El pueblo debe elegir directamente a los altos funcionarios publicos. Esta es la primera gran reforma democrática que debemos impulsar

Por Sebastián Ernesto González

Con las fraudulentas elecciones de noviembre de 2009 se comenzó un proceso de legitimación del golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales. Este proceso de legitimación consistió en una serie de acciones y decisiones sistemáticas, cuyos momentos cumbres fueron: –posteriormente a las elecciones generales del 2009- la toma de posesión de Porfirio Lobo sin la presencia del presidente de facto, Roberto Micheletti; la firma del Acuerdo de Cartagena que le permitió a Zelaya volver a Honduras y al país a reinsertarse en el ámbito internacional; la inscripción de 4 nuevos partidos incluyendo Libre; las elecciones internas del 2012 de los partidos Libre, Nacional y Liberal; la posterior inscripción de candidaturas independientes para las elecciones generales de noviembre de 2013, para ofrecer una gama de candidatos, de corrientes ideológicas y lograr que el pueblo se vuelque a votar; finalmente el golpe culminará su legitimación con las elecciones generales, donde los que tienen mayor probabilidad de ganar son la candidata Xiomara de Zelaya del Partido Libre y el candidato oficialista del Partido Nacional.

La Fiscalía: una institución ineficaz, golpista y asociada a los grupos de poder

El Ministerio Público entró en funcionamiento el 6 de enero de 1994. En 20 años de existencia no han logrado enviar a la cárcel a ningún delincuente de cuello blanco. El gobierno de Leonardo Callejas (1990-1994) es considerado como uno de los más corruptos en la historia democrática de Latinoamérica, de tal forma que los EUA le anularon la visa. Y nunca se tomaron acciones penales en su contra.

Muy recientemente se dio el caso de Héctor Tito Guillén, ex Ministro de Finanzas de Porfirio Lobo, a cuya esposa la encontraron llevando en su automóvil más de un millón de lempiras, cantidad de la que aún no pueden explicar su existencia de forma contundente. En estos casos la Fiscalía actúa displicentemente para que los acusados no vayan a la cárcel.

El papel de la Fiscalía en el golpe de Estado

El papel de la Fiscalía en el golpe de Estado fue vital, previa y posteriormente. Los fiscales extendieron un manto enorme de impunidad a los violadores de derechos humanos como militares y policías. De los casos directos en que la policía y militares asesinaron a miembros de la resistencia, no hay ninguno preso, como es el caso de Isis Obed, el de Pedro Magdiel, el de Wendy Ávila, las golpizas propinadas a Carlos H. Reyes, Marvin Ponce o muchos más que se manifestaron en contra del golpe de estado.

En el Bajo Aguán ya se cuentan más de 100 asesinatos y no tienen ni a un responsable preso, aun cuando esa zona se ha militarizado por orden de Porfirio Lobo, mientras a Bertha Cáceres la enjuician por su lucha con el Copinh, en la zona de Río Blanco, por la defensa del medio ambiente

La reforma al artículo 22 y la nueva Junta de proponentes

El pleno del Congreso Nacional reformó el artículo 22 del Decreto 228-93. La reforma plantea que la integración de la junta nominadora de los fiscales será convocada y presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), e integrada también por un magistrado, nombrado por el pleno de la misma. La integrarán también el rector(a) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); el rector(a) de una de las universidades que funcionan en el país; un representante del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) designado por su Junta Directiva; el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia (APJ). Sin duda alguna que todos los miembros –a excepción de la APJ- son controlados por los grupos de poder.

Los altos funcionarios deben ser electos directamente por el pueblo

En el año 2008 un grupo de fiscales se fue a huelga de hambre exigiendo la despolitización de la fiscalía y la eficiencia de la misma; la huelga fue apoyada por diversos sectores del pueblo, y aunque no se obtuvieron resultados concretos, se puso en evidencia la corrupción imperante en la fiscalía.

La clase trabajadora, empleados y fiscales del Ministerio Público están en la obligación de movilizarse para exigir que el nombramiento del fiscal general y el adjunto, no se realice por un reducido grupo de personas, aisladas del pueblo. Los Fiscales, como cualquier otro alto funcionario público, deben ser electos directamente por el pueblo, el único que puede revocar sus mandatos. La cercanía de las elecciones de noviembre nos brinda la oportunidad de realizar este tipo de elección. Para ello se debe luchar también por la derogación de la actual Ley y su reforma, porque ha sido producto de la voluntad de un reducido grupo de poder, y no refleja la voluntad democrática de la mayoría del pueblo.