Por Maximiliano Fuentes

Recientemente se introdujo a la cámara legislativa el proyecto de reforma de Ley de educación superior. El cuarto decreto de reforma constitucional fue introducido anoche al pleno del Congreso Nacional para reformar el Consejo Superior de Educación y las atribuciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El diputado nacionalista Ricardo Díaz Aceituno introdujo el decreto en el cual se establece que el Consejo Superior de Educación estará integrado por seis miembros de las universidades públicas e igual número de representantes de las universidades privadas. De aprobarse la reforma constitucional que fue turnada anoche por el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, a la comisión legislativa de asuntos constitucionales, le reduce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la facultad de normar la educación superior en Honduras.

El anteproyecto incluye reformas a los artículos 156, 159, 160 y 161 de la Constitución de la República. La Constitución otorga a la UNAH “la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional….”, en coherencia con los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), al concebir que “la educación es un bien público y un derecho humano”.

Dichas reformas lesionan los principios constitucionales contenidos en los artículos: 156, 159, 160 y 161. Pero al margen  de la violación, la reforma lesiona de forma profunda la educación pública, ya que pretende crear un consejo Universitario de Educación Superior integrado por las distintas universidades, entre ellas las privadas, para que regulen y organicen el sistema de educación superior.

Frente a esta propuesta, las autoridades universitarias organizaron una movilización para exigir no se aprobara dicha propuesta de Ley. Evidentemente, al ser un año de elecciones primarias y considerando las aspiraciones de Juan Orlando Hernández de ser electo como candidato presidencial de su partido, el proyecto de Ley fue engavetado para evitar que el desprestigio popular se acrecenté y se refleje en las próximas elecciones.

Lo peor de todo, es que los medios de comunicación han publicitado que el proyecto de ley fue suspendido por la intervención de la rectora y las autoridades universitarias, aunque nos desmeritamos en lo absoluto el papel de los estudiantes y docentes universitarios que sin duda alguna se movilizaron por la defensa de la educación pública.

Pretenden lavarse el rostro

Las autoridades universitarias pretenden lavarse el rostro tras asumir de forma “heroica la defensa de la autonomía universitaria”, sin embargo, la defensa de la autonomía necesariamente pasa por una crítica del modelo capitalista y de las autoridades universitarias, responsables de haber malversado fondos y despilfarrado el presupuesto universitario a través de actos ilícitos, y que en el fondo lo que defienden es el estatutos quo imperante. “Los casos de corrupción denunciados y cometidos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) son preocupantes. Irregularidades en las deducciones de las cuotas sindicales, duplicidad de secciones, venta de monografías, falsificación de títulos, injerencias en la clasificación y reclasificación de personal docente, pagos indebidos a la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras (FEUH), asignaciones presupuestarias indebidas a empresas constructoras, convenios ilícitos con la Federación de Fútbol, son solo apenas algunas de las irregularidades que se cometieron en la última década…” 

Por otro lado, los precarios desembolsos del Estado a la Universidad y la reducción de los presupuestos han puesto en detrimento la calidad educativa de la UNAH. Así mismo, la mala administración y gestión de las autoridades han permitido el desarrollo de las Universidades privadas, que hoy por hoy, a nivel de calidad educativa y gestión académica, en algunos casos, su desempeño es más eficiente. Tampoco haremos apología de las universidades privadas, ya que su afán no es el de contribuir con el desarrollo social y el bienestar común, sino el de acrecentar el capital de sus socios a través de la venta de servicios educativos. Es precisamente por esa razón que el Estado debe seguir supervisando y regulando la educación superior, dado que la empresa privada no puede y ni debe dirigir uno de los bienes sociales, a saber: la educación.

Es por todo lo anterior, que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los docentes, estudiantes y trabajadores universitarios para que constituyamos un frente común en defensa de la UNAH y de la educación pública, y para ello proponemos los siguientes ejes.

El rechazo total de la propuesta de Ley que lesiona la educación pública

Aumentar el presupuesto de la UNAH para desarrollo proyectos de vinculación, investigación y docencia.

Integrar los organismos de dirección de la UNAH a través  de procesos democráticos y transparentes.

Un aumento general de salarios de acorde a la inflación y al costo de vida. Distribución equitativa y eficiente de becas estudiantiles.