Por Clemente Bardales

En todo el año 2017 el Congreso Nacional ha estado discutiendo el nuevo Código Penal. Cada vez que los diputados aprueban algunas propuestas, se nos paran los pelos. Si por la víspera se saca el día, podemos afirmar categóricamente que el nuevo Código Penal indica como actuará el gobierno en los próximos años.

El pasado 19 de septiembre una alianza nacionalista-liberal aprobó el artículo 590 del nuevo Código Penal, en el que la protesta social fue igualada a los actos terroristas.

“Asociación terrorista. Son asociaciones terroristas las constituidas sea de modo permanente o transitorio por dos o más personas para cometer algún delito con alguna de las finalidades siguientes: -Subvertir gravemente el orden constitucional; -Provocar un estado de terror en la población o parte de ella. -Tienen también la consideración de asociaciones terroristas las que aún teniendo como objeto constitutivo uno lícito, realicen en todo o en parte las conductas a las que se refiere el párrafo anterior. (…)

La redacción es tan general y dual, que se puede aplicar a cualquier situación. Lo mas grave es que aunque la organización sea licita puede ser considerada terrorista, y por lo tanto sus miembros pueden ser condenados a penas de 15 a 20 años de cárcel y hasta 2,000 días de salario-multa.

Honduras es un país en ebullición social, su movimiento campesino tiene muchas tradiciones de tomas de puentes, carreteras y edificios públicos. Esta tradición se ha trasladado a los centros urbanos, y por ello cada vez que hay protesta social hay alguna toma, por muy simbólica que sea. Recientemente, por ejemplo, los estudiantes universitarios tomaron los edificios de la UNAH. Si hubiese estado vigente ese artículo, los 28 compañeros procesados serian condenados a penas de 20 años de cárcel.

Es tan escandalosa la aprobación del artículo 590 del Cogido Penal que obligó al propio presidente Juan Orlando Hernández (JOH), que busca su reelección, a desligarse de la misma, expresando que “se debe de cuidar en otros parámetros la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la protesta y, principalmente, el derecho a la vida. Todo eso se debe de tomar en cuenta para ver qué vamos a aprobar (…) No son los mismos tiempos de 1970 o 1980 inclusive, y ni los últimos años del siglo pasado y la primera década de este siglo. Es algo muy complejo lo que vamos a vivir en las próximas décadas y hay que estudiar lo que se podría vivir para que no nos vaya a sorprender (…) Cuando el Congreso Nacional termine de aprobar el Código Penal, el Poder Ejecutivo decidirá si va a vetar parcial o totalmente ese proyecto o si lo vamos a aprobar; hoy no lo podemos decir”.

No podemos confiar en JOH, solo en nuestra movilización independiente. La izquierda de Honduras debe levantar la bandera de la defensa de las libertades democráticas, contra JOH y contra cualquier otra fuerza que pretende criminalizar la protesta social.