Celebración de la victoria en San José, mayo 1948

Por Juan del Llano

Treinta y cinco años después de que la Confederación General de Trabajadores celebrara por primera vez en Costa Rica el Día Internacional de la clase obrera, aquel 1 de mayo de 1913, la lucha de clases incubada en las contradicciones del capitalismo agrario, la dominación imperialista, las Guerras Mundiales y las crisis del mercado mundial, condujo de manera irreversible a la única Guerra Civil que el hermano país centroamericano hubo experimentado después de la lucha armada y las jornadas rebeldes de junio-agosto de 1919 que terminaron con la dictadura oligárquica de Federico Tinoco Granados.

El primero de mayo de 1948 no fue un día de fiesta para la clase trabajadora de Costa Rica. La mayoría de los dirigentes de los sindicatos de la manufactura, ferrocarriles, puertos, fincas bananeras, azucareras, campesinos y de las primeras asociaciones de empleados públicos que desde 1943 eran afiliados a la Confederación de Trabajadores, guardaban prisión en las celdas para criminales y delincuentes de la Penitenciaría Central. Pese a ello, incitados por el profesor Arnoldo Ferreto Segura y otros combativos trabajadores, en los muros y pasillos del fatídico penal se escucharon los versos y ritmos de la Internacional Comunista.

La Guerra Civil fue organizada por un desconocido empresario exilado en 1942 por el gobierno del Dr. Calderón Guardia. Entre 1943 y 1946 José Figueres Ferrer, el Partido Demócrata y el Centro Para el Estudio de los Problemas Nacionales lograron aglutinar a los sectores políticos opositores al gobierno republicano instaurado en 1940. Con el apoyo de exiliados liberal demócratas de Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana, y armados por el gobierno de Guatemala presidido por Jacobo Arbenz, crearon un cuerpo de milicianos anticomunista y conspirador contra los regímenes oligárquico-militares de la región, conocido como La Legión Caribe.

La Guerra Civil estalló en Costa Rica el 12 de marzo de 1948. Se prolongó cuarenta días y en ese breve tiempo dejó 2.000 muertos, muchos prisioneros y más de 7.000 exiliados. A mediados del mes de abril se abrió el escenario que venían preparando diversos representantes diplomáticos, políticos, empresariales y religiosos del país con el fin de propiciar negociaciones entre los máximos líderes militares y políticos de las fuerzas contendientes. Estas gestiones tomaron forma con la firma de tres pactos que fueron esbozados entre el 17 de abril y el 1 de mayo de 1948.

El día 17 a altas horas de la noche Manuel Mora Valverde, secretario general del Partido Vanguardia Popular (PVP) y José Figueres Ferrer, comandante de las fuerzas militares en estado de rebelión, y con presencia testimonial del Pbro. Benjamín Núñez Vargas, capellán del Ejército Figuerista y de Carlos Luis Fallas Sibaja, comandante de las Milicias Comunistas, se reunieron en el Alto de Ochomogo y convinieron en firmar el “Pacto de Ochomogo” que significó el desarme de los combatientes obreros, artesanos y campesinos vanguardistas a cambio de algunas garantías.

Entre ellas, el compromiso de José Figueres de preservar en el proyecto de nueva Constitución el Código de Trabajo y el sistema de seguridad social. Además, no ejecutar acciones represivas contra el Partido Vanguardia Popular, sus militantes, familias y organizaciones. La Junta de Gobierno y los miembros de la Asamblea Constituyente que aprobaron la actual Carta Magna, firmada el 7 de noviembre de 1949, incumplieron este acuerdo. El Segundo Párrafo del Art. 98 proscribió al Partido Comunista y la organización subsistió en la semiclandestinidad, hasta el proceso electoral de 1975.

En segundo lugar, el 19 de abril de 1948 se firmó el Pacto de la Embajada de México en presencia de varios diplomáticos y, por supuesto, del Embajador de los Estados Unidos. Ahí hubo acuerdos entre delegados del ejército de Figueres y el presidente de la República Teodoro Picado, electo en febrero de 1944 mediante una alianza entre el Partido Vanguardia y el Partido Republicano.

Otilio Ulate duranta la campaña electoral de 1948

En esas reuniones se acordó entregar provisionalmente la Presidencia de la República al Ing. Santos León Herrera, con el encargo de organizar el nuevo gobierno; llevar a cabo el retiro de las tropas del gobierno de los campos de combate; garantizar que los jefes militares y altos funcionarios pudieran abandonar el país; ordenar el cese de las acciones armadas de Figueres y permitirle su avance a la capital para ocupar nuevas posiciones. Se acordó también resguardar la vida, propiedades y bienes de todos los ciudadanos, el respeto a las garantías sociales e individuales e indemnizar a los afectados. Esos puntos sobre garantías individuales y sociales tampoco fueron respetados por la Junta de Gobierno; en particular, para quienes tenían vínculos con los Partidos Republicano y Vanguardia Popular.      

El 1 de mayo de 1948 se firmó el Pacto Figueres-Ulate. Este acuerdo legitimó la creación, sin proceso electoral alguno, de una Junta de Gobierno presidida por José Figueres para un período de año y medio. Al cabo de ese plazo podría prorrogar el gobierno dictatorial por seis meses, previa aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente. En otras palabras, el periodista Otilio Ulate Blanco, quien discutiblemente había sido el ganador de las elecciones de febrero del 1948, tendría acceso al Poder Ejecutivo a partir de diciembre de 1950. Con ello, La Junta reconocía el polémico resultado de las elecciones de febrero en favor de Otilio Ulate; acuerdo que sería ratificado por la Asamblea Constituyente. En las elecciones para nombrar a esos diputados hubo mayoría de representantes de la vieja oligarquía liberal, febril opositora de los gobiernos del Dr. Calderón Guardia (1940-1943) y del Bloque de Victoria o Alianza “caldero-comunista” que llevó al poder a Teodoro Picado M. para el gobierno de 1944 a1948.        

La Junta de Gobierno presidida por Figueres convocaría a elecciones para conformar la Asamblea Constituyente. En esa campaña una gran parte de ciudadanos simpatizantes del Partido Republicano (PR) y del Partido Vanguardia Popular (PVP) no participó, ni hizo uso del sufragio. Por otra parte, el Partido Socialdemócrata que había sido fundado en 1945 y organizó desde mediados del año siguiente los actos terroristas, la propaganda de prensa y radio, y la subversión llevada a cabo por empresarios, comerciantes, algunos educadores, médicos y otros grupos de clase media, logró elegir únicamente tres diputados. Y ello, a pesar de que el nombramiento del Tribunal Electoral fue potestad de la Junta de Gobierno.

En consecuencia, esa transición política de abril de 1948 a diciembre de 1949, evidenció cómo la vieja oligarquía logró recuperar un amplio margen de acción para reinsertarse en el poder tras el debilitamiento que había experimentado entre 1930 y 1948. Aunque, como bloque hegemónico, fue parcialmente afectada por algunos decretos de la Junta de Gobierno como la abolición constitucional del ejército, la nacionalización bancaria y de la producción hidroeléctrica, el impuesto del 15% al capital, la preservación y ampliación de las garantías sociales y laborales, y el debilitamiento del Poder Ejecutivo por medio de la creación de un sistema de Instituciones Autónomas.

Estos preceptos abrieron los tinglados del Estado a las fracciones de la burguesía agraria orientada al mercado interno y al empresariado urbano: las fuerzas que impulsaron un esquema alternativo de dominación política, liderado desde octubre de 1951 por el Partido Liberación Nacional. Figueres asumió por segunda vez el Poder Ejecutivo en las elecciones de febrero de 1953 y en los cuatro años de gobierno consolidó la legislación y las instituciones del moderno Estado burgués costarricense.

El PLN y el gobierno propiciaron la formación del sindicalismo “democrático”, las asociaciones de empleados públicos y del magisterio, la creación de las Juntas Progresistas, el cooperativismo y las organizaciones campesinas, cohesionándolas en buen grado con decretos y normas favorables al crédito agrícola, “salarios crecientes”, inversión en educación, vías de comunicación y la aprobación del aguinaldo, entre otras medidas. El cambio político derivado de la Guerra Civil de 1948 fue bastante exitoso hasta las crisis capitalistas de 1973-1975, 1979-1983 y la situación revolucionaria que creó en Centroamérica la insurrección popular nicaragüense y la toma del poder por el FSLN.

Pero a costa del desmembramiento de las organizaciones cívicas, campesinas, de género y de trabajadores asalariados que habían sido importantes actores políticos desde 1930. Además, en diciembre de 1949, a raíz de un intento fallido de los líderes republicanos por derrocar a Figueres con el apoyo del gobierno del General Somoza, cinco dirigentes sindicales del PVP que guardaban prisión en La Penitenciaría, fueron vilmente asesinados. No hubo proceso penal contra los autores del crimen

Asimismo, en 1951 fue ilegalizada la Confederación de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) y sólo después de agosto de 1953 nació otra organización sindical clasista: La Confederación General de Trabajadores (CGT).

En síntesis, entre el 12 de marzo y el 1 de mayo de 1948 la clase trabadora, el campesinado pobre y amplios sectores ciudadanos nacionalistas y antiimperialistas costarricenses vivieron la amarga experiencia de una coyuntura histórica, en la cual se fraguó y ejecutó su derrota sindical, partidista y militar; y el triunfo de la burguesía agraria y empresarial de reciente formación en alianza con mohosos intereses de la burguesía cafetalera y el imperialismo norteamericano.