Por Sebastián Chavarría Domínguez

En enero, la oposición burguesa sufrió una grave derrota política al no poder aprobar el proyecto de ley contra del decreto presidencial No 03-2010 que autorizaba a los funcionarios de los poderes, a los cuales se les vencía sus periodo, a mantenerse en sus cargos.

Proyecto de amnistía

En Febrero, se sacudió el polvo de la derrota y pasó al enfrentamiento directo contra el presidente Ortega, al proponer un proyecto de ley de amnistía que librara a Arnoldo Alemán y Eduardo Monteleagre de los juicios pendientes en su contra. Al inicio el proyecto de ley fue concebido para amnistiar a todos los funcionarios de los últimos gobiernos, a partir de 1990, pero ante el escándalo de la opinión pública, retrocedieron y el proyecto se refiere solamente a los dos caudillos de las fracciones liberales en proceso de unidad.

A diferencia de otros fallidos intentos, en esta ocasión los liberales lograron sortear algunos obstáculos, presentaron el proyecto de ley, fue dictaminado pero al final no fue discutido en el plenario de la Asamblea Nacional por falta de quórum. El bloque liberal reúne 40 votos, el bloque sandinistas y sus aliados reúnen 42 votos, aclarando que los diputados del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) se oponen a la amnistía, por considerarla inmoral y que abre las puertas a la impunidad. Existen 9 diputados indecisos, que no han manifestados sus intenciones y que se han convertido en los votos decisivos que encadenan el proyecto de amnistía al fracaso.

Campaña contra los ladrones

A pesar de que al FSLN se la han complicado las cosas dentro de la Asamblea Nacional, no ha perdido la iniciativa. Ha montado una gigantesca campaña política en contra de la amnistía: enormes rótulos con las fotos de Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, afiches en las calles, y movilizaciones hacia el hemiciclo de la Asamblea Nacional.

Tanto la campaña a favor de la amnistía, como la contra campaña montada por el gobierno sandinista, dividen las opiniones en un país polarizado políticamente. Unos sectores consideran que el FSLN utiliza el poder judicial para castigar a los adversarios, mientras que otros consideran que la amnistía abre el camino a la impunidad.

¿Dictadura de la judicatura?

La Ley No 715, recientemente aprobada, fijó el 19 de Febrero de este año como fecha límite para evacuar las causas penales pendientes y que son tramitadas con el Código de Instrucción Criminal que fue derogado a finales del 2002. Alemán y Montealegre respiraron con tranquilidad, porque de aplicarse esa ley quedarían libre de las acusaciones, especialmente Alemán que enfrenta los casos del Canal 6, del IDR y del Narcojet.

No obstante, el proceso de apretamiento de tuercas, los jueces penales, en su mayoría de filiación sandinista, han declarado inconstitucional en el caso concreto la Ley No 715, enviando el fallo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para su ratificación. Con ello se han intensificado las presiones de manera particular sobre Arnoldo Alemán.

Jaime Morales Carazo, ex director de la contra y ahora vicepresidente de la Republica, en un lenguaje sibilino expreso una crítica abierta a las actuaciones del poder judicial: “Se dan casos vergonzosos en que algunos jueces y magistrados inescrupulosos manipulan impúdicamente a una cada vez más desacreditada justicia, inclinando la balanza hacia el lado de los intereses que le ordenan aquellos prepotentes que, con inmunidad e impunidad, hacen uso indebido del poder político o del dinero (…) nos referimos a los que pretenden implantar una dictadura de la judicatura”. (El Nuevo Diario 18/02/2010)

Intensas presiones

La unidad liberal le ha planteado un serio problema al gobierno de Daniel Ortega, recordándole que no tiene mayoría de diputados en la Asamblea Nacional. En estos tres años de gobierno sandinista, Daniel Ortega ha podido gobernar con la colaboración solapada o abierta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán, pero el giro rebelde de este último ha dificultado las cosas para el gobierno de Ortega, quien ha respondido con el reavivamiento de las causas penales pendientes contra los dos caudillos del liberalismo.

Recientemente, la Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Nacional la desfloración en un plazo de 72 horas del diputado Eduardo Montealegre, al mismo tiempo que el Tribunal de Apelaciones de Managua revivió dos causas judiciales contra Arnoldo Alemán, quien no goza de inmunidad.

El gobierno de Ortega presiona para separar a las dos fracciones del liberalismo, decididas, por el momento, a mantenerse unidas y a enfrentarlo políticamente. Si Ortega logra la rendición de cualquiera de ellos, entonces podrá continuar su proyecto de instaurar un régimen bonapartista, basado en la dominación hegemónica del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).