Por Carlos Alberto Funes

El día jueves 29 de abril el ministro de educación y eterno dirigente traidor del magisterio; Alejandro Ventura, destituyó arbitrariamente a 17 directores departamentales, bajo el argumento que la Procuraduría General de la República había dictaminado como ilegal el concurso efectuado en el mes de abril del año 2009, sin dar explicaciones públicas del por qué tal ilegalidad.

Los ganadores de dicho concurso fueron nombrados en el mes de diciembre cuando aun permanecía el gobierno espurio de Micheletti, dichos nombramientos los realizó la Junta de Selección, quien para bien o para mal, es la encargada de hacer tales nombramientos, dicha junta está conformada por representantes de los 6 colegios magisteriales y por representantes del gobierno, para hacer los nombramientos se hace bajo consenso aplicando la Ley del Estatuto del Docente, aunque a veces ellos mismos quebranten la ley, lo que si es cierto es que los nombramientos salen cocinados desde ahí, la respuesta inmediata de la vanguardia de la base del magisterio fue tomarse las direcciones departamentales y exigir la anulación de tales despidos, ante esta situación la dirigencia convocó a asambleas y movilizaciones los días 29 y 30 de abril, amenazando con seguir en la presente semana con los paros de no anular el gobierno tales despidos.

En el mes de febrero los activistas del Partido Nacional –ahora en el poder- se tomaron las direcciones departamentales exigiendo el despido de los directores departamentales para nombrar a diestra y siniestra. Fue así que; después de una asamblea convocada por la FOMH se determinó ir a expulsar de la dirección departamental de San Pedro Sula a los activistas cachurecos. Ahora, ante la toma de las departamentales por parte de la base del magisterio han sido los activistas cachurecos confabulados con maestros afines al gobierno del golpista Porfirio Lobo los que han expulsado de las direcciones departamentales a los maestros que defienden la ley.

El gobierno confabula contra el Estatuto Docente

La intención del maestro traidor y  ahora ministro del gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo es crear un andamiaje administrativo para iniciar una ofensiva en contra del magisterio, la violación a la ley ha iniciado y esto solo demuestra que no les interesa la educación pública. También ha iniciado en estos últimos días una confabulación entre la Procuraduría General de la República, la fiscalía y el Poder Judicial para introducir en la Ley general de Educación la prohibición de que el maestro se ausente del centro educativo por asistir a marchas populares o bien; para defender y exigir derechos que otorga la ley. Le exigirán a los directores de los centros educativos que hagan los reportes de los maestros y maestras y las sanciones que se aplicarán será la deducción salarial del día faltado y en casos de reincidencias el despido.

La Ley General de Educación aún no se ha aprobado y no se conoce el documento final por aprobar, el cuál debe ser consensuado entre el gobierno y la dirigencia magisterial, pero tener un andamiaje a favor le permitirá al gobierno heredero del golpe aprobar lo que quieran sin importarles el consenso. Ya lo demostraron con el golpe de estado del 28 de junio del 2009.

Pero la arremetida también es en contra del salario de los docentes, según la Ley del Estatuto Docente el aumento de este año debe tener como referente el aumento al salario mínimo, pero el gobierno heredero del golpe maniobra para asestar nuevamente un garrotazo al magisterio, hay un decreto de ley dentro de la ley de emergencia fiscal que en lo referente al pago de los docentes plantea que: “En el ejercicio fiscal 2010 en materia salarial del gremio magisterial, para ajustar el sueldo base y sus colaterales y el valor de la hora clase, se aplicará el incremento porcentual que se establezca al salario mínimo aprobado para este año o en su defecto…el determinado en base a la inflación promedio  esperada para este año” (El Tiempo, 19/04/2010). Estas últimas 12 palabras no las contempla el estatuto y sin duda alguna que; darán lugar a una nueva lucha del magisterio ya que la inflación promedio perfectamente puede ser manipulada por los entes financieros del gobierno.

Existe también una iniciativa de ley introducida en el Congreso Nacional de parte del diputado nacionalista Renán Inestroza con la finalidad de abrir la carrera de magisterio en instituciones privadas, con el único objetivo de privatizar la educación pública.

El reiterativo discurso del gobierno y de la empresa privada -sobre lo que se entiende por calidad de la educación- es únicamente en lo referente a que los docentes cumplan con los 200 días de clases como mínimo en el año lectivo, para hacer más presión mediática tienen como aliados a los medios periodísticos que se confabularon con el golpe de estado y la Asociación de Padres de Familia Volvamos a Clases, asociación que organizó el alcalde golpista Ricardo Álvarez con activistas del Partido Nacional, refiriéndose al conflicto iniciado por Porfirio Lobo la presidenta de tal asociación aseguró que “..no es posible que del presupuesto de la misma secretaría de educación sigan pagándole a los maestros que no dan clases, nosotros vamos a solicitar que en cada centro educativo haya aunque sea un padre de familia como supervisor, para verificar que los maestros que están laborando de verdad cumplan con su trabajo”. También manifestó que pedirán ante la fiscalía y el Tribunal Superior de Cuentas sanciones económicas para maestros faltistas. (El Tiempo, 03/05/10).

Todos los grupos que exigen los 200 días de clases tienen como objetivo retirar al magisterio de la lucha popular, el magisterio ha sido en esta década el sector más fuerte en contra de los gobiernos de turno y por este motivo se han empeñado en golpear fuertemente al sector que se convirtió en la columna vertebral en contra del golpe de estado. La calidad educativa es la suma de muchos factores como las condiciones físicas de las instituciones, las facilidades pedagógicas para impartir las clases, la capacitación constante de los docentes, el mobiliario, el transporte, la seguridad, la situación socioeconómica de los alumnos, el pago a tiempo de los salarios de los maestros, etcétera. Con cada acción en contra del magisterio lo único que demuestran es que no les importa en lo mínimo la calidad de la educación pública.

La dirigencia también es culpable

Pero la dirigencia sigue timorata y se duermen en sus laureles, tanto es así que el presidente del COPRUMH, Edgardo Casaña, refiriéndose a la participación del magisterio en las marchas de la resistencia aseguró: “Le avisamos a los padres de familia que tienen sus hijos estudiando en el sistema de educación pública que no habrá problemas de atención ni los tendrán durante el resto del año”, El Tiempo (22/04/2010). Estas palabras del Presidente del COPRUMH han quedado sin valor al iniciarse el nuevo conflicto y a la actitud del gobierno de seguir planteando la forma de pago que no es acorde con lo que tipifica el Estatuto del Docente.

La demagogia también es de parte de la dirigencia; si bien es cierto que el magisterio debe mantenerse en la lucha popular, también es cierto que esa dirigencia debe capacitar políticamente al maestro para que este acepte la responsabilidad de reponer el tiempo cuando la situación lo amerite. El ejemplo más patético de esta situación se dio cuando después de la lucha en contra del golpe de estado en el 2009, la dirigencia determinó que se trabajaría hasta el mes de diciembre y si era posible hasta el mes de enero, sin embargo, fue otra la realidad y a inicios de noviembre ya casi todo el magisterio se encontraba de vacaciones.

El magisterio debe volver a ganarse la confianza de los padres y madres de familia, pero solo se logrará cuando haya una dirigencia capaz de plantear propuestas educativas serias y capaces de formar a la base, una dirigencia que no se preocupe solamente por disfrutar de las prebendas que otorga el poder y un docente que demuestre en el aula que le interesa impartir educación de calidad.

El llamado es a toda la base del magisterio de que deben mantenerse vigilantes y atentos a cualquier ataque en contra del Estatuto Docente, el gobierno de turno y la empresa privada aliados con medios informativos no descansarán hasta sepultar el Estatuto. Es obligación de todo maestro defender y exigir el cumplimiento de la Ley que regula la educación.