Por Justino Díaz

La idea de justicia es una de las más promulgadas en la  historia de la filosofía política. Así, para Platón, la justicia “es una convención del alma y no una virtud nacida del fondo mismo del hombre, es decir, la justicia es una idea imperecedera que no es adquirida sino que es parte de la naturaleza del alma”. Los sabios para Platón eran los que estaban determinados a gobernar, y consideraba que una ciudad justa es gobernada por filósofos; por otra parte los guerreros eran los que contaban con la virtud, de la voluntad representada por la valentía; y por último el trabajador, el cual debería cumplir con la virtud de la templanza, para que pudieran cumplir plenamente con sus funciones. Mientras que para Aristóteles, su definición de justicia se motiva y sustenta de la idea de Platón, es decir él señalaba que la justicia radica en dar a cada cual lo que se merece. Esto es, si una persona es un trabajador, debe cumplir bien con sus funciones y aceptar resignadamente lo que se le designó y que conforme cumpla con esto, será merecedor de su forma de vida.

No obstante, en la modernidad la idea de la justicia  fue sufriendo cambios. En la filosofía moderna, la justicia social proviene  de Hobbes, de Locke, y de Rousseau. No tiene el mismo significado que podemos encontrar en Platón, Aristóteles, Agustín o Aquino, para quienes la justicia es una hábito personalmente adquirido. Existe sólo en su práctica. En un gobierno justo, los ciudadanos en  ejercicio libre adquieren las virtudes respecto a otros. Dependiendo de si los ciudadanos son justos o injustos, un gobierno diseña sus instituciones políticas para llevar a cabo el fin por el que la gente elige vivir. En un régimen injusto, los ciudadanos no practican justicia hacia los demás. En su análisis de los regímenes políticos, Aristóteles justificó las distintas instituciones en función de la tendencia a esos fines. A causa de la dificultad en adquirir la virtud, un régimen bueno era improbable que durase.

De esta manera,  el término justicia ha adquirido diversos significados a lo largo de la historia, según el objeto al que se refiera y los presupuestos ideológicos o éticos desde los que se propone su definición. 

La “justicia social” en Honduras

La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz duradera.

Sin embargo, en un país como Honduras estos supuestos teóricos no se cumplen, o más bien, y para ser más explicito, la justicia  es parcializada y favorece a los grupos élites y a los grandes empresarios. Es tan grande la desigualdad que gran parte de la población vive con  dos dólares diarios, casi la mitad de la población vive en la exclusión social. Por otro lado, Honduras es uno de los países de la región centroamericana con el peor sistema sanitario. De igual manera,  Honduras se encuentra entre los países de menores ingresos de América Latina y el Caribe, con una incidencia de pobreza por hogares, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  de un 60.0% en 2011 y una pobreza extrema por hogares de 40.4% en 2006, que disminuyó en 1.3 puntos porcentuales al 2010 (39.1%). El crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) hondureño disminuyó de 6.6% en el 2006 a  2.8% en el 2010. Este  débil crecimiento del PIB, comparado al crecimiento de la población, resulta insuficiente para ejercer un impacto significativo sobre los niveles de vida de la población.

Estos indicadores económicos reflejan enormes desigualdades y contradicciones sociales. En este momento Honduras ocupa el primer lugar de los países más violentos y de mayor criminalidad en el mundo. Ante tanta carencia y falta de oportunidades, amplios sectores de la sociedad, incluyendo varias instituciones del Estado, se han involucrado en el crimen organizado o en la corrupción y los negocios ilícitos, como una de las pocas maneras que quedan para perpetuar su existencia. Digo lo anterior, por la tasa de desempleo, que para el año de 2010 era la de un millón quinientos mil hondureños sin empleo. Pero los porcentajes aumentan, la tasa de desempleo durante del mes de enero del 2011 subió a un 44 por ciento de la población económicamente activa, según las autoridades de la Secretaría del Trabajo. "Es una aproximación de un 44 por ciento de la población económicamente activa la que está sin trabajo, porcentaje que se da por la incorporación de los jóvenes a esa etapa de la edad productiva".

Diputados legislan en función de poderosos y empresarios

Durante nuestra historia política reciente hemos podido presenciar la manera como las distintas bancadas de los partidos políticos legislan en función de los grandes poderosos y empresarios hondureños. Recordemos, que fueron los mismos diputados que en este momento se anuncian como los más fieles defensores de la democracia quienes ejecutaron el golpe de Estado, los que mostraron documentos falsos donde el Ex Presidente Zelaya estampaba su firma para respaldar una falsa renuncia.

De igual manera, nombraron como presidente espurio a Roberto Michelleti Bain tras la expulsión de Zelaya del poder a través de un golpe de Estado, y meses más tarde lo condecoraron como héroe nacional.  Así mismo, durante la actual administración se han aprobado una serie de leyes y decretos que favorecen a los empresarios y desfavorecen a los trabajadores, por ejemplo: la ley del Inpremah, la  desindexación salarial para los docentes y los distintos gremios profesionales que cuentan con estatutos profesionales, la introducción de paquetes fiscales y la creación de nuevos impuestos, y por si fuera poco, los distintos contratos de energía eléctrica que favorecen a empresas transnacionales. Como podemos observar, en Honduras no se legisla en función de los más pobres y más necesitados, ni siquiera se tributa bajo los principios establecidos por la constitución, dado que quienes más tienen son los que menos dan.

La inoperancia de los órganos administradores de justicia

La corte suprema de justicia, así como todas las instituciones del Estado adolecen de los  mismos males: inoperancia, corrupción, violación de los principios establecidos en ley. La mora judicial es parte de esa inoperancia e ineficacia del sistema judicial en Honduras que para este momento es del 60%. En ese sentido, “según Juan Almendares Bonilla, ex rector de la UNAH y procurador de derechos humanos, la mora judicial es uno de los problemas más graves en Honduras donde se registra una mora judicial de casi un 60%. “Esto significa que muchas personas no han sido sentenciadas y tenemos alrededor de 12,000 personas privadas de libertad, lo que quiere decir que más de 6,000 personas no han sido sentenciadas, solo están en un proceso judicial y muchos de ellos son inocentes”, explicó.

Agregó que los entes gubernamentales deben de buscar soluciones primero para determinar la diferencia entre la capacidad para tener determinado número de personas en las cárceles y la disponibilidad en la mora judicial.”

Esta inoperancia afecta la situación de los centros penitenciarios, que por cierto, se encuentran en una profunda crisis producto de la sobrepoblación que se concentra en esos espacios. No podemos olvidar que de forma reciente en Honduras se han registrado los peores sucesos penitenciarios en América latina. Ejemplo claro fue lo ocurrido en febrero del presente año en la granja penal de Comayagua. Desde esa perspectiva, el mismo gobierno norteamericano se ha pronunciado a favor del indulto a los reos. Pero otro de los problemas violatorios de derechos humanos son los distintos casos sin resolver. Un reporte actual “…menciona el aumento de asesinatos sin resolver cometidos en Honduras como uno de los principales ejemplos de una tendencia mundial de discriminación e intimidación según la orientación e identidad sexual de las personas. Hasta ahora, la justicia hondureña demuestra incapacidad en esclarecer y deducir responsabilidades por 35 asesinatos perpetrados contra miembros de la comunidad gay y transexual. A mediados de marzo se contabilizaban al menos 35 casos de este tipo de asesinatos sin resolver.”

Cambiar el aparato de justicia

Por todo lo anterior, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los trabajadores organizados en sindicatos, gremios, a la población vinculada  a las organizaciones comunales y patronales a desconfiar profundamente de la institucionalidad de los ricos y empresarios. Tan solo un nuevo Estado que garantice la igualdad y la equidad en todas sus formas garantizará justicia social, por lo que debemos luchar decididamente para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que cambie el actual aparato de justicia, por un sistema de justicia que sea ejercido democrática y directamente por el pueblo. Para cumplir con tales fines se hace necesario erradicar el binomio ricos y pobres, suprimir las diferencias sociales y hacer que la sociedad progrese.  Lo anterior puede escucharse como un sueño, sin embargo, el futuro del país y de la humanidad entera corre a la suerte de la actividad revolucionaria de los trabajadores y del pueblo organizado.