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Jue, Nov

Por Maximiliano Fuentes

El día martes 14 de febrero de 2012,  tuvo lugar un  suceso sin precedentes en la historia reciente  del país y de América latina. Más de 370 reclusos murieron quemados por las llamas de fuego y asfixiados en la granja penal de Comayagua.  Según organismos de derechos humanos, el incendio pudo haber sido provocado por agentes de la policía y empleados administrativos del centro penal, pero independientemente de las causas que posibilitaron el hecho, evidenciamos la política de represión selectiva del Estado de Honduras y concretamente del régimen de Porfirio Lobo contra los miembros de maras y las pandillas.

“La cifra de muertos en el incendio del centro penal de Comayagua, en la zona central de Honduras, crecía este miércoles a 377 víctimas, según el nuevo recuento proporcionado por las autoridades..

El dato incluye a reos desaparecidos que bien pudieron darse a la fuga durante la conflagración, o que fueron calcinados por el fuego.

La tragedia, la mayor que se recuerda en la historia de los centros penitenciarios de Honduras, mantenía conmocionado al país.

Los muertos en el incendio que se produjo a las 11:50 de la noche del martes podrían superar los 400, según han admitido las autoridades hondureñas en declaraciones radiales.

"Hay 272 muertos confirmados, pero creemos que son más de 300" los fallecidos, dijo el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla más temprano este miércoles.”

Responsabilidad del Estado y precariedad de los centros de reclusión

Distintas voces han denunciado el hecho, y es muy probable que haya una intención del régimen de Porfirio Lobo en masacrar a pequeños sectores de la sociedad organizada en maras y pandillas, no obstante, probar lo anterior resulta un tanto complicado, y fácilmente se puede incurrir en la especulación si no se cuenta con las pruebas del caso. Pero resulta extremadamente curioso que en los gobiernos nacionalistas se repitan situaciones similares.

Pero ante lo evidente, no requerimos de explicaciones fundamentadas en la ciencia, el más sano sentido común nos permite describir lo obvio.  Resulta notorio la precariedad de los centros penales, durante años han venido funcionando con presupuestos raquíticos y bajo condiciones infrahumanas, el hacinamiento y una deficiente política administrativa han sido las causas de violentos sucesos durante los últimos diez años.   “Los sucesos macabros ocurridos en las cárceles del país en los últimos diez años muestran el desatino con que las autoridades gubernamentales han manejado el tema penitenciario al entregárselo a una entidad policial que se desvió del camino de servir y proteger.

Hasta 1984, Honduras  había manejado su sistema carcelario utilizando la Ley Reglamentaria de Presidios de 1909. En 1984 hace a un lado la antigua normativa y crea la Ley de Rehabilitación del Delincuente que tiene vigencia hasta 1998.
Hasta ese momento, las cárceles del país son manejadas sin mayores incidentes.

Todo fue que erróneamente -como lo señalan algunos conocedores del tema- al crearse la Ley Orgánica de la Policía mediante decreto 156-98, de fecha 26 de mayo de 1998, se le entrega el manejo administrativo y operativo de las prisiones a la Policía y comenzó el desastre. Para ello se crea una Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos y surgen las denuncias de corrupción a lo interno de algunas cárceles. Se denuncian a ciertos directores de presidios de estar confabulados con gente del crimen organizado que custodian, y de quienes recibieron carros como regalos por ciertas canonjías. Asimismo, se desatan las matanzas. El 12 de noviembre de 1999, en el vetusto centro penal de San Pedro Sula, mueren 11 personas y 31 resultaron heridas.

El 5 de abril de 2003 en la granja penal de El Porvenir, La Ceiba, perecen masacrados 65 reclusos y tres visitas, como consecuencia de un régimen disciplinario de facto. El 17 de mayo del 2004 se incendia parte del penal de San Pedro Sula y se calcinan 107 pandilleros. A partir de ese entonces, se calma la situación en las cárceles del interior del país, pero continúan las carnicerías en la Penitenciaría Nacional. El sistema requiere atención urgente. La crisis desborda, pero las autoridades gubernamentales hacen muy poco. Miran el tema con indiferencia. La noche del 14 de febrero recién pasado llega la catástrofe. Se quema parte de la granja penal de Comayagua y los muertos ya suman 359.”[1]  

Esta situación violatoria, ha alertado a los funcionarios del actual administración, ellos mismos han reconocido que  “Las demandas en contra del Estado hondureño luego del siniestro en el Centro Penal de Comayagua, son “inminentes”, indicó la secretaria de Derechos Humanos Ana Pineda, tras recomendar se deben respetar los protocolos para la investigación.

La funcionaria señaló que las demandas por parte de los familiares y la condena "irreversible" de organismos internacionales, ante la catástrofe son indetenibles.

“El gobierno se esta preparando para recibir demandas. La Secretaria de Derechos Humanos ha hecho un pronunciamiento para que se vea esto. Se deben investigar las distintas versiones”, añadió.

Manifestó que “tenemos que prepararnos para cuando Honduras pague por violación a derechos humanos se deduzcan las irresponsabilidades de los funcionarios o responsables de estos hechos”. (..)La funcionaria reconoció que existe “un problema de derechos humanos, pues los privados de libertad no son vistos como sujetos de derecho. Las cárceles son bodegas en nuestro país y las condiciones que se tienen son malas”.

Expresó que “los centros penitenciarios no están construidos con el diseño arquitectónico para dar las condiciones y están sobre poblados. Hay instalaciones eléctricas hechas de manera cacera. Las condiciones de agua, no siempre hay para la higiene personal. Esta es una situación que no se puede desconocer”.

Sostuvo que “el Estado debe tener condiciones garantes. El problema es que las condiciones no se han construido en el país. No se han hecho esfuerzos para solventar esto”.[2]

El carácter cíclico de la historia: los nerones nacionalistas

Los sucesos históricos, en determinadas épocas y situaciones parecieran repetirse, los incendios que han arrasado la granja penal de Comayagua y los mercados de Tegucigalpa parecieran ser objeto de una orientación política del gobierno de Porfirio Lobo, la verdad es que hay muchos cabos sueltos, y aún no se proporciona las verdaderas causas del suceso. “..Existen varias hipótesis acerca de cómo se inicio el incendio en los mercados capitalinos.

Uno de los propietarios de uno de los puestos del mercado dice que el fuego inicio cuando una piñata se incendio en el interior de uno de los negocios, otras personas hablan de una sobrecarga y cortocircuito dentro también de uno de los negocios. Una de las primeras hipótesis que se maneja fue la explosión de uno de los chimbos de los postes del tendido eléctrico…”[3]  

Al margen de lo anterior, resulta curioso que el suceso se haya dado en la misma semana del incendio de la granja penal de Comayagua, no es ajeno pensar que el mismo sea una maniobra para desviar la atención y las acusaciones contra el régimen.

Lo cierto, es que las desgracias de muchos ha sido extremadamente aprovechada por las aves de rapiña del nacionalismo. Hemos visto a Miguel Pastor, actual ministro de SOPTRAVI y al alcalde capitalino y aspirante a la presidencia Ricardo Alvarez hacer proselitismo político para acrecentar su asentimiento político a partir de la desgracia y la histeria colectiva provocada por los grandes incendios. Esta faceta de la realidad hondureña es un tanto parecida a lo ocurrido Gran incendio de Roma al incendio que arrasó parte de la ciudad de Roma durante el verano del año 64, reinando Nerón como emperador. el incendio se inició o la noche del 18 al 19 de julio  del año 64, o la noche del 19 de julio, y que la ciudad ardió por espacio de al menos cinco días. La destrucción que causaron las llamas fue importante; según Tácito, cuatro de los catorce distritos de Roma fueron arrasados, y otros siete quedaron dañados. Quizá lo más relevante del gran incendio fueran sus consecuencias. Por un lado, la historiografía cristiana señala este hecho como la raíz de la primera persecución a los cristianos, ya que, tras el incendio, Nerón culpó a éstos de haber provocado el fuego, y muchos cristianos fueron ajusticiados por ello.

Al margen de las verdaderas intenciones, desde el Partido Socialista Centroamericano PSOCA  demandamos que se forme una comisión de investigación con los familiares de las victimas, que renuncie el ministro de seguridad Pompeyo Bonilla, y el Director de Centros Penales. Que se investigue y castigue a los culpables, y que el Estado indemnice a los familiares de las victimas. Por otro lado, demandamos la entrega inmediata con sus respectivas autopsias de los cadáveres a sus familiares. De igual manera, que el Estado de Honduras indemnice a los pequeños comerciantes que perdieron sus  pertenencias en el incendio en los mercados capitalinos, y que reconstruya los mismos garantizando las condiciones optimas para el desarrollo de la actividad comercial de los locatarios.

 

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