Por Miguel Sándigo
Una vez más y por segunda ocasión en este último trimestre del año 2010, las asociaciones y gremios del Adulto Mayor han estado al frente de la lucha por la defensa de sus derechos; derechos que el gobierno y los empresarios han querido arrebatarles en un inicio con el no pago de la jubilación y esta vez al no querer otorgarles un descuento del 50% en la tarifa energética que por ley les corresponde.
El 15 de septiembre del corriente año entro en vigencia la Ley 720, “Ley del Adulto Mayor”, la cual en su artículo 7 establece los beneficios de los que gozan estas personas, siendo uno de ellos el descuento del 50% en el pago sobre el monto total de las facturas de los servicios de energía eléctrica; por lo que el pasado 11 de Noviembre el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) mediante la Resolución No. 2675-11-2010 ordenó a todas las empresas distribuidoras de electricidad en el país ya sean privadas o estatales el cumplimiento inmediato de este beneficio, y que se les reconozca el cobro realizado durante los meses de septiembre y octubre, meses en los que la Lay ya se encontraba en vigencia.
Según los miembros que integran el Consejo de Dirección del INE, este beneficio cubrirá a un total de 20 mil 604 jubilados que actualmente gozan de la tarifa TJ, que es la Tarifa de Jubilado. (El Nuevo Diario, Viernes 22 de Noviembre del 2010).
Gobierno doblega al INE
Ante esta resolución, la Empresa de Electricidad Unión Fenosa (empresa extranjera en la cual el gobierno del Frente Sandinista tiene un porcentaje de acciones) a como era de esperarse trato de desvirtuar la realidad y solicito una interpretación auténtica de la Ley, interpretación que solamente puede ser realizada por el órgano creador de la misma, la Asamblea Nacional. Ante esta situación, el Diputado Sandinista y fiel e histórico militante del FSLN declaro ante los medios de comunicación que la mencionada Ley 270 solo venía a ratificar la Ley 160, la que establece una reducción del 50% a los jubilados que consuman un máximo de 150 KW al mes, dejando fuera de este beneficio a los jubilados que consuman más de lo establecido por la Ley 160.
Con estas declaraciones, el Gobierno doblega el brazo del INE y permite que la transnacional Unión Fenosa continúe robando y exprimiendo al pueblo nicaragüense, ya que deja desprotegidos a un gran número de jubilados que consumen más de los 150 KW y a otros que Unión Fenosa no les ha querido realizar el respectivo tramite por no presentar el carné del Consejo Nacional del Adulto Mayor (Conam), el cual ni siquiera está constituido; en cambio la ley 270 establecía que era necesario solamente la cedula y el carné de jubilado.
Jubilados anuncian plantones
Para Donald Castillo, Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de Nicaragua (AJUPIN), quedan en evidencia tres cosas: “Queda en evidencia que los diputados aprueban leyes que ni siquiera leen; que la Ley 720 es más populismo barato del gobierno, y que se siguen burlando de los jubilados, quienes deben tomar nota junto a sus familias porque vienen las elecciones de 2011”. (Donald Castillo para el Nuevo Diario. 24 de Noviembre del 2010).
De igual forma llamo a todos los jubilados del país a que se hagan presenten el día lunes 29 de Noviembre a un plantón que se llevara a cabo en las inmediaciones de la rotonda Rubén Darío en Metrocentro, para exigirle al gobierno y a los empresarios que cumplan con este derecho y muchos más contemplados en la Ley; también dijo que este será uno de un sinnúmero de actividades y plantones programados a realizarse en otras rotondas de la capital, hasta concluir con un plantón frente a la Asamblea Nacional para exigirle a los diputados que hagan cumplir la Ley del Adulto Mayor tal y como fue aprobada.
¡¡¡Nacionalización y beneficios para los más pobres!!!
Ante estas arbitrariedades y manipulaciones por parte del Gobierno y los Empresarios, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) insta a la población en general a apoyar esta justa lucha de los jubilados; de igual forma exigimos al gobierno de Daniel Ortega que nacionalice las empresas que llevan los servicios básicos a la población (Luz, Agua y Telecomunicaciones), para que se beneficie no solo a los jubilados sino a toda la población de escasos recursos.