Por Maximiliano Fuentes

Pocos días hacen falta para que se cumplan cuatro años de la ejecución del golpe de Estado contra el Ex Presidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales. El 28 de junio de 2009 será recordado por muchos, dado que ese día se violentó de forma abrupta el modelo gestado en la constitución de 1982, y marcó un proceso intenso de lucha que culminó con los Acuerdos de Cartagena de Indias respaldados por el Presidente Porfirio Lobo Sosa, José Manuel Santos de Colombia, el Ex Presidente de Venezuela Hugo Chávez y el mismo Zelaya. A partir de ese momento, el clima de intensas movilizaciones se diluyó en la euforia electoral, situación que aún persiste. Zelaya y sus más fieles colaboradores lograron imponer su política de desmovilización e introducirse en la pelea por el poder del Estado burgués a través del proceso electoral.

 

Lo paradójico de esto, no es la decisión de participar dentro del proceso electoral, sino más bien que con su participación se legitimó la institucionalidad golpista, dado que la naturaleza del Estado y de las instituciones que avalaron el golpe no se ha modificado; es más, al frente de estas instituciones continúan aquellos que contribuyeron a defenestrar al Ex Presidente Zelaya del poder. Por otro lado, las consignas programáticas que movilizaron a la población durante la lucha contra el golpe de Estado se diluyeron en el frenesí electoral, la idea de la constituyente o de la refundación del país a través de una Asamblea Nacional constituyente popular, soberana e independiente ahora es cosa del pasado.

Razones para luchar

La relativa calma obtenida tras la firma de los acuerdos políticos, le permitió a Porfirio Lobo obtener la legitimidad de su gobierno ante la comunidad internacional. Pero lo más desastroso para los trabajadores y sectores populares, fue la contraofensiva económica del actual gobierno contra el magisterio y los empleados públicos. Una serie de paquetazos, congelamientos de salarios, despidos masivos por el cierre de instituciones estatales, así como la falta de pago puntual en las fechas acordadas contractualmente bajo el argumento de que el Estado está en crisis y que no cuenta con los recursos para hacer efectivo el pago de salarios y otras prebendas. La reducción de los ingresos reales por el alto costo de los productos de primera necesidad, sumado a la política cambiaria del gobierno ha puesto en detrimento los ya reducidos ingresos del pueblo trabajador.

La desarticulación de los sindicatos y de los gremios profesionales ha sido una de las medidas políticas más significativas para el gobierno de Porfirio Lobo. El retroceso del magisterio nacional, sector del movimiento de masas más dinámico en la historia política reciente ha marcado una enorme derrota en las aspiraciones populares. Por otro lado, el sistema político instaurado en la constitución de 1982 permanece incólume, a pesar de las reformas cosméticas realizadas en la actual administración. La esencia del modelo político acentuado en el bipartidismo y la alternabilidad en el ejercicio de poder, por cierto repartido entre los sectores de la burguesía y la oligarquía hondureña, se manifiesta de la misma manera, aun cuando nuevos actores han hecho presencia en el terreno político electoral. La participación política no se da en igualdad de condiciones.

La violación de Derechos Humanos y el enjuiciamiento de los crimines políticos

Otra de las tareas pendientes es la que tiene que ver con el enjuiciamiento de los autores intelectuales y materiales de los crimines políticos, así como los que terminaron con la vida de cientos de compañeros y compañeras de la resistencia, incluyendo a nuestro amigo y camarada José Manuel Flores Arguijo, Isis Obed, Roger Abraham Vallejo, Wendy Ávila y otros. Nos resulta paradójico que los compañeros de Libre no exijan la investigación y el debido proceso para el esclarecimiento de los asesinatos cometidos durante la dictadura de Roberto Michelleti y los crímenes cometidos en el actual régimen contra cientos de campesinos y líderes comunitarios de las zonas de disputa de tierra.

Por lo anteriormente expuesto, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), hacemos un llamado al casi extinto Frente Nacional de Resistencia Popular, a la comisión política de Libre, centrales y federaciones obreras y los gremios magisteriales para convocar una enorme movilización el próximo 28 de junio. Las protestas de la clase obrera deben hacerse sentir para frenar la embestida política y económica del actual régimen. Solo la movilización permanente nos conducirá a una situación diferente.

Hemeroteca

Archivo