Por Maximiliano Fuentes

El domingo 22 de mayo del presente año se firmó el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras; dicho acuerdo fue firmado en la ciudad de Cartagena de Indias, luego de las gestiones y el proceso de mediación conducido por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y además por el gobernante venezolano, Hugo Chávez.

El Acuerdo de Cartagena con la bendición de Chávez

A partir de ese momento culminaba un proceso de negociación que tuvo sus distintos momentos: (San José – Guaymuras –Cartagenas – Caracas), que a pesar de desarrollarse en distintos espacios tenían la misma intención: desviar el intenso proceso de movilización abierto tras el derrocamiento del gobierno de Zelaya el pasado 28 de junio de 2009. Resulta evidente inferir las verdaderas intenciones de los acuerdos, que entre otras cosas busca desarticular la capacidad de organización y de lucha del pueblo de Honduras, pero también canalizar el proceso a través de la institucionalidad de la democracia burguesa. Como saldo del proceso de negociación tenemos las imposiciones antidemocráticas de la dirección ya que se tomaron medidas a espaldas de las bases del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y se decidió de forma antidemocrática el futuro político del Frente, así mismo se entregó la lucha y se puso a disposición los cambios a través de las figuras introducidas por los golpistas, es decir, el plebiscito y el referéndum.

La aspiración de una nueva Asamblea constituyente que modificara el orden de las cosas y que derrumbará el excluyente modelo político para dar mayor participación al pueblo, quedo diluida tras la rúbrica de los acuerdos. Para los marxistas revolucionarios, resulta evidente que el nuevo pacto social entre el Estado y el pueblo sería el resultado de un proceso de transformaciones y de lucha política constante, no obstante, tras los acuerdos los cambios son controlados desde las alturas y son los empresarios y los oligarcas que emprendieron el golpe de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos los que introducirán las modificaciones a la constitución de la república.

La reforma del artículo 5 de la Constitución preparó el camino

Basta revisar el acuerdo para darse cuenta de la forma como se entregó las banderas de lucha por la transformación social. Es por ello “…que la reforma al Artículo 5 de la Constitución hondureña regula la convocatoria de plebiscitos con procedimientos claramente establecidos, lo cual permite la posibilidad para que el pueblo pueda ser consultado. Dicha reforma faculta a todos los sectores a iniciar los procedimientos legales para la realización de un plebiscito y así someter a la voluntad del pueblo de manera directa las decisiones políticas, sociales y económicas a través de las nuevas figuras constitucionales del plebiscito y referéndum. Por lo tanto, la solicitud que el Ex Presidente Zelaya ha manifestado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente se enmarcará en estos mecanismos de consulta.

En tal sentido, el Gobierno de Honduras se compromete a tomar las medidas que estén en el marco de sus atribuciones legales, a velar por los derechos electorales de los ciudadanos, así como a encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la realización de plebiscitos en la República de Honduras, cuando dicho proceso sea iniciado por algún sector, con total respeto de las atribuciones legales de los poderes del Estado, las cuales se complementan en los trámites relacionados con dichos procesos.”

Desde hace semanas venimos alertando sobre la verdadera naturaleza de los acuerdos que dejan a un lado las aspiraciones de la población hondureña por implementar una nueva sociedad bajo la idea de una nueva constitución. El golpe de Estado contra el gobierno de Zelaya evidencio la profunda crisis del régimen y el modelo de gobierno impuesto por las clases elites de Honduras que durante mucho tiempo han mantenido distintos instrumentos de dominación y han impuesto en sus distintos gobiernos de turno sus planes de hambre y de miseria.

La lucha contra el golpe de Estado mostró el enorme descontento de los hondureños con las estructuras avasalladoras de la oligarquía y la cúpula empresarial, las elecciones montadas por la dictadura fueron el indicador que permitió verificar el poco respaldo de la población a la farsa electoral, es por ello que tuvieron que inflar los datos y anunciar por los distintos medios de comunicación de su propiedad el éxito del proceso, sin embargo la realidad era otra, dado que la poca participación no respaldaba a ninguno de los candidatos y a las instituciones de los golpistas.

Un Acuerdo reaccionario

El acuerdo firmado por Zelaya y respaldado por Chávez no solo legitima al gobierno continuador del golpe de Estado y le permite retornar a los organismos multinacionales, sino que contribuye a darle vida a un régimen y una forma de gobierno que no goza de la credibilidad y de la participación popular. El modelo anterior no sólo se debilito tras el quebrantamiento del Estado de derecho sino que la institucionalidad se derrumbó tras el golpe de Estado, es por ello que la participación del FNRP dentro de la institucionalidad burguesa contribuye a dar continuidad a las estructuras de poder de los golpistas.

El acuerdo es tácito en lo que refiere a ese punto “Reafirmando el compromiso asumido por el Gobierno de Honduras de garantizar el proceso de fortalecimiento de la vida democrática del país con participación política en igualdad de condiciones, en particular, en el contexto del presente Acuerdo, para el Frente Nacional de Resistencia Popular”.

Es por ello que el acuerdo garantiza “velar por el cumplimiento de todas las garantías que la ley concede para que el FNRP su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y participe democráticamente en los procesos políticos electorales de Honduras y para que pueda integrar los organismos oficiales de carácter político electoral en igualdad de condiciones. En este contexto y con total respeto de los procedimientos y atribuciones legales, encomendar a la Comisión de Seguimiento que verifique el cumplimiento de los procedimientos a seguir para la inscripción del FNRP en un ambiente de cooperación y transparencia.”

Es licito señalar que esta medida contradice la posición de la Asamblea Nacional del FNRP del pasado 26 y de febrero, así mismo manifestamos que las condiciones en la realidad social no se han modificado, todo lo contrario, el régimen de Porfirio Lobo continua arremetiendo contra las conquistas de los trabajadores y aplicando sus planes de miseria contra el pueblo de Honduras.

El castigo a los golpistas y cercenadores de la vida queda en el olvido

Tras la firma del acuerdo el castigo a los violadores del orden constitucional y de los derechos humanos durante la lucha contra la dictadura quedan en la impunidad y en el olvido. Por el momento, será la misma institucionalidad de los golpistas la encargada de investigar y aplicar las sanciones correspondientes.

“Admitiendo que durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se compromete a atender sus denuncias, y así coadyuvar a la reconciliación de la sociedad hondureña en un marco de garantías verificables, respetando el trabajo de todas las organizaciones de derechos humanos y a la espera del apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Coincidiendo en la conveniencia de contar con un acompañamiento solidario de la Comisión de Seguimiento conformada por los dos mediadores del proceso de reconciliación nacional en la República de Honduras, que podrá ampliarse a otros países de común acuerdo entre las partes;”

Es por ello que el acuerdo establece “Reconocer la creación de la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras, hacer seguimiento a las recomendaciones hechas a Honduras como resultado de haberse sometido al Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, y coordinar y concertar la cooperación y apoyo de Naciones Unidas y otros organismos internacionales para fortalecer las políticas públicas y las capacidades nacionales para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en Honduras. En la misma línea, la presidencia hondureña invitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU a que instale una oficina en Honduras.”

Frente a lo anterior, nosotros preguntamos, que pasará con nuestros mártires, se enjuiciara a los autores intelectuales y físicos de los asesinos de aquellos que ofrendaron lo mejor de su existencia por el futuro de las nuevas generaciones de hondureños. Simplemente admitir la violación de derechos humanos no garantiza la cárcel para los asesinos o la vuelta a la vida de nuestros amados compañeros, por ello consideramos que la firma de ese documento es una bofetada a la memoria y familiares de nuestros mártires.

Nuestro rechazo a la imposicion

Por todo lo anterior que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) repudiamos el Acuerdo firmado por Zelaya y las fuerzas golpistas representadas por Porfirio Lobo y refrendado por Hugo Chávez por ser contrario al proceso de lucha por la democratización de Honduras, porque mantiene inalterables las estructuras de poder de los golpistas, porque ha sido impuesto a las bases del FNRPy porque pretende convertir a esta organización en un partido electoral, uno más del régimen antidemocrático y golpista.