tarjetas aplican sobre los usuarios.

Así quedan pendiente otra de los ofrecimientos de campaña de Semilla, como la ley de competencias, Guatemala es uno de los pocos países en América Latina sin esta regulación, que de hecho es mencionado en la Constitucional Política sobre la necesidad de regular los monopolios. Existen tres proyectos legislativos y el consenso en el Congreso, reflejo de los intereses burgueses de aprobar tal legislación.

Pero el hecho está que ninguno de estos proyectos va al fondo de la prohibición de los monopolios. Por ejemplo, vemos como en países capitalistas desarrollados, esta es una constante de todos los donde vive aplicando multas y otras medidas por las prácticas monopólicas de los grandes grupos de la burguesía. Pero es más, los proyectos en discusión no tocan un punto fundamental que afecta a la economía popular, es decir el establecimiento de precios de parte de estos grupos, sobre todo de los bienes básicos para la subsistencia de la clase trabajadora,  pues la formación de precios se da a partir las ventajas monopólicas en la producción y en la distribución.

Como corolario, Daniel Pascual dirigente del Comité de Unidad Campesina, señalo que la  violación a los derechos humanos a las comunidades campesinas, siguen en aumento y ante eso podrían salirse de la mesa de conflictividad agraria que el gobierno conformo con esta y otras organizaciones, mostrando así las dificultades del partido de gobierno para lograr cierta base social rural.

Los socialistas centroamericanos consideramos que no se debe tener más expectativas con Semilla y  el gobierno de Arévalo y Herrera, de las que un partido de orientación democratista puede dar. Urge organizar un Encuentro Nacional de Luchas Populares con diversos sectores de las clases populares, trabajadoras y los pueblos, ante la limitación del programa de Semilla y la embestida ultraderechista.