El fiscal general Luis Alberto Rubí y el fiscal adjunto Roy Urtecho renunciaron para facilitar la maniobra del Partido Nacional

Por Maximiliano Fuentes

El Fiscal General de la república Luis Rubí y el Fiscal Adjunto Roy Urtecho renunciaron a sus cargos. Lo anterior no fue una sorpresa, dado que desde hace unos meses el Congreso Nacional de la república, presidido por el aspirante nacionalista Juan Orlando Hernández había ordenado intervenir el órgano administrador de la justicia por sus malos resultados. Los indicadores del Ministerio Público en la actual administración no son nada halagadores; en uno de los países de mayor violencia en el mundo, con una institución policial vinculada de forma directa al crimen organizado y al narcotráfico y una enorme mora judicial, la intervención del MP no pareciera ser algo extraño.

Amenaza de juicio politico

De esa manera, en el mes de abril del presente año se instaló la Comisión Interventora, que saco a la palestra pública la pavorosa corrupción de la institución. Con respecto al presupuesto se encontró un manejo inadecuado, personal nombrado sin estructura presupuestaria, uso irracional de viáticos nacionales y al exterior, y la distribución del presupuesto no obedece a actividades operativas.

Son abundantes las partidas para justificar gastos excesivos, uso indiscriminado de carros blindados “(…)Con respecto al manejo de Recursos Humanos, señaló el uso de políticas incorrectas, entre estas grupos privilegiados con acceso exclusivo a recursos, aumentos selectivos, abuso en nombramiento de asesores sin funciones específicas. Además, se encontró una distribución irracional de salarios devengados por personal administrativo y fiscales.” (La prensa.hn 2013)

No obstante, pese a las enormes irregularidades, la Comisión Interventora no recomienda el despido o la instalación de un juicio político en contra del fiscal general y adjunto, por lo que su renuncia tuvo que ser el resultado de una negociación entre las cúpulas. Hace cuatro años, Luis Rubí se convirtió en el principal aliado de las fuerzas golpistas y de la extrema derecha al librarle una feroz batalla al entonces Presidente Manuel Zelaya y su proyecto de consulta popular titulado Cuarta Urna. De hecho, contribuyó al sostenimiento del régimen espurio de Roberto Michelletti. Pero en las actuales condiciones y bajo la presión del gobierno norteamericano, sumado al descrédito de la institución policial, Corte suprema y Ministerio Público, había que prescindir de uno de sus más amplios colaboradores. Las amenazas del Congreso Nacional y de varios sectores de instalar un juicio político en contra del Fiscal General y adjunto del MP fue parte de la presión para hacer renunciar a los funcionarios.

El propósito de la maniobra

Los cambios en el régimen, las reformas constitucionales persiguen un único propósito: centralizar el poder político a través de la Asamblea Legislativa y despojar de potestades al poder ejecutivo. La creación del juicio político es la medida para legalizar los golpes de Estado y tener bajo su control a los demás poderes del Estado. Un ejemplo concreto de esta medida se aplicó en la república del Paraguay al Presidente consti

tucional Fernando Lugo, quien fue obligado a renunciar tras la instalación de un juicio político en la cámara legislativa. En nuestro contexto, la medida les fue aplicada a los magistrados destituidos, que marcaron una fuerte oposición con las propuestas de Ley impulsadas por Juan Orlando Hernández. Con seguridad el nuevo Fiscal General y adjunto serán cuadros políticos y de confianza del Partido Nacional, lo que le dará un mayor control sobre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Estas modificaciones aseguran el control casi total de la institucionalidad del Estado ante un eventual triunfo electoral de Xiomara Castro candidata a Presidente del recién fundado Libertad y Refundación (LIBRE).

Es por lo anterior, que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a las organizaciones obreras, campesinas, gremiales y sindicales a desconfiar de la institucionalidad impuesta por los mismos que contribuyeron a perpetuar el golpe de Estado. Más allá de las ilusiones puestas en la candidatura de Xiomara Castro, se debe de analizar la naturaleza del Estado y de sus instituciones, el nuevo gobierno estaría siendo contralado por el Congreso Nacional y cualquier medida que atente contra los intereses de la oligarquía y de la burguesía hondureña será puesta en tela de juicio y revocada.