Por Armando Tezucún

El martes 28 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo envió oficialmente al Congreso de la República el proyecto en que solicita una ampliación del presupuesto de gastos del Estado por Q 14 mil 451 millones. Desde hace varios meses se esperaba que el Ministerio de Finanzas y el Ejecutivo presentaran este requerimiento, en vista de las vicisitudes que acaecieron en el proceso de aprobación del presupuesto estatal para 2024.

El tortuoso proceso del presupuesto 2024

Recordemos que, a finales de octubre del año pasado, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso emitió el aval para el proyecto de presupuesto, iniciativa de ley 6279, habiendo introducido modificaciones que lo convertían en una trampa para el futuro gobierno de Arévalo y el Movimiento Semilla. Entre otras cosas, la iniciativa estipulaba que la colocación de bonos por parte del gobierno para financiar el gasto público, debía pasar por la autorización del Congreso, una situación que nunca se había dado; de esta manera, el gobierno quedaría sujeto a los caprichos de la oposición de derecha vinculada a las estructuras de corrupción, dejándolo con las manos atadas. El 30 de noviembre, la aplanadora oficialista en el Congreso aprobó el proyecto de presupuesto con 115 votos a favor, por Q 124 mil 879 millones.

Pese a las protestas de numerosos sectores, el 14 de diciembre el entonces presidente Alejandro Giammattei dio su aval al presupuesto 2024. Sin embargo, el 18 de diciembre la Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar a un amparo provisional que dejó en suspenso el presupuesto del presente año; con esta decisión de la CC, quedó vigente el presupuesto estatal de 2023, que asciende a Q 118 mil 624 millones, bastante menor que la solicitud que hizo el equipo económico del Movimiento Semilla ante el Congreso, que llegaba a Q 126 mil 679 millones. Desde entonces iniciaron los planes del nuevo oficialismo para solicitar ajustes al Congreso para poder cubrir los gastos programados del gobierno en temas como salud, educación, seguridad, desarrollo social, etc.

El gobierno presenta solicitud de ampliación presupuestaria

El ministro de finanzas de Arévalo, Jonathan Menkos, habiendo definido el monto de la ampliación que sería solicitada, empezó a barajar el momento en que el requerimiento sería introducido al Congreso, pues el 15 de mayo iniciaría el receso parlamentario de medio año, que suspende las sesiones plenarias, que se retomarán en agosto. Sin embargo, en septiembre inician las discusiones sobre el presupuesto estatal para 2025, lo que disminuiría el interés de los diputados en ventilar una ampliación del gasto de 2024. Ya el 23 de mayo Menkos inició el cabildeo por el incremento presupuestario, reuniéndose con la Junta Directiva del Congreso y los jefes de bloque de los partidos aliados CABAL, Visión con Valores, UNE y VOS.

Finalmente, el oficialismo decidió presentar el proyecto el 28 de mayo, en pleno receso parlamentario. La ampliación solicitada se justifica con una actualización del nivel de ingresos tributarios esperados para el presente año, con un incremento de Q 13 mil 500 millones, y Q 1 mil millones por utilización de recursos de caja (La Hora 13/05/2024).

El destino de los fondos solicitados

El gobierno, como mencionamos, destinará los nuevos recursos a las áreas de educación, salud y seguridad. Específicamente, se menciona la habilitación de dos mil radiopatrullas, la reparación de diez mil escuelas, el funcionamiento del Programa de Salud Escolar, la atención de enfermedades crónicas no trasmisibles y cáncer, la inversión en agua, saneamiento ambiental, adoquinado de calles, construcción y mejora de caminos rurales, la ampliación del Programa del Adulto Mayor, apoyo a artistas nacionales, a las clases pasivas del Estado y más recursos para el programa de veteranos del ejército. El Ministerio de Comunicaciones tendrá Q 950 millones para fortalecimiento de la red vial, proyectos de preinversión de obra pública y la realización de estudios iniciales de nuevas líneas del transporte urbano (Prensa Libre 28/05/2024).

No detallaremos acá los montos destinados a cada rubro; solamente debemos señalar que la ampliación de fondos debe ser acompañada de la fiscalización del gasto por parte de las organizaciones que representan los intereses del pueblo trabajador, para evitar que caigan en manos de los mismos corruptos que siempre se han beneficiado de los recursos del Estado. Por ejemplo, es notorio que la mayor parte del dinero destinado a “Fomento a la Inversión y Empleo” (Q 5 mil 210.9 millones), está asignado a las municipalidades y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), en teoría para proyectos de agua, saneamiento, drenajes, caminos rurales, educación y salud. Estas entidades tienen un largo historial de falta de capacidad para ejecutar los fondos, de falta de transparencia y de manejo corrupto de los fondos. Los alcaldes, la mayoría de los cuales pertenecen a los partidos de oposición al gobierno, con harta frecuencia están coludidos con los Codedes para manosear todos estos proyectos de inversión pública y enriquecerse ilícitamente con estos fondos. Por ello corresponde a las organizaciones populares fiscalizar, denunciar y presionar por todos los medios para cortar de raíz a las estructuras corruptas enraizadas en estas instituciones de los municipios y departamentos.  

La oposición cuestiona la ampliación presupuestaria

Las bancadas opositoras en el Congreso ya empezaron a plantear objeciones a la solicitud de ampliación presupuestaria. Si bien el oficialismo espera que sea aprobada en junio, aprovechando la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias, evitando que se traslape con la discusión del presupuesto 2025, los opositores ya solicitaron tiempo para analizar la propuesta, citar al ministro Menkos para que explique el proyecto, etc. 

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del legislativo, expresó: “Es una ampliación grande, es casi como un presupuesto y habrá que escuchar a las instituciones que harán con los recursos, asumiendo que se pueda aprobar a principios de julio porque la comisión debe tener una discusión con transparencia (Prensa Libre 30/05/2024). Incluso las bancadas aliadas expresaron que necesitan estudiar con detalle el documento, “Creemos que el país necesita de inversión, principalmente en temas de infraestructura, seguridad, educación y salud. A lo interno de la bancada tenemos que conversar sobre la ampliación presupuestaria … Habrá que ver si estamos a tiempo o si nos enfocamos en ejecutar el presupuesto 2024. O bien, ponerse las pilas para el presupuesto del 2025, todo esto lo vamos a analizar” (Ídem).

Los opositores más recalcitrantes han empezado a criticar la solicitud señalando que el gobierno ha tenido una ejecución deficiente de sus recursos, “Es lamentable y triste cómo pretende pedir al Congreso una ampliación cuando decían que el 40 por ciento del presupuesto se iba en corrupción. Si se jactan de decir que no son corruptos, ahí debería de estar el presupuesto” (Ídem).

¿El gobierno pactó con los corruptos?

Según la denuncia de un medio de comunicación, durante el mes de mayo el Ministerio de Finanzas pactó con diputados de diferentes bancadas la asignación de fondos para obras en el marco de la ampliación presupuestaria. Estos fondos serían ejecutados a través de las municipalidades y los Codedes, utilizado empresas propiedad de los diputados, o vinculadas a ellos, tal como se hizo reiteradamente en los gobiernos de Alejandro Giammattei y Jimmy Morales. Si se compara la cantidad de habitantes y el nivel de pobreza prevaleciente en los distintos municipios se ve claramente que no se utilizó ningún criterio técnico, pues localidades con altos niveles de pobreza recibirán menos fondos que municipios donde el nivel es más bajo. En total, la ampliación destinada a los Codedes asciende a Q 1,675 millones; con ello, estas entidades recibirían durante el año Q 5.06 millardos, Q 732 más que en 2023 (EPInvestiga 10/06/2024). Tal parece que el gobierno de Arévalo no ha tenido empacho en pactar con los corruptos de siempre, con tal de que la ampliación sea aprobada por el Congreso.

La popularidad del gobierno va a la baja   

La preocupación del gobierno de Arévalo es que el presupuesto de 2023 no alcanza para cubrir los gastos de los ministerios, y de hecho, algunos ministerios están al borde de quedar desfinanciados, como los de Salud, Educación y Desarrollo Social. De acuerdo al viceministro de finanzas Walter Figueroa, de la ampliación solicitada, Q 9 mil millones serán para funcionamiento, y el resto para inversión. El mal funcionamiento de los servicios básicos para la población redundará directamente en el índice de aprobación y popularidad del gobierno.

Esto ya se vio reflejado en un estudio de opinión pública realizado por la agencia CID Gallup, según el cual la opinión favorable de los encuestados sobre Arévalo disminuyó del 78% en enero al 64% en mayo. Sin duda esta tendencia continuará si el costo de la vida no disminuye, y si la población percibe que el gobierno no es capaz de frenar a las estructuras corruptas enquistadas en el sistema de justicia.

Las organizaciones sindicales, indígenas y populares tienen ante sí el reto y la tarea de romper con las ilusiones sobre el gobierno de Arévalo, incapaz de combatir efectivamente la corrupción e incapaz de romper sus lazos con el empresariado y los imperialismos estadounidense y europeo. Las compañeras y compañeros tienen en sus manos asumir la lucha independiente y clasista contra estos males que afectan al pueblo trabajador.