Por Horacio Raudales Zambrano

En Honduras no se agotan las preguntas. Sobran las penas, y muchas deudas que pagar. A casi un año del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, nos podríamos cuestionar: ¿cuál ha sido el papel del sistema de Justicia en la resolución efectiva del asesinato y persecución selectiva de líderes y lideresas populares, que ha convertido en Honduras en el lugar más peligroso para ejercer la defensa de la tierra?, ¿cuál es, además, la implicación del actual gobierno si los máximos dirigentes del Partido Nacional resultan ser inversionistas directos de corporaciones transnacionales mineras e hidroeléctricas? ¿Qué defiende la justicia hondureña y bajo qué procedimientos pretenden sostener un régimen de terror?

Una crisis que se agudiza

En este momento Honduras vive una crucial crisis de sus instituciones. Desde la problemática estudiantil en 2011 con la Ley Fundamental de Educación, el desfalco y fracaso de los sistemas de comunicación, salud y energía; hasta la crisis universitaria del 2016 en la UNAH y la UNAG, los rastros de una pérdida de legitimidad se profundizan y despiertan cierto recelo en especial en aquellas instancias que, como el Poder Judicial, se han visto manchadas por injerencia directa de intereses del legislativo y el ejecutivo a lo largo de casi 8 años de gobiernos cachurecos. ¿Cómo puede haber confianza en un sistema que no procede a castigar los culpables de la crisis del IHSS a dos años de conocerse las redes de corrupción que implicó la muerte de más de 3.000 personas?

El caso de Kevin Solórzano evidencia una incertidumbre generalizada con respecto a la seguridad, la justicia y los derechos conquistados desde 1954; cabiendo la pregunta: ¿dónde está el Estado hondureño y el aparato de justicia y represión cuando un estudiante es asesinado en un transporte hacia su universidad?, ¿dónde los sueños y el presente cuando más de 20 mil jóvenes estudiantes han sido asesinados entre 2014 y 2016? ¿Adónde sirven los fusiles y más 10 mil millones de lempiras de la tasa de seguridad cuando 123 activistas por la defensa de los bienes comunes han sido asesinados desde 2009?

Reiniciando la movilización

El pasado jueves 9, el viernes 10 y el 17 de febrero se llevaron a cabo varias acciones que prácticamente dieron inicio a una serie de respuestas populares al vil gobierno de JOH. La primera de ellas, del 9 de febrero, fue realizada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que consistió en el levantamiento de los compañeros estudiantes en contra de las muchas injusticias evidentes en el país.

La protesta de los estudiantes condenó la falta de seguimiento y respuestas por parte del sistema de justicia hondureño en el caso de nuestra compañera Berta Cáceres que fue asesinada el 3 de marzo de 2016; se exigió también la total libertad de varios compañeros que todavía enfrentan procesos judiciales hasta la fecha; entre otras exigencias, también se denunció el nefasto papel de los nacionalistas al proponer un paquete de reformas al código penal que atenta con la libertad de expresión tachando de «terrorismo» el derecho pleno a la protesta, y además dándole potestad a los militares y otros gendarmes de acabar con la vida de cualquier persona que se manifieste en contra de este gobierno; también se condenó la falta de pruebas fehacientes y científicas que arrojaran verdades claras en el caso de Kevin Solórzano quien fue dictaminado culpable sin las evidencias suficientes. Esta protesta en la universidad terminó en un expreso enfrentamiento entre los compañeros y los policías.

El viernes 10 de febrero se realizó una movilización que tuvo como objetivo exponer el descontento generalizado en la población hondureña por el caso de Kevin Solórzano. Al parecer surgió de nuevo la figura de los indignados, quienes salieron a manifestarse esta vez condenando la ineficacia del sistema de justicia del país, ya que existen enormes contrastes en donde sale a relucir el esquema corrupto de estas instituciones, como la falta de rigor en las penas establecidas para Mario Zelaya y Lena Gutiérrez saqueadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La reciente manifestación del 17 de febrero demostró el grado de empatía de los compañeros, pues el 14 de febrero fue asesinado un estudiante de arquitectura en un autobús de ruta cercana a la universidad. Todas estas protestas y manifestaciones sostuvieron la necesidad de alzar la voz en contra de este gobierno que cada vez irrumpe con medidas de contenido represivo y aplastante para la mayoría de hondureños que estamos en contra de los corruptos en el poder y del intento reeleccionista de JOH.

JOH quiere sofocar a cualquiera que se oponga a su intento reeleccionista

El paquete de reformas al código penal, propuesta de los nacionalistas en el Congreso, obedece a su sórdida campaña política y no a una exigencia directa del pueblo hondureño; pareciera que JOH quiere contener cualquier tipo de oposición con estas reformas: desde limitar por completo las protestas contra su reelección, hasta cederles la potestad a cualquier militar o policía de acabar con cualquiera que se manifieste en contra del gobierno. Bajo el pretexto de «terrorismo» se estaría atentando con la vida de cualquier hondureño y hondureña.

Está claro que la oposición o la «alianza» no ha jugado el papel que le corresponde bajo estas amenazas de censura de la libertad de expresión por el intento reeleccionista, tal parece que subestiman la eficacia de las movilizaciones continuas, y depositan su ciega confianza en las contiendas electorales. Ninguna oposición coherente a estas medidas que atentan contra la libertad surgirá del letargo de los partidos de oposición o la «alianza»; se espera, más bien, que sectores no viciados por la lógica de los partidos tradicionales, como los estudiantes, maestros y el resto del movimiento social, den su respuesta con manifestaciones organizadas y recurrentes en contra del paquete de reformas al código penal y la reelección de JOH.