Por Justo Severo

En el año 2003, el Congreso Nacional aprobó la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, que manda al SANAA a traspasar el servicio a las alcaldías municipales. La ley es un proyecto que está emparentado con la temática de la descentralización propuesta en los años ochenta a nivel mundial, cuyo fin era resolver la crisis económica estructural y fiscal de los estados. Así que la política consistió en descentralizar capacidades y actividades de los gobiernos centrales y pasarlas a los gobiernos locales y al sector privado. Esta política disminuiría la carga fiscal de los gobiernos, procuraría el desarrollo productivo a través de la competencia y haría más eficiente la gestión pública (Martínez, 2013).

La municipalización se plantea como el paso previo a la privatización del servicio

La idea que vende esta Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, es la de fortalecer el poder local, con ello se mejoraría la administración del servicio, la cobertura y la calidad, y lo mejor de todo, sin que represente mayores inversiones para los usuarios del servicio. Esta ley ha sido aplicada en algunas ciudades del país como San Pedro Sula, Puerto Cortés y Catacamas, Olancho. En el caso de San Pedro Sula, la experiencia de los usuarios ha sido nefasta, la corporación municipal se la concesionó a una empresa de capital extranjero, específicamente italianos, cuyo nombre es Aguas de San Pedro. Los problemas que pasan a diario todos los sampedranos van desde aumento continuo de las tarifas, pago por los medidores de agua, racionamientos, mal servicio administrativo, deficiente calidad del agua y mantenimiento de las zonas acuíferas.

La experiencia dicta que esta ley tiene otro trasfondo. A pesar de las competencias que se le ha delegado a las municipalidades, éstas resultan insuficientes o conceden poca autonomía para responder a las exigencias de desarrollar los proyectos más elementales de desarrollo, en este caso el del manejo del agua potable y saneamiento. Por lo tanto, las corporaciones se las entregarán a empresas extranjeras o nacionales para que sean administradas.

Capitalinos y empleados del SANAA se resisten a la privatización del agua

El 15 de mayo del presente año, el agua y saneamiento de Tegucigalpa y Comayagüela pasó a ser administrado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), debido a que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) le traspasó el sistema. Ahora esta dependencia se denominará Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). Como consecuencia de este traspaso, los empleados del Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), se tomaron el viernes varias de las instalaciones de esa entidad en la ciudad de Tegucigalpa, para protestar en contra de la municipalización del agua potable. Los trabajadores se apostaron desde muy temprano en las afueras de los edificios del SANAA.

A la protesta se sumaron varias juntas de aguas de colonias de Tegucigalpa, quienes junto a los trabajadores consideran que con la municipalización del agua se estaría privatizando el servicio. A los empleados del SANAA no solo les preocupa la privatización, sino también los cientos de despidos que traerá este traspaso. Según Rafael Barahona, 800 empleados son suficientes para manejar la nueva unidad municipal, con esto, quedarían a la expectativa 747 empleados que no tendrían ubicación debido a que el SANAA se quedaría sin ingresos para pagar el sueldo al resto de los obreros, y el gobierno central tendría que asignarle un presupuesto para que siga funcionando, porque la institución está quebrada.

Con este traspaso para que se municipalice el agua, es seguro que la corporación no tendrá la capacidad técnica y financiera para administrar el servicio. Es seguro que pasará el agua potable de la capital a ser privatizada. Las condiciones geográficas de la ciudad vuelven más difícil los proyectos de atención a todos los habitantes de la ciudad y las fuentes de agua disponible ya no son suficientes. Según estudios se requieren de 250 millones de dólares para resolver la grave crisis de agua en la ciudad. En este contexto, los conocedores del tema saben que Tegucigalpa sería "una mina de oro" para cualquier empresa nacional o internacional que llegue a administrar el servicio teniendo como visión principal que el agua es un bien comercial que se venderá a quien tenga posibilidad de comprarla.

El agua es un bien social, público y un bien primordial para el desarrollo económico de los pueblos, por lo tanto nos oponemos a la municipalización del agua y proponemos que se anule la Ley Marco y que se aplique la Ley Constitutiva para fortalecer y eficientar al SANAA.