“Reestructuración individual”.

El sábado 12 de Julio, el presidente Daniel Ortega, en un acto público conocido como “El pueblo presidente”, en Jalapa, manifestó su apoyo a la protesta de los deudores en el tranque de Yalaguina, demando una reducción de intereses, originando una tormenta política. Los deudores pasaron a la ofensiva, se trasladaron a Ocotal y cercaron las oficinas de la Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia y del Banco PROCREDIT, asediando las oficinas de las otras micro-financieras.

La presión continuaba en ascenso. René Romero, vicepresidente de ASOMIF, primero declaró que “nuestros clientes son pagadores y eso nos ha sorprendido”(El Nuevo Diario 16/07/08). Sin embargo, ante la fuerza social del tranque de Yalaguina, Armando García, presidente de ASOMIF, posteriormente declaró que estaban dispuestos a “reestructurar las deudas de los pequeños productores que están endeudados con nosotros, pero lo haremos en forma individual, no colectiva”.(El Nuevo Diario 24/07/08)

Ante la tima y cerco sobre las oficinas de las micro-financieras, García también dijo que “las instituciones que pertenecen a ASOMIF, se ha llegado a un acuerdo de suspender los créditos mientras esta situación persista”, refiriéndose a PRESTANIC, FUNDESER, FODEN, ACODEP, FINDESA y FAMA, así como del banco PROCREDIT, quienes acordaron suspender los créditos en toda la zona de Las Segovias, fronteriza con Honduras.

Altos costos e intereses.

En su discurso Ortega atacó a las micros financieras y demandó que bajaron los intereses. Alfredo Alaniz, Director Ejecutivo de ASOMIF, respondió que era prácticamente imposible bajar la tasa de interés al 8 por ciento anual y ampliar el plazo de las deudas a 20 años, porque dichas instituciones son intermediarias del crédito, reciben el crédito a dos o tres años, a una tasa de interés del 11.5 por ciento.

Un poco molesto, Alaniz declaró: “Por un lado nos dicen que vayamos a las fuentes extranjeras a buscar las tasas. Pero las fuentes nacionales están igual. Cuando negociamos los fondos que recibimos de la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI) y del Fondo de Crédito Rural (FCR), las tasas que nos encontramos son del 10 y de hasta el 11 por ciento. Si nosotros cobramos caro es porque, el dinero nos llega caro”. (La Prensa 19/07/08)

La declaración anterior demuestra que las micro-financieras son simples intermediarias y encarecedoras del crédito. Alaniz pasó de la defensiva al contraataque. Emplazó al gobierno de Ortega a que compre a ASOMIF la cartera de morosos de Jalapa, para que a través del programa crediticio ALBA-CARUNA (una cooperativa de crédito organizada como empresa privada por el gobierno de Ortega), les otorgue el financiamiento al sector moroso, “porque aquí el tema es de costos. Si encontramos una forma como la que utiliza el gobierno para subsidiar el programa “Hambre Cero”, con recursos del Presupuesto Nacional, pues que también subsidie un programa de crédito para estos deudores. Si ellos asumen los costos, nosotros se los damos a la tasa de interés que el gobierno considere conveniente” (El Nuevo Diario 24/07/08)

Violencia en Ocotal

El 24 de Julio estallo la violencia en Ocotal. Los morosos intentaron quemar las oficinas de la micro financiera FUNDENISE, con resultado de varios heridos y capturados. En este conflicto con las micro-financieras, como era de esperarse, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se colocó del lado de ASOMIF, contra los deudores.

En un comunicado oficial, el COSEP hizo “un llamado público a las personas involucradas en estos hechos a respetar la propiedad privada y a canalizar sus planteamientos dentro del marco de la ley (…) llama al presidente Daniel Ortega para que con sus discursos y acciones, por un lado, promueva la búsqueda de soluciones integrales, y, por el otro, contribuya de manera decidida a desalentar la cultura del no pago” (El Nuevo Diario 24/07/08)

Acabar con los intermediarios

Los directivos de ASOMIF no dejan de tener algo de razón, cuando argumentan el problema de los “altos costos”. Ellos están metidos en jugoso negocio de intermediación del crédito. Reciben el dinero al 11% y termina cobrando el 30%, embolsándose de entrada una ganancia del 19%. Estos parásitos, sin trabajar con el sudor de su frente, se embolsan enormes cantidades de dinero, mientras una masa de pequeños y medianos propietarios debe pagar intereses usureros, convirtiéndose en esclavos permanentes de las micro-financieras.

Por su parte, en un doble objetivo, el gobierno de Ortega ha atacado a los antiguos ONGs, ahora transformado en micro-financieras. Por un lado, porque estos ONGs tienen una enorme influencia social al manejar fondos líquidos provenientes de los países europeos. Esta es la única explicación que encontramos al duro ataque de Ortega contra Francesca Mosca, embajadora de la Unión Europea (UE), porque estos países a través de las ONGs convertidas en micro-financieras están financiando las marchas cívicas contra su gobierno. Por otro lado, y esto es lo más importante, ALBA-CARUNA ha iniciado la guerra por apoderarse del jugoso mercado de la micro-finanzas, en la zona norte del país, una zona en donde la contra tuvo una influencia de masas y el FSLN necesita desesperadamente ganar o empatar las elecciones municipales.

¡Renacionalizar la banca!

Nicaragua es un país de pequeños y medianos productos, ávidos de crédito. La falta de crédito barato y el flagelo de las micro-financieras es un producto directo de la privatización de la banca, ocurrida después de la derrota de la revolución (1979-1990). Tradicionalmente, la banca estatal fue utilizada por los partidos políticos gobernantes (liberales y conservadores) para repartir migajas a su clientela política. El resultado fue la quiebra de la banca estatal. El caso más típico de este proceso de rapiña fue la quiebra del Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) bajo el gobierno de la Sra. Chamorro (1990-1996).

La Asamblea Nacional aprobó recientemente la creación del Banco de Fomento de la Producción (BANFOPRO) como una entidad estatal de crédito barato, pero éste no ha comenzado a funcionar. El problema es que los fondos del convenio con PETROCARIBE de Venezuela están siendo canalizados a través de instituciones privadas, como ALBA-CARUNA, lo que no garantiza que el crédito sea verdaderamente barato, y sin condicionamientos políticos.

Llamamos a los productores, deudores y resto de la población a exigir al gobierno de Daniel Ortega la renacionalización de la banca, pero estos bancos estar bajo el control y administración de los trabajadores organizados, única manera de evitar que los préstamos sean destinados con fines y condicionamientos políticos.

Las quiebras de los bancos, ocurrida en el año 2000, fueron posibles por la falta de control de los trabajadores sobre la banca privada. El resultado fue un festín de 500 millones de dólares que el Estado todavía está apagando a los banqueros privados que se quedaron con los despojos de los bancos quebrados.

Para evitar quiebras bancarias, y garantizar el crédito barato y fomentar la producción de alimentos, no queda más remedio que luchar por la renacionalización de la banca. ¿Porque será que el gobernó de Daniel Ortega se rehúsa a nacionalizar la banca? ¿Porque será?