Por Maximiliano Fuentes

A tres meses de haberse constituido el gobierno de Juan Orlando Hernández el martirio de los trabajadores de Honduras se ha incrementado ante el incesante incremento de los combustibles, los precios de alimentos y de la energía eléctrica.

Pero lo anterior no es el único problema, se le suma la ola delictiva, el aumento del desempleo, el despido de los trabajadores estatales, así como el desmembramiento del Estado ante la aplicación de las políticas de ajuste neoliberal.

Política económica contra los trabajadores

La política económica del gobierno de Juan Orlando Hernández se diferencia de la de su antecesor por la imperativa necesidad de la recaudación de tributos para amortiguar el pago de la deuda interna, misma que se disparó durante el gobierno de Porfirio Lobo. Para poder hacerle frente al pago de la deuda interna se debe de reducir el déficit fiscal, es decir, aumentar las recaudaciones y reducir el gasto público. En ese sentido, el gobierno anterior en los últimos días de su gestión aprobó de forma maratónica la ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión que estableció la derogación de las exoneraciones a la importación de mercancías, el aumento al impuesto de la importación de combustibles, amplió la base del Impuesto Sobre la Renta, redujo el subsidio a la electricidad y contempló un aumento del 3% al Impuesto Sobre Ventas (ISV) a los servicios de telefonía y televisión por cable.

Esta serie de medidas pretendían asegurar la recaudación apropiada para pagar la deuda contraída con los bancos nacionales; claro está, la intención fue trasladar a las espaldas de los trabajadores y consumidores el enorme costo del despilfarro ocasionado durante la administración de Porfirio Lobo Sosa.

A pesar de haber sangrado los bolsillos y los deteriorados ingresos de los trabajadores, la recaudación para el primer bimestre no es la esperada, aun cuando en el primer bimestre de 2014 se recaudó más impuestos que en el mismo período del año pasado. Según el Banco Central de Honduras (BCH), las recaudaciones suman L8,881.5 millones a febrero de 2014, mayor en L1,039.5 millones (13.2%) al registrado en ese lapso de 2013. No obstante, al compararse con la meta de ingresos tributarios aprobada en el presupuesto de ingresos de la administración central para 2014, que es de L63,143.6 millones, se concluye que el nivel de ejecución a febrero fue de 14%.

De la misma manera, parte de la política económica y de las medidas de emergencia introducidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández es la simplificación del aparato estatal reduciendo el presupuesto de Secretarías de Estado que fueron convertidas en Direcciones, como ocurrió con la Secretaría de Turismo y Cultura Artes y Deportes. Así mismo, se mantienen congelados los salarios de los trabajadores públicos y se continúan irrespetando los regímenes económicos de los estatutos gremiales.

Propuestas incorrectas de la oposición

Los trancazos a las grandes conquistas de los trabajadores estatales se han dado en un marco de desmovilización y de desmantelamiento de las organizaciones políticas de los trabajadores. La situación de retroceso y la contraofensiva económica del gobierno de Juan Orlando Hernández son el resultado del retroceso experimentado por las negociaciones libradas por el ex Presidente Zelaya y el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo. El giro equivocado de la dirección del FNRP que se plegó a la política electoral de Libre desmantelando los métodos de movilización y de defensa de la clase obrera, permitió la estabilidad del gobierno de Porfirio Lobo y el fortalecimiento del partido Nacional quien logró dividir el voto y de esa manera lograr la continuidad en el poder tras salir victoriosos en el último proceso electoral.

Ante el anuncio de Zelaya de proponer la creación de una Central Única de Trabajadores, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), consideramos que en las actuales circunstancias la clase trabajadora debe defender las organizaciones sindicales, gremiales y centrales obreras ya existentes, la lucha debe ser por la democratización de las mismas y sustituir las direcciones burocráticas por una nueva vanguardia que movilice a las bases en contra de las políticas neoliberales del régimen. Zelaya quiere atraerse a las dirigencias sindicales para hacer un bloque que le ayude a amortiguar le embestida del gobierno, pero no estamos de acuerdo que se utilice a los trabajadores como peones en la lucha entre grupos de poder. Luchamos por la independencia política de la clase trabajadora, cualquier propuesta unitaria debe salir de las bases, y no debemos apoyar maniobras de cúpulas. Por tal razón, este primero de mayo deberá de convertirse en el espacio que permita impulsar una política unitaria de lucha; solo las movilizaciones y la lucha popular permitirán restablecer las conquistas arrebatadas a los trabajadores.