Por Armando Tezucún

Durante los gobiernos de extrema derecha que se sucedieron entre 2012 y 2023, se incrementó el control sobre las instituciones del Estado por parte de grupos mafiosos integrados por empresarios emergentes poco escrupulosos, abogados, funcionarios de justicia, diputados, militares, crimen organizado y, en no pocas ocasiones, empresarios pertenecientes a los grupos de la oligarquía tradicional. Los cuatro expresidentes dejaron la puerta abierta para que las mafias hicieran todo tipo de negocios a costa de los fondos del Estado, dando como resultado un funcionamiento desastroso de los servicios públicos, como salud, educación, y especialmente infraestructura.

Una de las instituciones afectadas por estos negocios turbios es el Aeropuerto Internacional La Aurora, el principal del país, ubicado en la ciudad capital. La negligencia e irresponsabilidad de los anteriores gobiernos dejó a la terminal aérea con una serie de carencias y deficiencias como falta de aire acondicionado, fallas en las bandas para transporte de equipaje, en los ascensores, en las gradas eléctricas y máquinas de rayos equis; además, se reportan cortes de energía eléctrica, falta de agua, servicios sanitarios en malas condiciones y largas filas para pasar las ventanillas de migración.

Al nuevo gobierno de Bernardo Arévalo, que se anuncia como democrático, progresista y anticorrupción, le toca recuperar al país de la catástrofe que dejaron los gobiernos anteriores, y hacerlo rápido, presentando logros a mediano plazo, para responder a las expectativas de la población que le dio el voto y su confianza. Pero el presidente se encuentra acorralado por las mafias, que se quedaron con el control del sistema de justicia y el poder legislativo; además, está comprometido con los imperialismos estadounidense y europeo que le dieron su respaldo durante la crisis política de finales del año pasado; y también tiene acuerdos con las organizaciones de la burguesía que le dieron el aval durante dicha crisis.

Por eso, en vez de apoyarse en la movilización y las acciones de la población indígena y urbana que salió a las calles a defender el voto democrático el año pasado, ha tenido una actuación errática y timorata en los primeros seis meses de gobierno, que denota la falta de voluntad para enfrentar a las mafias de forma contundente. Los imperialismos y los empresarios esperan, ante todo, que mantenga el orden y la estabilidad, y que privilegie los acuerdos con ellos.

En este marco, el pasado 18 de junio el mandatario Arévalo participó en el Primer Congreso de Infraestructura: Aeropuerto, Eje del Desarrollo Inclusivo. Este evento fue organizado por la entidad empresarial Fundación Para el Desarrollo, la Cámara de Industria y la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Durante su intervención, el presidente anunció el lanzamiento de una alianza público-privada (APP) para recuperar el Aeropuerto La Aurora. Afirmó que, debido a la negligencia y la corrupción, el país no ha podido tener la infraestructura necesaria para competir: “Carreteras, puertos y aeropuertos están encadenados por la codicia y desvergüenza de unos cuantos. Nuestro aeropuerto debería de ser el más importante de Centroamérica y la puerta con la que Guatemala proyecta al mundo su potencial, pero es un obstáculo para el desarrollo” …  “Esta alianza permitirá asumir juntos, gobierno y sector privado, los grandes desafíos de esta terminal, complementando el ingenio, agilidad y capacidad del sector privado con la certeza y estructura que solo el Estado puede brindar” (Prensa Libre 18/06/2024).

Fernando Suriano, viceministro de Transporte, aclaró que las bases de licitación para la alianza estarán listas en un plazo de un año, con una inversión prevista de US$ 100 millones, priorizando Q 240 millones, media vez el Congreso de la República de su aprobación. Por su parte, Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, aclaró que no se trata de privatizar la terminal aérea, y que, mientras está lista la licitación se preparan ocho contratos para rescatar el aeropuerto en las áreas que más urge. 

Sin embargo, dos días después, Arévalo aclaró que la intervención público-privada se concretará en unos cuatro o cinco años, al momento de ampliar el aeropuerto, y que probablemente se haga mediante una empresa de capital mixto. Probablemente el primer anuncio lo hizo para congraciarse con los empresarios en el mencionado congreso. En todo caso, ahora sabemos que el presidente ya contempla este tipo de alianzas con el empresariado, que no significa otra cosa que la población tendrá que pagar por los servicios públicos el tiempo que dure el acuerdo entre el Estado y los inversores privados, tal como pasó con la Autopista Palín-Escuintla.