La razón de la medida en palabras del Secretario Ejecutivo es la crisis financiera de la institución provocada por la rebaja de intereses que significó una pérdida de 35 millones por mes y la deuda de más de 1500 millones que el gobierno tiene y que está pagando con bonos. La decisión tomada fue apoyada solo por la representación gubernamental y los jubilados; el resto de Colegios Magisteriales se opusieron.

En el momento de justificar la baja de intereses los colegios magisteriales plantearon lo siguiente: "en los bancos los intereses son menores", "el INPREMA está asaltando nuestro salario" Tales expresiones no fueron argumentadas y al final se tomo una decisión política y no financiera. Además tales razones son fáciles de rebatir, veamos: es una verdad a medias asegurar que en los bancos se otorgan préstamos a más bajos intereses que en nuestro instituto de previsión; y aún cuando así fuera esto es relativo. Comprobemos lo anterior con un ejemplo, resulta que los préstamos en el sistema bancario están sujetos a ley de la oferta y la demanda, a las condiciones de liquidez o iliquidez y a las condiciones que establece la comisión de banca y seguros y el banco central. Significan que si las condiciones cambian de forma inmediata, también los costos de los préstamos igual suben. Y si usted se atrasa en un préstamo hipotecario con un banco que cree que le pasa, de manera inmediata lo sacan de la casa y pierde todo. En el caso del INPREMA, no conozco a algún afiliado que le hayan cambiado las reglas de la noche a la mañana luego de haber contraído compromisos, de igual forma cuando por algún atraso salarial se dejan de cancelar los compromisos, le dan tiempo para que se ponga al día con sus cuentas. Por tanto no es comparable el comportamiento de los bancos con nuestro instituto de previsión que esencialmente buscan el lucro. Y en caso extremo prefiero me ""ataquen"" el salario ahora y no poner en peligro mi jubilación.

Las medidas tomadas en el Directorio deben estar sustentadas en estudios actuariales o financieras que demuestren su viabilidad para no poner en riesgo las finanzas de dicha institución. Lo que debe prevalecer es la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza, tanto de los que plantean mantener los intereses vigentes como de los que tomaron la medida polémica de volver a los valores anteriores.

Quienes administran la institución representantes del gobierno y magisterio probablemente ya tengan su vida asegurada pero los miles de docentes aportantes no, por tanto están obligados a cuidar los fondos. Se hacen urgente dos medidas: exigir al gobierno que cancele la onerosa deuda que mantiene y bajar los costos de operación de nuestra institución que garantice su saneamiento financiero.