Por Justo Severo Izquierdo

La crisis en el agro hondureño parece no tener fin. El día viernes 17 de mayo en el sector del Coowle, jurisdicción del municipio de San Manuel Cortés, un grupo de campesinos afiliados al Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM), fueron atacados vilmente por guardias privados de la Compañía Agrícola Hondureña S.A. (CAHSA).

La agresión dejó como saldo la muerte de dos campesinos: Valentín Avelar y Celso Ruíz; los heridos son Adolfo Melgar y un hijo del campesino Santos Melgar. Gerson Fajardo, vocero del movimiento dijo que “fuimos atacados por los guardias, quienes sacaron sus armas y sin mediar palabras comenzaron a dispararnos. Nosotros estábamos realizando una marcha pacífica para recuperar la tierra.” (Tiempo, 17/5/13).

A este mismo problema se liga la muerte de la señora Marilú Orellana. El hecho ocurrió el lunes 20 de mayo en la ciudad de El Progreso, a escasos minutos del área en conflicto. La víctima fue interceptada al salir de su vivienda a primeras horas de la mañana, por cuatro pistoleros que le dieron muerte sin mediar palabra. Orellana estaba afiliada al movimiento campesino de San Manuel y todo apunta que su asesinato le vino a raíz de la disputa por la tierra tres días antes en el Coowle, ya que no existe ningún otro móvil por el cual le hayan dado muerte, según sus compañeros de lucha.

Autoridades se pasan la papa caliente

Las autoridades encargadas de velar por los intereses y seguridad del campesinado hondureño se ven enfrascadas en acusaciones estériles entre ellas, para evadir su responsabilidad ante un conflicto serio que por años ha venido enlutando a las familias de los campesinos, sin que exista un cese definitivo a la problemática agraria. Según las estadísticas proporcionadas por Vía Campesina, son 103 los campesinos asesinados en el transcurso de dos años; esta organización denuncia represiones en la zona sur y La Paz contra grupos como la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras ANACH (Proceso Digital, 20/5/13). El 23 de mayo fueron desalojados campesinos del bajo Aguán por el batallón Xatruch, en la finca denominada “Paso Aguán” de 1000 hectáreas.

Ante toda esta ola de represiones y muertes violentas del sector campesino no hay ninguna institución que asuma con gallardía su responsabilidad. En el conflicto por la tierra en San Manuel Cortés, César Ham, director del Instituto Nacional Agrario (INA), reclamó la falta de agilidad en la toma de decisiones por parte del Consejo Nacional Agrario a cargo de Marco Ramiro Lobo, ya que el INA determinó en su momento expropiarle mediante resolución a la empresa CAHSA, una cantidad de hectáreas por no tener autorización de sobre techo del Estado. Ham cuestionó a Lobo por permitir que la empresa CAHSA mantenga en su poder por más de un año el expediente que contiene la resolución del caso.

Pronunciamiento del MOCSAM

Ante el ataque perpetrado a sus miembros, el MOCSAM y ADCP (Asociación para el Desarrollo Campesino del Progreso) elaboraron un pronunciamiento de ocho puntos entre los cuales destacan: La denuncia contra los guardias de la compañía CAHSA por el ataque sin mediar palabra, en presencia de la Policía Nacional al mando del comisionado Mejía quien pudo evitar el asesinato. Declaran que los campesinos afiliados al MOCSAM y ADCP no son invasores por el hecho que estas tierras pasaron a propiedad del Estado de Honduras, para fines de Reforma Agraria a favor de los campesinos, por un fallo de la corte de apelaciones de lo penal de San Pedro Sula, con fecha del 6 de marzo del 2013. Responsabilizan directamente de estos actos criminales al Presidente de la República, al Presidente del Congreso Nacional que desde hace 18 meses tiene engavetada la propuesta de ley de Transformación Agrícola Integral, al gerente general de la compañía CAHSA Enrique Solís y los asesinos materiales de los compañeros, uno de ellos identificado como César Cloother. Exigen al ministro de seguridad Arturo Corrales, que investigue los hechos denunciados y ordene a la policía que deje de proteger a los guardias de seguridad de esta; así mismo la captura inmediata de los asesinos materiales e intelectuales de los campesinos asesinados.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), se solidariza con la familia de todos los campesinos asesinados, y repudiamos todo acto vil y cobarde que atente contra la vida de cualquier luchador, al mismo tiempo exigimos al gobierno que solvente, como le corresponde, el conflicto agrario. Además, le hacemos el llamado a todos los sectores para unirnos y frenar toda embestida que atente contra los intereses de las clases populares.