Por Francisco Machado y Miguel Herrera

Desde el 2015, tres compañeros, Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla, han sido el blanco de persecución de las autoridades universitarias, quienes se ensañaron con los compañeros dándoles primero sanciones administrativas y después llevándolos a los tribunales del país a ser juzgados por los cargos de usurpación, sedición y otras sandeces jurídicas aplicadas por excelencia a estudiantes; lo misma situación le pasaría al compañero también judicializado, Darío Morán.

La firma de los acuerdos del 28 de junio de 2016 otorgaba la garantía a los compañeros de quedar libres de las acciones penales, pero las autoridades universitarias valiéndose de vacíos legales, no llevaron a cabalidad este punto, permitiendo que siguieran los juicios contra los tres compañeros, quienes hoy enfrentan un injusto veredicto que los estaría llevando a prisión.

Este injusto hecho derivó en acciones como la toma del edificio administrativo y en la violación de la autonomía universitaria el 16 de junio, en donde se invadió el recinto universitario y los elementos cobras sacaron a puro golpe y fuerza bruta a seis compañeros que ahora enfrentan absurdas acusaciones de secuestro, cuando los verdaderos secuestradores fueron los violentos cuerpos armados.

En solidaridad con los tres compañeros imputados culpables, el miércoles 24 de mayo un grupo de 20 estudiantes se apostaron en una toma del edificio administrativo en Ciudad Universitaria con el objetivo de denunciar la política criminalizadora de las autoridades universitarias; como acto de intimidación, miembros de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA) usando capuchas, gas pimienta, palos y machetes, dieron persecución interna a los compañeros, agrediendo también a un periodista que cubría los hechos a las afueras del edificio. Estos 20 compañeros fueron desalojados por la Policía y acusados de usurpación del bien público, además de ser considerárseles un cargo por privación de la libertad en perjuicio de miembros de la ESPA.

Estos hechos vienen a profundizar el estado de persecución que la administración de Julieta Castellanos ha tenido en contra de cualquier disidencia, ya sea docente, de trabajadores o estudiantil; extendiéndose no sólo a términos penales, sino también a sanciones académica, que sin excusas peyorativas contra el perfil académico de la o el estudiante que lucha, ya ha desconocido el reconocimiento por la excelencia académica de dos compañeras, lideresas del movimiento estudiantil: Marta Silva y Marcia Gutiérrez.

Por si fuera poco, creemos que derivado de la criminalización de los veinte compañeros que se tomaron el edificio administrativo, se han venido dando amenazas de muerte a estudiantes, de las cuales una pudo concretarse en el asesinato del padre de uno de los veinte estudiantes criminalizados. No sabemos con precisión quiénes son los que encargaron este asesinato y mucho menos quiénes lo perpetraron, pero sí evidencia que la crisis universitaria ha desatado un ambiente de inseguridad notable para los compañeros que sostienen la lucha.

Ante todos estos escenarios de persecución, criminalización y hasta intimidación y amenazas a muerte, invitamos a los compañeros del movimiento estudiantil a tomar precauciones de seguridad, pero no abandonar las acciones encaminadas a la democratización de la UNAH; las autoridades pulverizaron los acuerdos y continúan criminalizando estudiantes, esto da pautas para no retroceder ante esta intransigencia de parte de ellos.

Incitamos a los compañeros a sumar fuerzas en esta lucha con otros sectores sociales: las comunidades indígenas organizadas y la plataforma de movimientos sociales que las articula por ejemplo. Hay que estar atentos y advertir las intenciones del gobierno cachureco de turno, que espera con ansias la radicalización de la crisis para meter mano en esta valiosa institución. Noviembre se acerca, mes en donde se llevarán a cabo las elecciones generales en el país, lo que augura dos momentos claves en la política del país: escogencia de nuevo rector en la UNAH y el posible triunfo o derrota del intento reeleccionista del actual presidente Juan Orlando Hernández.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado también a toda la sociedad hondureña para emprender una defensa legítima de la autonomía universitaria. La garantía del pleno desarrollo de las actividades académicas no puede supeditarse a la agresión policial o militar en contra de la comunidad universitaria; la construcción de una universidad responsable y vinculada con las múltiples problemáticas sociales, económicas y políticas del país debe ser un ejercicio compartido con todos los sectores, siendo más que nunca fundamentales en la salvaguarda de la integridad física y psicológica de los compañeros en lucha.