Por Sebastián Chavarría Domínguez

Mientras el liberalismo iniciaba su rebelión dentro de la Asamblea Nacional, y peleaba desesperadamente por aprobar la ley de amnistía a favor de Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, paralelamente y casi en secreto se instaló la Comisión Especial encargada de recibir el currículo de más de 25 funcionarios que deben ser nombrados por la Asamblea Nacional.

Un suculento Combo

La Comisión Especial debe dictaminar sobre más de 25 cargos que deben ser elegidos por el plenario de la Asamblea General, con una votación de al menos el 60% de los votos totales. Esta votación calificada, contemplada en la Constitución, obliga a las nuevas paralelas históricas a realizar algún tipo de pacto o transacción política.

La Asamblea Nacional debe elegir cinco magistrados propietarios y tres suplentes de la Contraloría General de la Republica (CGR), cuyo periodo ya terminó; dos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), los cuales dejarán sus cargos un mes antes que se realicen las elecciones regionales en la Costa Caribe nicaragüense. Para el 1 de junio, todo el CSE quedará sin magistrados, para un total de 11 funcionarios, siete propietarios y cuatro suplentes. Debido a las acusaciones de fraude electoral en las elecciones municipales del año 2008, y que en el año 2011 se realizaran las elecciones generales, la elección del nuevo CSE se ha vuelto un asunto clave para el gobierno de Daniel Ortega y la manzana de la discordia entre las fuerzas políticas.

Desde el 10 de Diciembre, la Procuraduría de Protección de los Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos están sin titular. El 11 de abril termina el periodo de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Reclutando liberales

El sistema bipartidista imperante en Nicaragua, a raíz del pacto Ortega-Alemán de 1999, posibilita que cada cierto tiempo las nuevas paralelas históricas se repartan los cargos en la proporción del 50% cada uno, sin tomar en cuenta la opinión y la decisión de los ciudadanos.

Esta repartidera de cargos era tranquila hasta hace poco. Cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) recuperó el gobierno en el año 2007, comenzó un nuevo forcejeo por instalar un control hegemónico del sandinismo en los poderes e instituciones del Estado.

Poco a poco el FSLN comenzó a reclutar a los cuadros dirigentes del liberalismo, supuestamente incondicionales a Arnoldo Alemán. El caso más significativo ha sido la captación de los magistrados liberales dentro del CSE, quienes ahora defienden las políticas del FSLN: José Marenco Cardenal y René Herrera, el asesor político más cercano de Arnoldo Alemán. La captación de Roberto Rivas Reyes, muy cercano al Cardenal Miguel Obando y Bravo, es quizás el trofeo más grande de este proceso de absorción de los funcionarios de confianza de Arnoldo Alemán.

Un fenómeno parecido ocurrió en la Contraloría General de la Republica: Guillermo Arguello Poessy, de un oscuro pasado somocista, ahora defiende las posiciones del gobierno sandinista. Y el sandinismo se ufana de que también ha reclutado a magistrados liberales dentro de la CSJ, aparte del control que ya ejerce dentro de la Fiscalía. No es un casualidad, pues, que el presiente Daniel Ortega haya propuesto la reelección de casi todos los funcionarios liberales.

Candidatos de la sociedad civil

El colmo de este show es que la llamada “sociedad civil” ha presentado sus candidatos, que no son más que antiguos funcionarios de los anteriores gobiernos o activistas de derecha dentro de las Ong.

En esta inminente negociación, quien mas sale perdiendo es Arnoldo Alemán, porque de conformidad con los Acuerdos de Metrocentro II, firmados por todo los partidos de derecha, deben escoger los nuevos funcionarios de manera proporcional a sus fuerzas. Alemán ya no puede negociar el 50% con el FSLN, ahora debe compartir esa cuota con Eduardo Montealegre, quien no tiene un solo funcionario en los poderes del Estado.

Elección popular de todos los funcionarios

Estos pactos y repactos antidemocráticos deben terminar. No podemos permitir que los funcionarios públicos sean negociados en la oscuridad, entre las nuevas paralelas históricas y las fracciones de estas.

Se requiere la participación de los ciudadanos en la elección de estos funcionarios. Y la única salida para terminar con los orígenes del pacto es que el pueblo elija directamente a los funcionarios, reservándose el derecho a revocarlos cuando sus actuaciones sean corruptas o no obedezcan la voluntad popular. Se requiere cambiar la Constitución completamente, para ello debemos luchar por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en donde el pueblo decida libre y democráticamente como reorganizar la sociedad nicaragüense.