Por Horacio Villegas

Desde que el árabe-palestino Tito Asfura asumió como alcalde del Distrito Central desde el 2014, se han venido dando una serie de proyectos de infraestructura, especialmente la construcción de puentes. Durante su segundo mandato como alcalde, Asfura le ha dado seguimiento a sus planes “modernizadores” de la capital a un gran costo, pagado con los impuestos recaudados por la municipalidad, y otros impuestos, como el de los combustibles.

La interrogante que ronda entre los capitalinos, desde que se empezaron a construir estas obras es: ¿cómo se pueden costear tantos proyectos de infraestructura en un país en donde más de la media de los hondureños vive en condiciones de pobreza? La administración Asfura tomó la atribución de emprender todos estos proyectos de construcción sin el menor consentimiento previo de los capitalinos, quienes ahora se sorprenden por el congestionamiento automovilístico, la destrucción de áreas verdes y la falta de planeación urbanística que por sobre todo contempla la habilitación de puentes y calles para automóviles; y no las tan necesarias aceras, y amplios caminos para el paso y estadía de personas en la capital.

La administración Asfura en su intento acelerado de “modernizar” la capital se está llevando de encuentro distintas infraestructuras representativas del siglo pasado, y que forman parte del patrimonio inmueble de los hondureños: como por ejemplo el Bulevar los Próceres y el paseo Guanacaste, que hoy han sido reducidos a añicos. Ni el gremio de los arquitectos –que se pronunció en contra, únicamente, a finales del 2016, por la descomunal obra titulada “Centro Cívico Gubernamental” (CCG)–, ni el de los ingenieros, con sus respectivos colegios profesionales, ni otras instituciones que traten de velar por el patrimonio, como el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), se han pronunciado en contra de todos estos proyectos que en nombre de una falsa imagen de “progreso” atentan contra las obras ya calificadas como bienes patrimoniales.

El aumento a la Tasa Vehicular Municipal 

Era de esperarse que Asfura diera a conocer un aumento a los impuestos municipales y viales, pues sus obras han dejado por los suelos los ingresos recaudados alrededor de los ocho años de administración del Partido Nacional (PN). Esto aunado a los escándalos de corrupción que se han demostrado en proyectos de infraestructura como el Trans-450; que estuvo a cargo del nacionalista Ricardo Álvarez, quien no ha dado justificaciones creíbles sobre los 30 millones de dólares solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dinero que se presume –según una publicación de Radio Progreso el 24 de abril de 2017– fue despilfarrado en distintas redes de corrupción para el financiamiento de campañas políticas a favor del deleznable Partido Nacional. En lo que va de la administración Asfura, el Trans-450 ha sido objeto de alteraciones absurdas que suponen arrancar, sin sentido alguno, el costoso concreto, y abrir carriles vehiculares mientras se espera su eterna finalización.

A principios del mes de julio la administración Asfura dio a conocer un descomunal aumento al impuesto de la Tasa Vehicular Municipal del 75 y 130 por ciento. Este aumento según sus portavoces, aplicará a todos los modelos de automóviles registrados que transitan en la capital. El motivo de este impresionante aumento está –según una publicación del diario El Heraldo del 4 de julio del presente año–, en los planes de financiamiento para las construcciones de vías rápidas en Comayagüela, en el bulevar del Norte, la reparación del Anillo Periférico y el bulevar Fuerzas Armadas en Tegucigalpa.

Las proyecciones que la alcaldía municipal ha hecho en estos ocho años de legislación nacionalista, en el tema de mega proyectos de infraestructura, han terminado, al menos una gran cantidad, en notorios fracasos como el Trans-450, y también en cosméticas e innecesarias construcciones de puentes como el de Altos del Trapiche, que beneficia a las capas altas como funcionarios privados de bancos y distintos burócratas estatales. No así las innumerables calles de los desahuciados barrios populares de Tegucigalpa y Comayagüela, que además de pavimentación de calles, necesitan también alcantarillados, construcción y remodelación de escuelas y centros de salud, entre otras urgencias de mayor importancia.

El inicio del paro de taxistas

El pasado viernes 6 de julio se dio inicio al paro de labores del sector de taxistas en la capital. Distintas calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela fueron cerradas por las unidades de estos compañeros del sector transporte. En las declaraciones vertidas a los medios de comunicación por parte de los dirigentes de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXISH), se recalca el estar en “desacuerdo” con dicho aumento a la tasa vehicular; lo que dejó abierto el camino para la negociación con el alcalde Tito Asfura.

Hoy, a casi dos semanas de intermitentes paros de labores de los taxistas, se sigue negociando este tema del nocivo impuesto vehicular. La posición de Asfura es clara: presionar a este sector de taxistas para que acepte pequeñas “modificaciones” al impuesto, que en varias declaraciones ya ha sostenido; como aplicarlo solamente a modelos de autos del año 2012 en adelante. Aceptar estas modificaciones supone caer en la trampa de permitir indirectamente el impuesto. Lo que significaría aceptar el derroche del gasto público que Tito Asfura ha estado haciendo desde el comienzo de su mandato como alcalde.

Acompañemos el paro de transporte

Asfura no socializa sus proyectos con ningún sector organizado de la sociedad civil, y ni con otra organización de base que represente un barrio o colonia cercana a estos mega proyectos; no podemos permitir que se nos imponga un nuevo impuesto vehicular municipal, sin ni siquiera haberse hecho las respectivas socializaciones de estas ostentosas construcciones.

Mientras se siguen dando las negociaciones con Asfura en este preciso momento, los taxistas han puesto sobre la mesa de negociación otras justas exigencias: como la rebaja de 20 lempiras al galón de combustible, para no tener que aumentar el precio de la tarifa, y mayor seguridad, debido al tema de las extorsiones y asaltos.

El transporte público debe ser subsidiado y garantizado por el Estado, para evitar incremento de tarifas que golpeen a las masas populares. Necesitamos un buen servicio y seguridad para los pasajeros, que somos nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer ante esta situación, es salir a las calles a apoyar a los compañeros taxistas, quienes han intentado llevar a cabo el paro de transporte en la capital. Pero hace falta convertir este paro en Tegucigalpa en verdadero paro a nivel nacional, en la lucha por la reducción del precio de los combustibles que nos beneficie a todos.

Los estudiantes universitarios: un importante bastión en el Paro Nacional de Transporte

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) no se hicieron esperar en el gran Paro Nacional convocado por los taxistas; y acompañaron tomándose el bulevar Suyapa junto a estos compañeros del sector transporte. Las alianzas entre sectores es la mejor alternativa en estos momentos de ebullición social. Pues el descontento generalizado por la depravación de los nacionalistas ya desborda cualquier aparente “normalidad” en este país.

Los militares y policías que llegaron a los predios universitarios a reprimir la justa protesta de los compañeros, intimidaron al final de ésta con disparos al suelo; lo que reafirma su papel de detestables mercenarios vendidos al régimen de JOH. Las consignas de los compañeros estudiantes fueron las mismas que hasta ahora exigen los taxistas. Aunque también se señalaron las distintas injusticias que mantienen en estado de incertidumbre a los compañeros luchadores que fueron desalojados de la UNAH, quienes todavía mantienen procesos judiciales.

Las negociaciones de los transportistas y el gobierno

Los taxistas han participado de tres momentos de diálogo con el gobierno: en un primer momento con Asfura, luego con el secretario presidencial Ebal Díaz, y hoy, mientras en las calles eran puestas las unidades de transporte a nivel nacional, con Juan Orlando Hernández. Los taxistas el jueves 19 de julio, al llevar a cabo las negociaciones con el representante lacayo del gobierno, el caricaturesco secretario presidencial, dejaron afianzada una postura un tanto clara sobre el tema de los impuestos municipales y la rebaja al precio de los combustibles. En ese instante declararon inaceptable la negativa del gobierno en aceptar dichas rebajas.

En la reunión que sostuvieron los taxistas con el dictador Juan Orlando el viernes 20 de junio, no se llegó a ningún acuerdo. Mientras las unidades de transporte mantenían tomadas las principales calles del país, los dirigentes de los transportistas se retiraron de la mesa de negociación, aduciendo que el gobierno se burló de ellos al presentarles propuestas como el aumento de dos (2) lempiras al pasaje. Los taxistas abandonaron el paro a nivel nacional luego de las negativas del gobierno, y expresaron que como “acto de buena fe” con el pueblo hondureño, suspenderían el paro nacional. En reemplazo del paro nacional de transporte, los taxistas convocaron a una caravana el sábado 21 de julio, y hasta el momento sostienen que las acciones seguirán el próximo lunes 23 julio.

Logremos que la lucha contra los impuestos se vuelva antigubernamental

Varios funcionarios del gobierno han sostenido falsos argumentos sobre el tema de la rebaja de los combustibles, como Ebal Diaz, quien afirma que con dicho aumento “el Tesoro Nacional estaría siendo sometido a un drenaje de recursos que evidentemente va a llevar al Estado a un sacrificio monumental”. Por su parte también Rocío Tábora, la secretaria de finanzas del gobierno, afirma que dada la rebaja al precio de los combustibles, “habría un impacto en la estabilidad de las finanzas públicas.”

El “drenaje de recursos” del que habla Ebal Díaz, y el “impacto en la estabilidad de las finanzas públicas” que menciona Tábora, ya son un hecho en Honduras desde que la corrupción se ha vuelto patente en este país por gracia de los partidos tradicionales. La Maccih precisó en febrero del 2016, que son 10 mil millones de lempiras los que se pierden al año por la corrupción en Honduras. No cabe duda que la rebaja de los combustibles, la rebaja también de los salarios opulentos de los funcionarios públicos como los diputados, sólo puede lograrse sí sacamos a este corrupto gobierno de los nacionalistas.