Por Justo Severo Izquierdo

Las esperanzas del pueblo hondureño de vivir en un país libre de crímenes, secuestros, asaltos, robos, extorsiones, se han diluido por completo de la mente de todos los ciudadanos. Es común levantarse por las mañanas y lo primero que brindan los distintos medios informativos es dar parte de masacres, cuerpos desmembrados, asesinatos por el cobro del impuesto de guerra, jóvenes ajusticiados por la pelea de territorios en el negocio del narcomenudeo, asaltos con saldos trágicos por oponerse al robo de cualquier pertenencia insignificante en autobuses, taxis, vehículos particulares, viviendas, lugares públicos etc.

Cifras escalofriantes

Honduras no logra revertir el penoso calificativo del país más violento del mundo; la cifra que la lleva a encabezar el podio es la tasa de homicidios que arroja la cantidad de 85.5 muertes por cada 100 mil habitantes. En cuanto a las muertes diarias, a partir del 2012 hacia el corriente mes, se registran 19.65, según las estadísticas del observatorio de la violencia de la UNAH. Lo más trágico para el país, es que en el presente gobierno en los tres años de gestión, han perdido la vida 20, 513 hondureños, sin contar los ciudadanos que han perecido de febrero para acá. Estos crímenes en un gran porcentaje quedan en la más grande impunidad.

Fracaso del gobierno en materia de seguridad

El gobierno de Porfirio Lobo ha elaborado una serie de estrategias fallidas con la intención de controlar la enorme criminalidad del país. Los decretos y cambios como la remoción de cúpulas policiales, decreto de emergencia para la depuración de la Policía Nacional de Honduras, la compra de cámaras de manera dudosa para controlar en los sectores de mayor circulación los delitos de robo, la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la policía Nacional (DIECP) como órgano regulador de la Policía Nacional, cuya función consiste en realizar las famosas pruebas de confianza, el decreto aprobado por el Congreso Nacional quien le brindaba plenos poderes Juan Carlos el “Tigre” Bonilla para aplicar medidas de emergencia con el fin de expulsar a todo miembro que deshonrara al ente policial. Todas estas medidas en nada han contribuido en frenar el flagelo de la violencia.

Tregua entre Maras y Pandillas

La desesperación del pueblo hondureño por encontrar una salida al conflicto es grande, a tal punto que hay sectores que han tomado la iniciativa, ante la desidia del gobierno, de hacer la lucha por su propia cuenta. En los últimos días ha sido muy sonada la noticia del pacto entre la Mara Salvatrucha MS-13 y la Pandilla 18, emulando la tregua recientemente hecha por los pandilleros del vecino país de El Salvador. Monseñor Rómulo Emiliani, líder de la Iglesia Católica, adoptó el compromiso de servir como mediador entre las dos Maras y así contribuir de alguna manera al cese de muertes violentas que se les atribuye a estos grupos delictivos. A Monseñor Emiliani le acompañó en este primer intento el Secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos Adam Blackwel quien también sirviera como mediador en El Salvador.

Ante esta realidad, El Partido Socialista Centroamericano siempre ha sostenido que el problema de la delincuencia y la violencia que estamos viviendo, lo ha originado el capitalismo sanguinario a través de las clases dominantes que permiten la exclusión, marginación y represión de los sectores más vulnerables de la sociedad. Al fenómeno de las maras y pandillas se les atribuye la mayor cantidad de hechos violentos, por lo tanto han sido víctimas últimamente del sistema corrupto imperante en las altas cúpulas; esto es aprovechado por “mareros” de cuello blanco y de altos rangos policiales para utilizarlos de instrumentos que coaccionen a la sociedad y elaboren el trabajo sucio para enriquecer sus bolsillos de manera ilegal.

Exigimos al Estado que de igual forma se le aplique todo el peso de la ley a las altas esferas que obligan a los pandilleros a cometer sus crímenes y todo acto delincuencial. A demás el Estado debe de asegurar que los jóvenes tengan derecho a una vida digna, brindándoles educación, empleo y zonas de esparcimiento cultural que obliguen a nuestros jóvenes a combatir el ocio.