Por Aquiles Izaguirre

Desde finales del mes de abril, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunciaría un nuevo incremento del 6.85 por ciento en el costo de la energía eléctrica en Nicaragua. Este duro golpe para la economía de los trabajadores Nicaragüenses fue anunciado días antes de celebrarse el día internacional de los trabajadores, y constituye una prueba fehaciente que nuestro sistema energético, no solo se encuentra al vaivén de los precios internacionales del combustible, sino que se ha convertido en un gran negocio para los burgueses que controlan la generación de energética en Nicaragua.

Breves antecedentes.

El problema de la crisis energética en nuestro país no es una penuria nueva para los nicaragüenses. Cabe señalar que los problemas se pueden escudriñar hasta los denominados “gobiernos neoliberales” antecesores de la administración Ortega. Todo inicia en el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, desde cuya administración el sistema de producción de energía dependía en un 80 por ciento de la generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles. En aquella época, el costo internacional de los combustibles permitía que se produjese electricidad a un costo relativamente barato, por ende, la administración de Arnoldo Alemán fomentó que la generación energética fuese cada vez más adicta a los combustibles y las oscilaciones que tenía en los precios internacionales.

El caos llegaría en el Gobierno del entonces presidente Enrique Bolaños, cuando se conjugan tres factores que serian desastrosos para los nicaragüenses. El primero fue el crecimiento precipitado en los precios internacionales del petróleo, producto de la especulación de las trasnacionales petroleras, que fomentadas por la guerra en Irak vieron el nirvana capitalista para amasar enormes ganancias. El segundo factor fue el crecimiento económico y el incremento de la demanda interna en el consumo de energía. Estos dos factores sumados a la falta de previsión de los dos gobiernos neoliberales nos llevó casi a la barbarie, con apagones energéticos de más de 10 horas al día. Desde entonces los costos, de la energía eléctrica no han cesado de ir al alza.

Ortega y los nuevos incrementos.

Desde que inició este segundo gobierno de Daniel Ortega, tuvo que afrontar la espeluznante crisis energética que vivía el país. La solución fue muy simple, había que acabar con los apagones y se comenzó a importar plantas energéticas venezolanas que funcionan con combustibles. Pero el problema que parecía solucionar los apagones, solo ha incrementado la dependencia a los combustibles y a los precios internacionales del mismo, por ende Cesar Zamora gerente general de la empresa energética Corinto diría:  “El año pasado el búnker estaba a 34 dólares, hoy está a 75 dólares, ha subido el 120 por ciento, hay un incremento sustancial en los precios del búnker en el país y desde mayo del año pasado no ha habido incremento en las tarifas, porque lo que se ocupó fueron 20 millones para subsidio, pero el hoyo es tan grande que ya no es un subsidio lo que va a solucionar el problema, sino que necesariamente se tiene que subir la tarifa” (La Prensa 29/04/2010)

Claro, lo que no dice Zamora, es que la tarifa energética se había adaptado hace tres años al precio internacional del combustible, que en ese entonces estaba a mas de 80 dólares por barril.

El negocio detrás del incremento.

Atrás quedaron los días en que el Frente Sandinista y sus partidarios reprendían a Unión Fenosa como una trasnacional que solo buscaba amasar una gran fortuna a costas de la miseria de los trabajadores nicaragüenses. Ahora el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, se puede dar el lujo de justificar el incremento aprobado por el gobierno declarando que: “Nicaragua debía aumentar la tarifa eléctrica como un requisito exigido por el FMI para aprobar la cuarta revisión del programa económico, en una sesión que se realizará el 5 de mayo en Washington” (AFP 28/04/2010)

Por su parte, El Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli justificaría el incremento de la siguiente manera: “Si siguen subiendo los precios del petróleo, pues sí, así es, ¿no? Si usted tiene un negocio y compra materia prima que está sujeta a incrementos de precios, cuando sube esa materia prima, usted está obligado a subir el precio de lo que usted vende, a menos que usted consiga un subsidio que le permita mantener el precio y no subirlo” (La Prensa 05/05/2010) La clave de este cambio en el discurso del gobierno, está en la palabra “negocio” utilizada por el Ministro Rappaccioli.

Solo hay que hacer un poco de memoria y recordaremos que en plena crisis energética, el gobierno anunció la creación de Alba de Nicaragua S.A (Albanisa). Esta empresa fue creada con la cooperación del gobierno Venezolano y controla actualmente el 85 % de la importación de petróleo a nivel nacional, y además, participa en el negocio de la generación y en la distribución de energía. En perspectiva, el juego del gobierno con este incremento apunta a que: “Gas Natural (la distribuidora de energía, antes Unión Fenosa, de la que el Gobierno es socio) tendrá más disponibilidad de plata para pagarle a Albanisa y Albanisa se pasará la plata a sí misma, porque controla la importación de petróleo” (Ídem)

Para variar, el gobierno intentó minimizar el incremento, aduciendo que un buen porcentaje de la población recibiría el subsidio energético a los abonados que consumen hasta 150 kilovatios al mes. Pero la realidad es que el incremento afecta directamente a 180 mil clientes, entre ellos pequeños comerciantes y domiciliarios de todo el país. Pero el problema no se limita a estos 180 mil clientes, sino que el propio Rappaccioli revela un panorama muy crudo en donde: “el 65 por ciento de la población tiene acceso a la electricidad en todo el país pese a todos “los esfuerzos” de la Administración Ortega, pues aseguró que del Gobierno anterior recibieron el 53 por ciento. (Ídem) Es de esperar, que el ministro Rappaccioli no considere un logro que el gobierno no le haya incrementado a este 35% de los nicaragüenses el precio de la tarifa energética, pues no recibe dicho servicio.

Que los burgueses paguen los altos costos de la energía.

Con más de 7 años de incrementos continuos en el precio de la energía, podemos concluir que se acabaron los apagones del tiempo del ex presidente Enrique Bolaños, pero esto ha significado un plan orientado a la instalación de plantas energéticas cada vez más dependientes de los precios del petróleo, es decir, a beneficiar a la burguesía vinculada al actual gobierno sandinista.

Partiendo de esta premisa, es obvio que el gobierno no ha anunciado, ni anunciará ninguna política para economizar energía, menos para abaratar los  precios en las facturas energéticas a la población pobre. Por ende, debemos exigir que los altos costos de la energía no sean pagados por los trabajadores nicaragüenses. Debemos luchar para que sean las trasnacionales y empresarios nacionales los que paguen con impuestos el nuevo incremento en los precios de la energía eléctrica, es decir, la carga no puede recaer en el eslabón más débil de la cadena productiva, que cada día ve como su capacidad adquisitiva se deteriora producto de los aumentos constantes de la canasta básica y los servicios básicos como lo son el servicio de luz y agua.

Nacionalización sin indemnización.

Así mismo hay que nacionalizar las empresas privadas que  participan del sistema energético tanto la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía, no pueden seguir en manos de burgueses, que en harás de lucrarse, ocasionan caos y crisis para obtener más ganancias.

El Estado no debe pagar ningún tipo de indemnización a las empresas que han saqueado al país, todas ellas, desde Gas Natural (antes UNION FENOSA) hasta las generadoras, especulan con los precios de la energía y se enriquecen llevando al país al borde de la  barbarie.

Los trabajadores y la sociedad deben regular los precios de la energía.

El sistema energético tiene que ser nacionalizado, pero no en manos de burócratas afines a cualquier gobierno de turno, debe estar bajo el control de los trabajadores que laboran en las empresas energéticas del Estado. Solo estos serán consecuentes con los intereses y derechos de la población trabajadora, además de acabar con la dependencia al petróleo que han venido fomentando todos los gobiernos de turno, desde liberales hasta el Sandinistas.

En lo que respecta a las tarifas eléctricas, estas deben ser reguladas por la sociedad civil, a través de las asociaciones de defensa de los consumidores y órganos que agrupen a la población del país. Estas junto a los trabajadores deben asegurar tarifas estables y justas para todos los nicaragüenses.