Por Melchor Benavente

La sola mención de la palabra “Asamblea Constituyente” provoca una reacción de rechazo en la mayoría de los nicaragüenses, debido a que la familia Somoza siempre utilizó las formalidades de la Asamblea Constituyente para derogar una y otra vez la prohibición de la reelección.

El Partido Liberal Nacionalista (PLN) controlado por la familia Somoza, llegó al descaro de amarrar previamente con el opositor Partido Conservador de Nicaragua (PCN) todos los detalles de la Constitución que sería discutida supuestamente en la Asamblea Constituyente, al grado, incluso, de repartirse con antelación los cargos de los diputados. Todo se resolvía de antemano entre las cúpulas de las paralelas históricas.

De esta manera, el somocismo prostituyó a la institución más democrática de la democracia burguesa, y se le confiscó al pueblo el derecho de decidir su destino y como debe organizarse la sociedad y el Estado.

El tímido intento de Alemán

El somocismo fue derrocado en 1979, pero las nefastas tradiciones políticas de esa época perviven todavía. En los 16 años del llamado periodo neoliberal (1990-2006), se produjeron profundos cambios a la Constitución de 1987, pero nunca se planteó con seriedad la necesidad de cambiar la Constitución.

Al finalizar su mandato presidencial, en diciembre del año 2000, Arnoldo Alemán planteó tímidamente la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como un mecanismo de evadir la prohibición de la reelección continua, que fue aprobada con la reforma constitucional de 1995. La férrea oposición del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obligó a Arnoldo Alemán a desistir de la idea convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde 1990, el FSLN conservó siempre capacidad de veto dentro de la Asamblea Nacional, al obtener mínimamente 38 diputados. Cualquier convocatoria a Constituyente, incluso cualquier reforma parcial a la misma, debía ser negociada con el FSLN.

En los años 1999- 2000 se produjeron las reformas constitucionales que permitieron el reparto equitativo del poder entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Alemán y el FSLN. Sin embargo, Alemán siempre intentó ir más allá. “Ahora son reformas parciales, ya la Constituyente es una etapa de mayor avance, pero creo que se puede lograr, no es necesario un referéndum, creo que basta con los dos tercios de los votos de los diputados”, declaró Alemán (La Prensa, 12/01/1999). A finales de Noviembre volvió a declarar sus intenciones: “Yo creo que antes de unos seis meses de concluir mi período, es bueno”. (La Prensa, 24/11/1999) En abril del año 2000, Alemán declaró “Deberíamos de elaborar una Constituyente que tenga una visión, no de cinco ni de 10 años”(La Prensa, Abril del 2000).

La Constituyente como “chamarrazo” político

El FSLN rechazó la propuesta de Constituyente de Alemán, sencillamente porque la Constitución de 1987, a pesar de sus reformas, mantiene un statu quo favorable a las fuerzas económicas, políticas y sociales que se desarrollaron bajo la revolución, pero sobre todo mantiene intactas, bajo control de la oficialidad sandinista, a dos instituciones claves: el Ejercito y la Policía Nacional.

Bajo el gobierno de Enrique Bolaños, el FSLN aprovecho audazmente las contradicciones en las filas del liberalismo, y en alianza con su antiguo enemigo, el PLC, aprobaron reformas constitucionales que aumentaron el poder de la Asamblea Nacional, en detrimento del poder el Presidente de la República.

No obstante, en este periodo, volvió a sonar la propuesta de convocar a una Constituyente, pero no era más que un “chamarrazo” o distracción política. El diputado Edwin Castro, coordinador de la bancada sandinista, declaró “Nunca hemos descartado una Constituyente. En un momento habrá necesidad de hacerla, para avanzar, cambiar y profundizar más en la participación popular, mientras tanto hay que ir paso a paso con lo que se pueda (…) No, ahorita no se toca la Constituyente” (La Prensa 04/12/2004)

Durante la campaña presidencial del año 2006, el candidato a vicepresidente por el PLC, Antonio Alvarado, declaró “Queremos una nueva Carta Magna para transformar y modernizar nuestras instituciones”(El Nuevo Diario 11/08/2006). Fue otro “chamarrazo” mientras la alianza PLC-FSLN hincaba al gobierno de Enrique Bolaños e imponían la Ley Marco de prórroga de las reformas constitucionales del año 2005.

En el proceso de estira y afloja contra la administración Bolaños (2001-2006) voceros del PLC y del FSLN filtraron conversaciones sobre  propuesta “no oficial” para hacer una nueva Constitución Política. Sin embargo, era parte de la estrategia del FSLN de recuperar el poder legalmente, por medio de un triunfo electoral, que obtuvo finalmente en noviembre del 2006, al dividir las fuerzas opositoras.

El giro del FSLN en el gobierno

Mientras el FSLN se mantuvo 16 años en la oposición peleó incansablemente para dotar de más poderes a la Asamblea Nacional, que era el organismo donde más se reflejaba directamente su caudal electoral, pero al reconquistar la presidencia el 10 de enero del año 2007, Daniel Ortega y el FSLN abandonaron la idea de instaurar un sistema parlamentario, sencillamente porque no quería compartir el poder de manera equitativa, ahora que se habían invertido los roles.

A mediados del 2009, Bayardo Arce Castaño, uno de los principales operadores políticos del FSLN, declaró: “Creemos que en el país se debiera plantear el cambio del sistema político, le planteamos (a los donantes) que estamos abiertos y dispuestos a presentar reformas al sistema político, al electoral, pero primero queremos agotar el diálogo que estamos llevando sobre la situación económica”(El 19, 29/05/2009)

Estas declaraciones desataron especulaciones en torno a una posible convocatoria a

Asamblea Nacional Constituyente. José Pallais Arana, diputado del PLC, reconoció que “Ahora están intentando hacer una Asamblea Constituyente con el mismo propósito de un cambio de régimen que facilite la reelección presidencial, es una exploración sin mucha base ni fundamento, es un globito al aire, pero no es factible en este momento para ver las reacciones, los comentarios y analizar las posibilidades, como una alternativa a la reforma parcial. Como ven que se está dificultando, (la reforma parcial) entonces ahora están tirando esta idea, pero la han tirado de una forma muy informal”. (END, 30/05/2009)

La propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente implicaría reunir dos tercios de los votos de los diputados, es decir, 63 votos, por encima de los 56 que requiere la reforma parcial.

Francisco Aguirre Sacasa, diputado del PLC, no considera un “globito” la propuesta, “Si su objetivo (de convocar a una Constituyente) es la reelección presidencial y un cambio del sistema parlamentario, nuestro partido se opone a ella” (END, 31/05/2009). Indudablemente, que los dirigentes del PLC se endurecen en sus declaraciones para mejor negociar con el FSLN, pero este método está agotado.

Para Edmundo Jarquin, ex candidato presidencial del  Movimiento Renovador Sandinista (MRS) con los rumores de una Constituyente, el FSLN están ahora elevando la parada para después tratar de quedar en las reformas constitucionales parciales como mal menor, es una jugada del orteguismo que corresponde a la vieja treta de elevar la parada”, espero “que los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no caigan en la trampa” (La Prensa, 5/06/2009)

Cuando el rio suena…..

A un año de las elecciones presidenciales del 2011, Roberto Ferrey, Secretario Nacional del extraparlamentario Partido Resistencia Nicaragüense (PRN) declaró “es necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”. (La Prensa, 3/10/2010). En el mismo sentido, se ha pronunciado el diputado Eliseo Núñez Hernández del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).

Estas declaraciones no tendrían la más mínima importancia si no existiese una pavorosa crisis institucional que reclama una pronta salida. El FSLN tiene el control total sobre todas las instituciones del Estado, desplazando a sus antiguos aliados liberales. El control total del FSLN sobre el poder judicial ha contado con la colaboración por omisión del PLC, que cree que cediendo espacios y jugando a la oposición puede volver a una negociación del 50% de los cargos.

Sin embargo, la existencia real del segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución, y su reciente publicación en La Gaceta, indican que el FSLN mantendrá en sus cargos a todos los funcionarios, hasta las próximas elecciones. De paso, el FSLN esta reclutando diputados entre las filas del PLC para garantizar la reforma constitucional que dotaría de legitimidad democrática una candidatura de Daniel Ortega.

Hasta el momento, la Constitución de 1987 con sus múltiples reformas han garantizado un statu quo favorable al FSLN. No hay razones para que el FSLN quiera convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en este momento. Hoy lo que el sandinismo necesita con urgencia es pasar el trago amargo de la reforma constitucional que garantice la reelección de Daniel Ortega.

Quienes han planteado la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, no están pensando en que el pueblo decida democráticamente como reorganizar Nicaragua en beneficio de los más pobres, sino en cómo negociar cuotas de poder con el ahora gobernante FSLN.