Por Marcos Galicia

La demanda de aceite de palma africana ha aumentado en los últimos quince años (Palm Oil Report 2024 – In the shadow of the oil palm), y se utiliza para la producción de alimentos. Pero debido a ese incremento de la demanda, las empresas que se dedican a su producción necesitan más tierra para su cultivo y en Guatemala han encontrado el lugar ideal para sus negocios debido a la corrupción del Estado, que les ha permitido desplazar forzosamente a comunidades indígenas, contaminar ríos, violar derechos laborales y, en última instancia, asesinar a líderes comunitarios. Todo esto sin que haya justicia o investigación por parte del Ministerio Público de Consuelo Porras.

Hoy exponemos el caso del agricultor Francisco Pop Ico, originario del departamento de Petén, quien fue un dirigente comunitario que denunció las violaciones a los derechos humanos provocadas por la empresa aceitera “Industria Chiquibul S.A”, y que dicha empresa había criminalizado a Francisco por “detenciones ilegales y amenazas”. Francisco fue asesinado el 17 de octubre a balazos mientras manejaba su motocicleta camino a casa.

La criminalización es una táctica utilizada por la oligarquía y los poderes locales para silenciar las voces que denuncian la corrupción de intereses económicos y políticos. Y así como muchos otros casos, el caso de Francisco podría quedar en la impunidad. Recientemente hubo elecciones en el Organismo Judicial en donde se eligieron magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, en donde se quitan y ponen jueces. Con estas últimas elecciones hay una mínima probabilidad de que se pueda realizar un cambio a favor de las comunidades indígenas.

El día siguiente a su asesinato, Francisco debía presentarse a una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, con sede en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Esto pondría en evidencia la colusión entre estas empresas y organizaciones criminales con el aval de los gobiernos locales.

En medio de la crisis climática, en donde Guatemala está en una posición vulnerable ante los cambios drásticos del clima (como hemos visto en los últimos inviernos con fuertes lluvias), se sigue priorizando el “crecimiento” económico a expensas de los territorios ancestrales y del medio ambiente, lo cual nos pondrá en una posición más vulnerable frente al cambio climático. El nuevo gobierno prometió en campaña detener los abusos contra los pueblos indígenas y también luchar contra la destrucción del medio ambiente.

En los últimos años, el sistema de justicia benefició a los intereses económicos de las empresas aceiteras, pese a las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y el daño ocasionado a la biodiversidad y el medio ambiente.  El cultivo de palma africana ha talado bosques nativos, ha secado fuentes de agua dulce y han contaminado ríos (sin mencionar la flora y fauna que ha sido desplazada). Seguimos sin poder acceder a la justicia para el medio ambiente y para las comunidades.

El negocio de este tipo de aceite solo beneficia a unas pocas personas y familias a expensas de la destrucción de áreas protegidas como lo es la Sierra de las Minas en Guatemala, en donde habitan más de 500 especies de animales y de donde nacen más de 60 ríos que abastecen de agua a miles de familias en el país. Pese a que la normativa de la Ley de Áreas Protegidas no permite las plantaciones de palma aceitera en dicha área, los cultivos siguen expandiéndose.

Los movimientos sociales, sindicales y universitarios tenemos un compromiso para detener el asesinato y la criminalización de liderazgos que denuncian la corrupción. Estas empresas han despojado de su tierra a campesinos pobres y están destruyendo nuestra biodiversidad. Debemos confiar en nuestros propios esfuerzos y luchas sin esperar el apoyo de este nuevo gobierno. Pero que esto no nos detenga de seguir exigiendo a los gobiernos que pongan un alto estas masacres y la destrucción del medio ambiente.

Y ante el asesinato de Francisco, y otras decenas de liderazgos, están emergiendo expresiones religiosas y espirituales, como algunas iglesias cristianas que acompañan a las comunidades en sus luchas y que desde su fe denuncian estos atropellos a los derechos humanos. Hacemos un llamado a las centrales sindicales para que tomen manos en el asunto y tomen las medidas para que el crimen contra el compañero Francisco Pop no quede impune.