Por Michell Molina

Nuevamente los maestros llaman a huelga…  Magisterio nacional otra vez a paro…

Estas y otras muchas son las expresiones que bombardean al sector magisterial hondureño en los medios de comunicación golpistas o personas particulares no vinculadas al gremio ni a la resistencia. Y es que desde siempre nos ha tocado pelear nuestras conquistas en las calles; hace más de treinta años que comenzó la lucha por la aprobación del Estatuto del Docente, lográndose esta aspiración hasta el año de 1997 durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, siendo presidente del Congreso Carlos Flores.

A partir de entonces los encontronazos magisterio-gobierno han sido cada vez más reñidos; en el 2004, durante el gobierno de Ricardo Maduro se libró una gran batalla en la que, el magisterio en su totalidad se aglutinó en la ciudad de Tegucigalpa por casi dos meses de manifestaciones, plantones y tomas de carreteras hasta conseguir el compromiso del Estado en respetar el pago de los colaterales por años de servicio, zonaje y calificación académica. Este fue el primer intento por desbaratar el estatuto del docente, pero la unidad granítica de las bases del magisterio fue inquebrantable.

Atentados contra el Estatuto del Docente

A comienzos del gobierno de Manuel Zelaya,  el Estatuto del Docente sufrió otro atentado pero nuevamente el magisterio volvió a las calles a reclamar sus derechos y se consiguió el compromiso de pagar el Programa de Ajuste Social y Calidad Educativa (PASCE) o bono en trimestres anuales en compensación a las pérdidas obtenidas en el gobierno de Maduro. Este compromiso fue cumplido por Manuel Zelaya a diferencia de los gobiernos golpistas que se mantienen dándole largas al pago respectivo. Esta situación ha llevado a disgustos a la base del magisterio

Así desde que los diferentes colegios magisteriales se aglutinaron en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), el magisterio se ha convertido en el sector más beligerante de la clase obrera; durante el golpe de estado se mantuvo en un 80% en protesta contra ese delito constitucional y fueron los maestros quienes engrosaron las filas del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) desde su creación.

Durante este año se han hecho dos convocatorias a paro por incumplimiento al pago de los docentes, una huelga de hambre en protesta a la destitución arbitraria de 17 Directores Distritales y, en esta última semana del mes, han estado en manifestaciones, plantones y tomas de edificios públicos y carreteras,  en protesta por el nombramiento de diputados en plazas docentes, la deducción del salario a muchos docentes a nivel nacional, la amenaza de privatizar la educación a través de la nueva Ley de educación y la municipalización del sistema.

Desgraciadamente el fantasma del  gorila con garrote en mano sigue apareciendo en las protestas del pueblo; el jueves 29 de julio, durante la toma pacifica que realizaba el magisterio en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán (DDEFM) una facción de la policía a mando del oficial Suazo llegaron a desalojar a los manifestantes a eso de las 6:pm después de tres días de toma. Al día siguiente durante la toma de la carretera panamericana que va hacia el sur del país se presentó un contingente de la policía quitándole a los manifestantes el acceso a ambos carriles de la carretera por lo que, la toma de carretera se convirtió en movilización de una sola vía evitándose la obstrucción del tráfico y del comercio que es el objetivo principal en una toma de carretera, con lo cual se evidenció la negligencia e improvisación de la dirigencia, además de que aun no se cuenta con el apoyo de la totalidad del magisterio.

Lastimosamente, una parte de la base todavía no toma conciencia de la gravedad y el peligro que implica cada uno de los problemas que surgieron por las irregularidades cometidas en esta administración y se ha mantenido en clase argumentando que la pérdida de clase no beneficiará al estudiante. Lo que desgraciadamente ignoran o no le han puesto la atención debida es al problema que trataré de detallar a continuación.

La nueva Ley Orgánica de Educación

La mayor amenaza que está inquietando a la base consiente del magisterio es la aprobación de una nueva Ley orgánica de educación con la cual se pretende reducir las obligaciones del Estado con la ciudadanía en formación. Entre otras cosas se busca:

1) Que el Estado atienda la educación básica hasta noveno grado y no hasta que el estudiante culmine su carrera a nivel de bachillerato, esto significa dos cosas; una, que los institutos que antes brindaban carreras como educación comercial, bachillerato técnico, bachillerato en ciencias y letras y magisterio pasarán a brindar solamente la educación básica hasta noveno grado o lo que también se le llama ciclo común y dos, que  el ciudadano deberá por lo tanto costearse su profesionalización en instituciones privadas. Eso por una parte, y por la otra, al disminuir el nivel educativo que se brinde en los centros de enseñanza, disminuirá también el personal docente que labore en ellos ¿Qué pasará entonces con los compañeros docentes que tienen sus horas clase en este nivel?

2) Regular la edad de escolaridad en el nivel medio para que el estudiante ingrese al séptimo grado a los 15 años y egrese del noveno a los 18. Esto indica que serán excluidos del nivel medio aquellos alumnos que por diversas razones hayan tenido dificultades en su promoción anual hasta sexto grado y, una vez egresados del nivel medio quieran profesionalizarse o si han excedido el rango de edad establecido, tendrán que pasar a instituciones privadas para culminar sus estudios. Actualmente el Estado tiene la obligación de brindar educación gratuita hasta culminar el diversificado o bachillerato, lo que nos muestra que la verdadera intención es reducir el gasto en educación y frustrar el derecho a la superación del ciudadano común.

3) Certificar las instituciones educativas según estándares de calidad por entes privados. Aquí al Estado se le olvida su cuota de responsabilidad en el mantenimiento de las instituciones educativas, ya sea a nivel de estructura física como de capacitación y actualización permanente del personal docente, por lo que, muchos de nuestros centros de enseñanza no estarán calificados y correrán el riesgo de ser cerrados o que sus egresados sean denominados como no competentes y por lo tanto no puedan emplearse, aumentando así el desempleo y sub-empleo.

Todo esto es parte de las políticas externas que desgraciadamente no han sido consensuadas ni con el magisterio, ni con el pueblo. A grandes rasgos se demuestra que con este tipo de ley el pueblo será más afectado que beneficiado, contrario al resultado que tendrá la empresa privada. A esto sumémosle la pretensión de establecer contratos de trabajo por jornadas de medio tiempo, con lo cual se reducirá, no solo el tiempo de trabajo, sino también el salario, la experiencia, el nivel profesional, las prestaciones y demás derechos del trabajador, entonces, al bajar el sistema de trabajo se necesitará también obreros con bajo perfil, con lo que ya el ciudadano dejará de lado las aspiraciones profesionales y pasará a engrosar las filas de la ignorancia. Esto le conviene al imperialismo pues, un pueblo ignorante no reacciona, no protesta, no argumenta, no reclama.

Llamado de alerta

Cada hondureño debe estar consiente del peligro que acarrea una reforma educativa como esta pues aquí el afectado no solo es el gremio magisterial como lo quieren hacer ver por los medios de comunicación haciendo declaraciones basados en que el Estatuto del Docente debe ser revisado y derogado para no seguir favoreciendo al sector más privilegiado de Honduras.

Cada hondureño debe estar consiente de que el 99.9% de la población pertenecemos a la clase obrera y campesina, clase que se mantiene a nivel de sobrevivencia y que con medidas como estas pasaremos viviendo a base de milagros gracias a la providencia divina.

Por lo tanto, cada hondureño debe estar claro que el problema central de esta lucha magisterial va más allá del salario, va dirigida a la defensa de la educación pública, al derecho del hondureño de recibir educación gratuita y de calidad, que esta calidad no son solo los doscientos días de clase, sino también que el maestro empleado cumpla con los requisitos establecidos en la ley en cuanto a ser un profesional docente y no un activista político, diputado afín al partido de gobierno, familiar o amigo del funcionario.

Hacemos un llamado al FNRP a unirse a esta lucha digna, a que se haga presente en las acciones de protesta como un frente amplio y graníticamente unido en favor del campesino, del obrero, de cada sector organizado y no organizado (amas de casa, pequeños comerciantes, etc.) y por ende, a redireccionar la lucha teniendo como consigna favorecer al pueblo y no a una burocracia politizada.

El llamado va también para el alumnado, padres de familia y pueblo en general a que se sumen a las movilizaciones, plantones y demás en reclamo al derecho a la educación.

Por una Patria liberada de la ignorancia, mantengámonos en pie de lucha.

Hasta la victoria siempre.